Los casos en que Carabineros podrá hacer uso de armas antidisturbios

Tras el impactante caso de Gustavo Gatica, el joven que recibió disparos de balines de goma por parte de Carabineros en sus dos ojos, la institución anunció modificaciones en su protocolo para enfrentar las manifestaciones que se han desarrollado en el país durante las últimas semanas.

“Vamos a efectuar una retroalimentación para los todos aquellos que están usando la escopeta antidisturbios”, explicó el general director de Carabineros, Mario Rozas.

Por medio de un comunicado, la institución uniformada señaló que comprenden “la legítima preocupación de la ciudadanía respecto de la aplicación de los protocolos sobre uso de la fuerza, en el control del orden público”.

En ese sentido, destacaron que los protocolos fueron actualizados en marzo de este año y que en el caso especifico del empleo de las escopetas antidisturbios, destacaron que “estas solo se consideran como recurso de última instancia (…) este mecanismo de defensa se usa desde hace muchos años en Chile y forma parte de los protocolos de diversos países en el mundo”.

“Comprendemos que pueda haber casos donde los protocolos no se hayan cumplido debidamente o se cometan vulneraciones de la norma. La política institucional es que, en todos estos casos, siempre se investigue administrativamente y se denuncie ante el Ministerio Público”.

Las modificaciones

Carabineros informó que  se acotará el uso de este tipo de armas  a casos donde exista riesgo de vida para los funcionarios, de civiles, “o amenaza manifiesta para los bienes públicos y privados”.

Sobre lo mismo, detallaron que “independiente de la tramitación de los cambios a los protocolos, esta medida empezará a regir de inmediato, por medio de instrucciones a los respectivos mandos operativos.

Además, informaron que se se realizará un nuevo entrenamiento entre el personal autorizado para el uso.

Otra de las medidas indica que los uniformados que utilicen las escopetas deberán portar cámaras de video corporales, lo que ya comenzó a regir en la Región Metropolitana.

Por otra parte, la institución informó que dispondrá de 250 instructores institucionales certificados en derechos humanos, quienes se harán presente en las protestas para verificar que se esté cumplimiento de los protocolos de actuación.

Finalmente, Carabineros “invitará a delegaciones policiales extranjeras para trabajar la mejor aplicación de los protocolos de actuación, en el marco de casos y/o situaciones de extrema violencia”.

“No amplió sus protocolos”

Respecto a esto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Miccco, argumentó que “lo central no es lo que digan los protocolos de carabineros, sino cómo se aplican”.

“Evidentemente se está reconociendo que algo se estaba haciendo mal”, agregó Micco. Sin embargo, complementó que “los protocolos de carabineros ya señalaban claramente el uso de las escopetas antidisturbios”, estableciendo que el anuncio no acotó en ningún caso el uso de dicho armamento.

En ese contexto, el instituto recordó que la Sección 2.8 de los Protocolos para el mantenimiento del orden público, publicada en el Diario Oficial, establece que “el empleo de la escopeta antidisturbios deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios, cuando el efecto de otros elementos tales como agua, humo, gases y otros resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su utilización para evitar un mal mayor en donde esté en riesgo la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros”.

“En la práctica, la policía uniformada no acotó su protocolo sino que lo amplió a bienes públicos y privados, y para ello anunció que ‘independientemente de la tramitación de los cambios a los protocolos, esta medida empezará a regir de inmediato, por medio de instrucciones a los respectivos mandos operativos'”, agregaron desde el organismo.

Por último el director del INDH indicó que “vamos a ver la eficacia de estos anuncios en las próximas horas porque no queremos que haya más casos como el de Gustavo Gatica. Es por eso que nuestro Instituto y nuestros funcionarios estarán observando lo que está ocurriendo en las manifestaciones y el uso de escopetas antidisturbios”.

“Hemos planteado siempre que el uso de perdigones se debe hacer bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad. Acá no hay solo responsabilidades individuales, sino también responsabilidades institucionales”, concluyó Micco.

Proyecto de Ley

El centenar de casos similares al de Gatica motivaron que la diputada Cristina Girardi (PPD) y diputados de Convergencia Social, Gael Yeomans, Diego Ibáñez, Gonzalo Winter y Gabriel Boric, anunciaran un proyecto de ley que prohíbe el uso de balines de goma y perdigones de Carabineros y Fuerzas Armadas.

La iniciativa pretende modificar la Ley de Armas, incorporando un nuevo artículo en el que se prohíbe el uso de dichos elementos; la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, agregando un inciso que establece la obligación de la institución de que en toda actividad sus funcionarios deben identificarse y dejar registro de quienes participaron en casos de restablecimiento del orden público junto con los medios disuasivos letales y no letales empleados; al Código Penal, incorporando en los artículos que tipifican los delitos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradante, el hecho de usar armas prohibidas para el restablecimiento del orden público.

Sobre la iniciativa, la diputada Girardi sostuvo que “elaboramos este proyecto de ley para prohibir el uso de armas que se supone que no son letales, se supone que no son armas de fuego, pero que son armamento que se usa para disturbios y que muchos de ellos son en base a balines, perdigones que se usan con escopetas y efectivamente están causando grave daño en la salud de la población”.

“No recuerdo que en las marchas en dictadura hubiera existido la cantidad de personas dañadas ocularmente con este tipo de armamento. Hoy día esta situación traspasó todos los límites éticos, morales, los carabineros y todos aquellos que están para manejar el orden público. Balear a los conciudadanos, dejarlos sin vista eso no es orden público”, agregó la legisladora.