Quiénes están detrás de Unidad Social

Fue en agosto de 2019 cuando nació Unidad Social. Con 50 miembros iniciales, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a una marcha transversal en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda, a nombre del grupo que hoy reúne a 143 organizaciones sociales, federaciones de estudiantes y sindicatos, entre otros organismos que incluye a los trabajadores de Amnistía Internacional Chile y no al organismo como tal.

En su manifiesto de principios Unidad Social afirma que “una indignación, molestia y rabia recorre el país, al sentir que se acrecientan las injusticias las desigualdades y la impunidad y al observar que casi no hay sector de la sociedad que no esté afectado por la corrupción o por la crisis moral, que corroe a gran parte de las instituciones de la república”.

“Los sectores políticos promotores y defensores del neoliberalismo impusieron en dictadura y mantienen hasta hoy una constitución ilegitima y un entramado social, institucional y económico, que impiden cambios democráticos y la recuperación de los derechos fundamentales. Es evidente que la actual democracia se muestra cada vez más insuficiente y no sirve a los intereses populares”, expresa el grupo cuyas principales demandas en una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. Sin embargo, también hay otras demandas: terminar con el actual sistema de pensiones, educación gratuita y reconocimiento a los pueblos originarios son algunas de sus exigencias.

Desde el estallido social, el organismo ha convocado a tres huelgas nacionales, siendo la más conflictiva la del 12 de noviembre, paro que terminó con cortes de tránsito, barricadas y saqueos. Las autoridades calificaron la jornada como la más violenta desde el estallido social y el gobierno, incluso, evaluó sacar nuevamente a los militares a la calle.

Días antes, Unidad Social lanzó un “instructivo”, el que en uno de sus puntos establecía, entre otros, “actividades de cortes de rutas” e “interferir en el transporte público”.

El llamado incluso fue ratificado por el Partido Comunista. 

 

Sin embargo, el día de la huelga, a través de sus redes sociales, desmintieron un llamado que se viralizó, el que instaba a detener “toda capacidad productiva del país”, el que incluía bloqueo de ciudades, admás de toma de puentes y carreteras.

 

Para la próxima semana, Unidad Social convocó a un nuevo paro nacional “escalonado”, que se iniciará el lunes 25 y terminará el miércoles 27, que rechaza -entre otros- el acuerdo por una nueva Constitución. 

NO+AFP

Fundada en 2013, el organismo busca terminar con el sistema de pensiones y volver a un sistema de reparto, pero con un fondo de reservas técnicas con aportes del Estado. Su vocero, el profesor de historia Luis Mesina -quien fuera por un corto tiempo director de la desaparecida AFP Futuro- se ha vuelto la cara visible del movimiento, no estando lejano de polémicas declaraciones.

Mesina, quien fuera vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT, hoy parte de Unidad Social) en los primeros años de No+AFP criticó duramente a la multisindical. “(Es) un departamento más del gobierno de turno”, dijo a La Segunda en septiembre de 2016. Pero estas críticas venían de antes. Ya en 2014 había expresado a El Desconcierto que “la CUT no tiene ninguna legitimidad” y que “está capturada por un pequeño grupo de burócratas sindicales, que responden a los intereses de los partidos“.

Asimismo, la principal cara de NO+AFP ha sido uno de los principales defensores de que los afiliados se cambien en masa al Fondo E, pese a que este multifondo es el que menos rentabilidad ha tenido en los últimos años. En 2017, de hecho, en entrevista con Qué Pasa, el secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios, expresó que “toda la gente se cambia, sí se genera un colapso. Si todos nos fuéramos de las AFP también se genera un colapso. El sistema cae, es un efecto dominó”.

Ya este año, la Coordinadora se ha unido a los que apoyan a María Angélica Ojeda, profesora de Antofagasta que acudió al Tribunal Constitucional en búsqueda de retirar sus fondos de las AFP. Sin embargo, antes del estallido social, en entrevista con Bienvenidos de Canal 13, Mesina -militante del PS- aseguró en un principio que la organización nunca ha “sido partidario de retirar el ahorro. El ahorro de los trabajadores debe servir única y exclusivamente para pagar pensiones”. Ahora Ojeda es una de las caras del movimiento.

UKAMAU

“Así somos” en aymara, el Movimiento de Pobladores Ukamau nació en 1987 en Estación Central como una agrupación cultural, pero en los últimos años ha captado la atención por sus protestas en forma de bloqueo de calles. De 2015 a 2017, fueron comunes sus enfrentamientos con el Gobierno y Carabineros por el proyecto Maestranza San Eugenio.

Sin ir más lejos, en junio de 2019, cerca de 300 pobladores del movimiento se tomaron las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanismo( Serviu ), en protesta por el atraso en la entrega de 400 casas que son parte del proyecto que debían ser entregadas en esa fecha, pero con un 57% de avance, se estimó que estarán listas en marzo de 2020..

El 19 de octubre, un día después del estallido social, Ukamau publicó una editorial donde expresan que “nuestro descontento se ha transformado en movilización social, evasión colectiva, cacerolazo o barricada. Es la manera en que, como ciudadanos, podemos expresar nuestro malestar y deseos de cambio político“.

Asimismo, hicieron un directo emplazamiento al mundo político: “Creemos que el Frente Amplio debe ponerse decididamente del lado de la gente, de la ciudadanía y de la democracia. No hay espacio para ambigüedades”. En tanto, el 15 de noviembre, después de la firma del acuerdo por una nueva Constitución, el grupo aseguró que “no abandonaremos la calle ni la lucha social-institucional”. Un día antes, ingresaron al partido Comunes (FA), el que se unió al acuerdo constitucional a través de a firma de la diputada Claudia Mix.

 

ANEF

Presidido por el PS José Pérez, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ha sido un grupo habitual en marchas y manifestaciones. Usualmente en pugna con el Ejecutivo por el reajuste al sector público, hoy es una de las agrupaciones que impulsa la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick.

Según ANEF, los trabajadores del INDH ha encontrado un “patrón a nivel nacional que confirman violaciones sistemáticas a los DD.HH. por parte de los agentes del Estado”. A nivel oficial el INDH no ha confirmado o descartado estas acusaciones. 

Ya el 8 de noviembre, a través de una declaración pública, la ANEF había expresado que “hemos sido insistentes en denunciar la gravedad de los alcances y crudeza de la respuesta represiva que el gobierno ha desplegado hacia la Manifestación Popular. El accionar de las fuerzas de orden y seguridad continúa enfocada en reprimir y desactivar la movilización pacífica, siendo absolutamente ineficaz en el control de las acciones delictuales que se han producido en este contexto y que profundiza actuaciones de extrema violencia hacia la población, violaciones masivas sistemáticas de Derechos Humanos”.

Tres días después, en la previa a la huelga nacional convocada por Unidad Social, funcionarios públicos llegaron a los jardines del ex Congreso Nacional, en el centro de Santiago, para manifestarse a favor de la realización de una Asamblea Constituyente. El hecho ocurrió mientras algunos legisladores se encontraban al interior de la sede del ex Congreso sesionando en diversas comisiones.

CUT

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), actualmente es presidida por Bárbara Figueroa (PC), quien antes del estallido social cuestionó la indicación que diputados de la DC presentaron a la reforma al sistema de pensiones que permitiría el retiro de fondos desde las AFP para pagar créditos hipotecarios.

En una entrevista a CNN Chile el 11 de noviembre, la líder de la multisindical expresó que “el debate no puede ser que, frente a cada coyuntura, se presente una indicación o se presente un proyecto de ley ad-hoc. Eso si alguien quiere actuar con populismo, bueno, ahí tiene la prueba más fehaciente. Acá el debate tiene que ser serio y responsable, lo cierto es que en materia de pensiones, el sistema de AFP no garantiza pensiones justas, ese es el debate de fondo“.

Advirtió, eso sí, que su rechazo a la indicación de la DC no implica un alejamiento de la postura de la coordinadora No+AFP: “Los actores deberíamos debatir si los trabajadores somos dueños de los fondos y de qué garantía tenemos con esa libertad para acceder a pensiones justas”, dijo.

La mayor demanda de a CUT por estos días es la del salario mínimo: la central espera un ingreso mínimo líquido de 500 mil pesos “porque eso le permite efectivamente a una familia poder superar la pobreza, con los estándares que maneja el país, que son las últimas encuestas Casen, la pobreza multidimensional, por lo tanto, no es que estemos inventando una cifra”, según Figueroa.

sin embargo, en 2014, Figueroa valoró la propuesta de Michelle Bachelet en cuanto al salario. Ésta indicaba que el ingreso mínimo, en esa época de $210 mil, aumentara $225 mil a partir de julio de ese año, para luego anotar un incremento en julio de 2015 a $241 mil y finalmente ascienda a $250 mil a partir de 2016.

“En 18 meses hemos logrado un reajuste de $40 mil, eso no lo habíamos logrado antes en ningún marco de negociación y por lo tanto para nosotros eso también es un salto cualitativo. Si hoy, en el marco de 18 meses, podemos avanzar en un reajuste de $40 mil , nada indica que no podamos en el breve plazo llegar a superar la línea de la pobreza, que todos sabemos está por sobre los $300 mil”, expresó en ese momento.

Más allá de los temas sociales, el 2019 fue un año donde la CUT solucionó la polémica por las elecciones internas  de 2017. En julio, El Primer Tribunal Electoral (TER) de la Región Metropolitana revocó su sentencia primera sentencia sobre los comicios en que ganó Figueroa, los que había declarado nulos. Sin embargo, ahora de forma unánime validó la elección.

Colegio de Profesores

Mario Aguilar (PH) no sólo habla de Educación. El presidente del Colegio de Profesores en sus últimos comentarios en redes sociales ha criticado a los medios, a las AFP y a las Fuerzas Armadas en el contexto de la crisis social que vive el país. Incluso, ya el 20 de octubre, había expresado que “el Gobierno de empresarios absolutamente ajenos y lejanos a la realidad social (…) todos hombres de negocios, hombres de grandes ingresos (…) Los patipelados han despertado en Chile”.

 

Los pasados días, además, a través del Colegio de Profesores llamó a boicotear la rendición de la prueba SIMCE para Cuarto Básico que se realizará el miércoles 20 y jueves 21 de noviembre.

Según el magisterio, “el sistema educacional está funcionando en una condición de absoluta anormalidad y alterado producto del estallido social que atraviesa el país desde el 18 de octubre (…) esa prueba no se debe rendir, en primer lugar por el evidente factor de inestabilidad que existe en las escuelas de todo el país. Un mínimo de sentido común muestra que resulta del todo artificial la pretensión de las autoridades de aparentar ‘normalidad’”.

“Nos parece fuera de lugar y un despropósito que la Agencia de Calidad anuncie la realización del SIMCE bajo este nuevo contexto país. Es un bullying lo que pretenden las autoridades de educación al imponer el SIMCE bajo estas condiciones”, agregó el grupo, llamando a utilizar los hastags #EvadeElSimce y #AltoAlSimce en redes sociales.

No+Tag

El 25 de octubre, a las protestas sociales se unieron las agrupaciones en contra del sistema de pago de autopistas urbanas, conocido como TAG o Televía, a través del movimiento “No+TAG“.

“No se podrá transitar por Santiago”, afirmó el vocero del movimiento, Andrés Alarcón, respecto a la convocatoria que llevaron a cabo camioneros, taxistas y conductores particulares en las autopistas y carreteras de la capital.

Las movilizaciones se tomaron las calles desde la zona norte de Santiago en el cruce de la Ruta 5 con Américo Vespucio en Quilicura, y desde el sur comenzando desde la fábrica de Soprole en San Bernardo, y de acuerdo a lo informado por el vocero de No+TAG las paralizaciones se mantendrán hasta obtener una respuesta por parte del Gobierno.

En relación a sus demandas, destacaron que “sabemos que hay contratos firmados, pero a lo largo de los años los contratos se han modificado más de 170 veces a favor de las autopistas. Ya es momento de que se modifiquen, a través del Ejecutivo, a favor de la ciudadanía porque ya los cobros están sobrepasando a los usuarios”.

En ese contexto, aseguró que está “muy agradecido por el apoyo de la gente, del ciudadano común que pasa por al lado de nosotros y nos brinda su apoyo. Esto no para, queda para largo todavía con la movilización (…) hay personas  que incluso han perdido sus vehículos por estos cobros o robos, como se les podría decir”.

Esta ha sido una de las demandas más cuestionadas. El académico y director del Centro de Innovación en Transporte y Logística UDP, Franco Basso, quien aseguró que “bajar los TAG a todos por igual no haría más que aumentar la desigualdad”.

“La única manera para que congelar el alza de TAG sea rentable socialmente es que el alza se elimine con dineros de la concesionaria y no con dineros del Estado. Eliminar el alza para el próximo año cuesta alrededor de US$40 millones, que significa ocho veces lo que costo eliminar la reciente alza en el Metro de Santiago”, dijo el experto a EL DÍNAMO.