Human Rights Watch: las situaciones que motivaron la recomendación de reformar a Carabineros

A días de que se dieran a conocer las conclusiones del informe de Amnistía Internacional, el que causó gran polémica en el Gobierno y las Fuerzas Armadas y de seguridad, se publicó el documento elaborado por  Human Rights Watch (HRW).

Para la elaboración de la investigación del organismo internacional se concretaron reuniones con las autoridades de la Corte Suprema, la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal Pública, altos mandos de Carabineros y los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Justicia.

Además, los funcionarios de HRW se entrevistaron con cerca de 70 personas de Santiago y Valparaíso, los que correspondían a víctimas, abogados, funcionarios de Carabineros, representantes de la sociedad civil y académicos.

“Llamado urgente”

El documento titulado “Llamado urgente a una reforma policial tras las protestas”, asegura que Carabineros cometió graves violaciones a los derechos humanos al hacer uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones que se han registrado en el país desde el pasado 18 de octubre hasta la fecha. 

Entre diversas recomendaciones que hicieron desde el organismo, destacaron que se necesita una reforma a Carabineros tras constatarse diversas irregularidades y abuso de poder por parte de éstos en contra de la sociedad civil.

“Human Rights Watch recabó pruebas consistentes que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no“, reza el informe.

Una de las razones para pedir una reforma para la institución es el uso indiscriminado de las escopetas anti disturbios, ya que éstas disparan en forma errática los perdigones. Es decir, quien la usa no tiene control sobre dónde caerán los balines, por lo que puede afectar a varias personas que se encuentren en la zona de alcance de las municiones.

Según lo informado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde el 17 de noviembre hasta el 25 de octubre se han registrado 232 personas con daños oculares debido al uso de estas armas disuasivas.

“Debido a la falta de precisión propia de estas armas, su impacto indiscriminado y las pruebas de las graves lesiones que han causado, su uso debería suspenderse en forma indefinida en todas las circunstancias, hasta que autoridades idóneas e independientes lleven a cabo una amplia auditoría para determinar los riesgos que entrañan”, sostiene el HRW.

“Human Rights Watch entrevistó a tres carabineros que minimizan el daño que podían provocar los perdigones. Un capitán expresó que es “muy difícil que un perdigón atraviese la ropa, incluso [si se dispara] de muy cerca”, y un cabo señaló que era “imposible [que los perdigones causen] daño ocular grave”, agregan.

El organismo también se refirió a las golpizas proporcionadas por Carabineros, haciendo alusión al caso de Alex Núñez Sandoval, quien habría sido golpeado por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros en las cercanías del Metro El Sol, de la comuna de Maipú.

Tras ser llevado por su familia a la ex Posta Central en estado de extrema gravedad, se le diagnosticó muerte cerebral y falleció durante la madrugada del martes 22 de octubre. Al día siguiente, el subsecretario Rodrigo Ubilla confirmó que el deceso de Núñez fue producto de la acción de Carabineros.

En esa línea, también se destacan las 26 investigaciones de la Fiscalía por las muertes ocurridas durante el último mes.

Irregularidades en detenciones

El informe hace alusión a las detenciones realizadas por el personal policial, argumentando que quienes sean retenidos deben ser liberados “a menos que la policía determine que intentó ocultar su identidad o proporcionar una identidad falsa, o que existen pruebas de que ha cometido un delito”.

“A falta de un seguimiento riguroso sobre cuándo y cómo se ejercen estas facultades, este sistema podría contribuir a que ocurran detenciones discriminatorias y abusivas”, señalaron, ejemplificando con personas a las que mantuvieron detenidas por más de 8 horas y con las denuncias por desnudamientos sufridos por detenidos, incluyendo niños y niñas.

“Carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías. Esta práctica de desnudamientos se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019 pero todavía ocurre, y ocurría incluso antes de las manifestaciones”, acusa el informe.

“Los carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por Human Rights Watch. Una abogada chilena de derechos humanos nos contó de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. También mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa“, se lee en el informe de HRW.

HRW destacó que solicitaron la información respecto a cuántas personas habían sido detenidas en el contexto de un control de identidad, sin embargo la información no estaba disponible.

En ese sentido, también se criticó el accionar de los fiscales, ya que éstos también pueden investigar los delitos cometidos por los funcionarios policiales. “No obstante, en la práctica, en general no visitan comisarías de Carabineros para controlar las condiciones de detención ni los registros policiales de detención y verificación de identidad”, indicó la Defensoría Penal Pública al ser entrevistada por el organismo.

De acuerdo al INDH desde que estalló la crisis social, se han registrado 7.259 personas detenidas, sin embargo los datos del HRW señalan que hasta el momento se han detenido a cerca de 15 mil personas entre el viernes 18 de octubre y el 19 de noviembre. Lo que se suma a las más de 2000 personas que “retuvieron” por incumplir el toque de queda durante el estado de emergencia.

Sobre este último punto, el documento sostiene que Carabineros no están  autorizados para detener a personas que infrinjan el toque de queda, ya que esto sólo amerita una multa. De esta forma, concluyen que quienes fueron retenidos por esta causa fueron víctimas de una detención arbitraria.

Fiscalización insuficiente

Por otra parte, el informe hizo hincapié en la fiscalización y sanciones que se aplican a los funcionarios que incurran en las acciones descritas anteriormente, argumentando que el procedimiento disciplinario “carece de independencia y transparencia”.

Según lo expuesto por el Contralor General, las irregularidades cometidas por Carabineros son investigadas por una subdirección de asuntos internos, la cual está integrada por al menos 400 personas. Sin embargo, HRW señala que en muchas oportunidades estos  investigadores ” pueden ser trasladados a otros sectores de Carabineros y terminar trabajando junto a los mismos agentes a quienes antes investigaron, o incluso podrían quedar subordinados a ellos”.

En ese sentido, agregan que “una vez que se investiga una irregularidad, los resultados se envían a “fiscalías administrativas”, a cargo de coroneles. Estos coroneles no siempre cuentan con formación de abogados (…) trabajan en esa función unos tres a cinco años, y luego son transferidos a otras funciones dentro de Carabineros. Los coroneles emiten una recomendación de medida disciplinaria, pero la decisión final la toma el superior inmediato del carabinero que está siendo investigado”. 

Sobre esto, el Gobierno aseguró al organismo que existían 273 casos administrativos en trámite contra carabineros por incidentes ocurridos durante las manifestaciones, y otros 73 casos eran objeto de investigación preliminar. No obstante HRW destaca que no pudo hallar información pública sobre estas investigaciones.

Pese a lo lapidario del informe, la subsecretaría de Derechos Humanos, Lorena Recabarren valoró los alcances realizados por la ONG y reiteró el “compromiso de este Gobierno con la protección de los derechos humanos de todas las personas. Compromiso que hemos defendido siempre, porque proteger la democracia y el Estado de derecho son componentes esenciales para el resguardo de los derechos humanos”.

“Valoramos el informe de Human Rights Watch y las recomendaciones que nos han realizado, las cuales hace un llamado a incorporar reformas profundas en Carabineros y un mayor control efectivo de la acción policial en situación de disturbios y detención”, agregó Recabarren.

Otras recomendaciones

Además de lo ya expuesto anteriormente, las conclusiones del informe entregaron otras recomendaciones para , de alguna forma, mejorar el actuar de Carabineros ante este tipo de situaciones.

Human Rights Watch señala que se deben instalar cámaras de seguridad en todas las áreas de las comisarías, sin pasar a llevar la privacidad de los detenidos, y  establecer un sistema de almacenamiento de grabaciones que también pueda ser supervisado por autoridades del Poder Judicial.

También se recomienda que  los carabineros cuenten con equipos de protección adecuados, tiempo de descanso y remuneración de horas extra.