Fiscalía descarta participación de militar en muerte de joven en Curicó
El representante del Ministerio Público agregó que "se ha pedido la audiencia para formalizar a quien resulta en esta investigación como el hechor de este disparo que causó la muerte de este joven".
La Fiscalía del Maule informó que retirará los cargos por homicidio contra el cabo de Ejército, Juan Carlos Reyes, imputado en su momento por la muerte de José Miguel Uribe Antipani, el pasado 19 de octubre en Curicó, durante el estallido social.
El joven recibió un disparo cuando se encontraba protestando en la Ruta 5 Sur y en la audiencia del pasado 23 de octubre fue sindicado el cabo de Ejército como el autor del hecho.
Sin embargo, el fiscal Julio Contardo aclaró a radio Cooperativa que este miércoles se concretará una audiencia para revocar la prisión preventiva de Reyes y de paso formalizar al nuevo sospechoso.
“En esta audiencia se va a reformalizar la investigación toda vez que antecedentes de la investigación a un mes del inicio de la misma se estableció que el soldado no había tenido participación directa en el fallecimiento del joven. Se va a solicitar formalización de él por el disparo injustificado y por ser un delito menor se va a modificar su medida cautelar”, detalló Contardo.
El representante del Ministerio Público agregó que “se ha pedido la audiencia para formalizar a quien resulta en esta investigación como el hechor de este disparo que causó la muerte de este joven. Es una persona que ese mismo día había efectuado disparos en contra de civiles”.
Cabe recordar que tras conocerse la muerte de Uribe en Curicó, la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por homicidio. La jefa regional del organismo, Nadia Gutiérrez, indicó que “estamos frente a un hecho grave de vulneración de derechos humanos, que ha terminado con la vida de una persona que ejercía el derecho a manifestarse en el marco del contexto social actual”.
En ese contexto, el Instituto espera que “el Ministerio Público desarrolle una acuciosa investigación, cumpliendo los estándares de derechos humanos, de oportunidad y eficacia. Además, se espera una sanción, reparación a la familia y que el Estado otorgue garantías de no repetición”.
