Gobierno acepta informe de la ONU pero llama a “validar fuentes de información”
En un comunicado de cinco páginas, La Moneda además realizó sus propias precisiones respecto al contenido del documento.
A través de un documento de cinco páginas, el Gobierno reaccionó al informe que realizó la oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU en el que consignaron que “se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos” en el marco de la crisis social.
Desde La Moneda realizaron un análisis de las protestas, las medidas preventivas y correctivas que se tomaron durante las movilizaciones. Junto con ello, además, indicaron la asistencia que le han brindado a las víctimas de violencia.
Aunque el Gobierno valoró el informe de la ONU, advirtió la necesidad de “validar las fuentes de información” respecto de algunos casos de presunta violación a los DD.HH.
“En algunos casos, el Informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso, en el marco del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país”, indicaron.
En ese sentido, el Gobierno reiteró “la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia”.
“El Gobierno de Chile agradece a la OACNUDH por la celeridad con la que concretó su visita y por la disposición que tuvo su misión para recabar informaciones, tanto del Gobierno como de la sociedad civil. Las orientaciones y recomendaciones OACNUDH son bienvenidas, ya que tienen como objetivo mejorar prácticas en materia de derechos humanos, siendo estos una prioridad para el Estado de Chile. Sus recomendaciones contribuirán al análisis integral a que estamos abocados, en esta importante materia”, agregaron.
Las correcciones del Gobierno al informe de la ONU
Fueron varias las precisiones que realizó el Gobierno al informe que les entregó la oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU.
Sobre las 26 muertes ocurridas en el marco de la crisis social, apuntaron a que “de esas, 4 podrían atribuirse a agentes del Estado, tal como lo señala el Informe. Los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios y no tienen relación alguna con las manifestaciones pacíficos. Todos los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público”.
En relación a quienes sufrieron daños oculares, “el Informe no incluye las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, proporcionadas por la Unidad Trauma Ocular del Hospital El Salvador. Entre el 18 de octubre y 02 de diciembre se han atendido a 239 pacientes, de los cuales 16 han sufrido pérdida total de la visión un ojo y 75 tienen visión normal. 148 pacientes están en evaluación de recuperabilidad. Adicionalmente, el Gobierno lamenta profundamente el caso de dos personas que han perdido completamente la visión en sus dos ojos”.
Sobre el uso del término “ejecuciones extrajudiciales”, el Ejecutivo corrigió esto, sosteniendo que “no corresponde utilizar esta figura en un país donde funciona plenamente el Estado de Derecho, pretendiendo involucrar a dos agentes del Estado imputados como autores del delito de homicidio y cuya investigación está en manos del Ministerio Público. Sólo se establecerá su veracidad en la sentencia judicial correspondiente”.
En cuanto a hostigamiento a líderes estudiantes, desde el Gobierno afirmaron que “el Informe hace referencia a un único caso, que corresponde a una estudiante aprehendida por el quebrantamiento del toque de queda, no existiendo antecedentes que permitan afirmar que existió hostigamiento”.
Desde La Moneda también corrigieron la información respecto a los detenidos en protestas, donde el documento de la ONU consignó que se trataba de “jóvenes sin antecedentes penales”. En ese sentido, indicaron desde el Ejecutivo que “cabe precisar que 78% de los casos registran al menos una detención previa. Además, 81% de los detenidos por saqueos había sido arrestado al menos una vez antes y 63% de los detenidos por desórdenes había sido detenido con anterioridad”.
Por último, sobre aprehensiones arbitrarias, se replicó que “al respecto, cabe clarificar que el 95,1% de todas las detenciones efectuadas desde el 18 de octubre han sido declaradas legales por los Tribunales de Justicia”.
