Los casos de fallecidos y vulneración de derechos que serán investigados por el Ministerio Público

Las intensas manifestaciones que se han registrado durante los últimos días en distintos puntos del país han dejado un saldo oficial de 18 fallecidos, de las cuales siete han logrado ser identificadas.

Las acciones de violencia injustificada por parte de las fuerzas armadas y Carabineros han detonado que se gestionen diversas acciones legales para intentar brindar justicia a los familiares de quienes han perdido la vida durante las manifestaciones.

Es así como el  Juzgado de Garantía de Talcahuano decretó el pasado martes las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional a Leonardo Esteban Medina Caamaño, cabo 1° de la Armada de Chile, imputado como autor del cuasidelito de homicidio consumado.

En la audiencia de formalización, se acogieron las medidas “considerando la irreprochable conducta anterior del imputado, la naturaleza de los hechos y la pena asignada al ilícito”.

De acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, alrededor de las 18:30 horas del lunes 21 de octubre, Medina Caamaño manejaba un camión de la Armada cumpliendo labores en el marco del toque de queda que comenzó a las 18 horas en Concepción.  En ese momento, recibió la orden de dirigirse a los frigoríficos de la empresa Pacífico, ubicados en la Avenida Gran Bretaña de la comuna, por los saqueos que se producían en el lugar. Al llegar al sitio, alrededor de las 18:50 horas, observó a un grupo de personas saliendo del recinto en dirección a la población Libertad.

Tras seguirlos, el cabo de la Armada salió de la calzada hacia un sector eriazo ubicado a un costado de la vía, persiguiendo a un grupo de ellos, momento en que Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete resbaló y cayó al suelo, siendo atropellado por el imputado quien supuestamente no logró frenar adecuadamente por no estar atento a las condiciones de tránsito.

La víctima falleció minutos después cuando era trasladado al Hospital Higueras, producto de un traumatismo craneoencefálico.

Otro de los casos está siendo investigado por el  Juzgado de Garantía de Coquimbo, donde se decretó prisión preventiva para  C.I.C.C., cabo primero del Regimiento de Coquimbo, acusado del homicidio de Kevin Gómez Morgado, de 23 años.

Según los antecedentes, a eso de las 23.30 horas de la noche del pasado 20 de octubre en calle Bilbao de la comuna de Coquimbo, con motivo del estado de excepción decretado en la ciudad, el imputado realizaba un patrullaje preventivo en un vehículo militar, momento en el que utilizando su arma de servicio disparó en contra de Goméz quien se encontraba en las afueras de una tienda comercial, causándole heridas que le provocaron la muerte posteriormente en el hospital San Pablo.

El uniformado deberá cumplir la medida cautelar en el Regimiento de Coquimbo durante los 120 días que dure la indagatoria.

Otra de las víctimas fatales identificadas fue Romario Veloz Cortés, de nacionalidad ecuatoriana, quien habría sido baleado por personal militar  durante una protesta realizada en el sector de la Ruta 5 Norte en La Serena.

Ante esto, el diputado Daniel Núñez (PC) anunció que presentará una querella contra los uniformados que resulten responsables de la muerte de Veloz.

El congresista apuntó contra la intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto, sentenciando que “ella tiene responsabilidad. Lo ha manejado muy mal todo y falta criterio político en el actuar de los militares”.

Uno de los hechos más mediáticos de las últimas jornadas, fue el de José Miguel Uribe Antipani, de 25 años, quien llegó hasta el Hospital de Curicó gravemente herido, luego de recibir un  “impacto de arma de fuego en tórax”.

Pese a los esfuerzos médicos, el joven murió cerca de las 23 horas del pasado lunes.

Tras la el fallecimiento, el fiscal regional de Maule, Julio Contardo, confirmó la detención del cabo del Ejército Juan Carlos Reyes, el que fue formalizado por el delito de homicidio.

El cabo del Regimiento Bellavista de Santiago tuvo en 2009 una condena por robo con intimidación, según lo informado en la audiencia.

El persecutor señaló que, según los peritajes iniciales de la Brigada de Homicidio de la PDI, se determinó que el disparo contra la víctima, habría surgido desde “una patrulla del Ejército que se desplazaba por la carretera”

El fiscal agregó que el presunto autor del disparo se entregó a Carabineros y que hay un fiscal preferente para la revisión del caso.

Contardo explicó que hay otras dos personas heridas a bala en la misma ciudad, en un hecho cuyo autor también estaría identificado. “Se ha decretado una orden de detención y va a ser, asimismo, puesto a disposición del Tribunal de Garantía el día de mañana”.

Detenidos, heridos, derechos humanos y querellas

La vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, detalló que desde el sábado hasta el martes, se registraron  5.485  personas detenidas  que han pasado a control de detención. De los cuales, 1.642 corresponden solo a la jornada del 22 de octubre.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha realizado su propio catastro de detenidos durnate la jornada del martes cifrándolos en 1.692 ; de ellos, 210 son niños, niñas y adolescentes; y 343 mujeres.

La institución destacó que se registraron relatos de desnudamientos, maltrato físico y verbal, golpes, demora de la policía en conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndolas en los furgones, con mala ventilación y hacinadas, durante algunas horas.

Respecto a las personas lesionadas durante las manifestaciones, el INDH destacó que se visitaron 22 hospitales en la Región Metropolitana, donde se registraron 226 personas adultas ingresadas y 18 niños, niñas y adolescente. El organismo detalló que en el hospital El Salvador, había 37 personas y en la ex Posta Central, 61. Sobre lo anterior, se complementó que hay 123 heridas por armas de fuego, 85 lesionadas, muchas de ellas con heridas oculares a causa de impacto de balines.

El organismo, hasta el momento, ha presentado 26 acciones judiciales en favor de 129 personas que fueron maltratadas, heridas en la comisaría o sufrieron otras vulneraciones.

En ese contexto, indicaron que de las acciones legales, 17 corresponden a querellas por por golpes a personas estando ya en custodia, desnudamientos en comisarías, disparos contra civiles por parte de personal uniformado, una de ellas sin prestar asistencia a las personas heridas de gravedad luego de haberles disparado.

De acuerdo al detalle dos de las querellas son por hechos de violencia sexual contra mujeres en comisarías. Una de ellas relata haber sido puesta boca al suelo sobe la basura y con el arma de servicio, haber sido amenazada con dispararle si se movía y con penetrarla con el fusil.

Mientras que 8 acciones legales corresponden a amparos ante el juez de garantía que se han presentado por la urgencia en relación con las condiciones de detención de las víctimas.