Emiliano Arias regresa a la Fiscalía de O’Higgins pensando en el retiro

Abril de 2019 y el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, se posicionaba en el centro del huracán del Poder Judicial al ser acusado de diversos delitos.

Todo el proceso en contra de Arias comenzó luego de que su subalterno de aquel entonces, Sergio Moya, lo acusara de “obstrucción a la justicia” en el caso de Emilio Elgueta, además de influir en que se acelerara la investigación contra Herman Chadwick Larraín.

En términos generales, la denuncia indicaba que Arias habría cometido delito informático y violación de secreto. Además destacan un “mal comportamiento” por haber abierto de oficio una investigación en donde él aparecía como víctima de una grabación ilegal, omitiendo el reporte del hecho, además de no haberse inhabilitado, tal como lo indica la legislación vigente.

En septiembre del año pasado cuando el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, activó el proceso de remoción de Arias ante la Corte Suprema.

La investigación, según lo señalado por el Ministerio Público, intentaba comprobar si Arias había emitido juicios de valor de hechos que estaban siendo investigados, además de entrevistas en la prensa que no fueron informadas al Fiscal Nacional.

En relación a la negligencia manifiesta, se indican dos investigaciones administrativas que datan del 2016 y 2017, en las que se acreditaron infracciones cometidas relacionadas con la filtración de información confidencial, tanto a medios de comunicación como a terceros ajenos a las investigaciones encargadas por Arias.

Para esta indagatoria el persecutor entregó voluntariamente una conversación con su hermana y su cuñado, quienes le solicitaron la ficha de un presunto narcotraficante y su hijo, obtenidas desde el Sistema de Apoyo de Operación (SAO). En este caso se comprobó que Arias envió la información vía correo y WhatsApp.

El regreso y la posibilidad de salida

El pasado 24 de enero se realizó la audiencia para decidir el futuro de Emiliano Arias en el Ministerio Público, donde se dieron a conocer los argumentos acusadores y de la defensa ante el pleno de ministros de la Corte Suprema.

El 27 del mismo mes se confirmó que la resolución de la Corte Suprema fue no remover al Fiscal Regional de O’Higgins.

En consecuencia, y tras ocho meses, Emiliano Arias volvió a su puesto en la fiscalía y declaró que evaluará “cómo se desarrollan las cosas que en general en los primeros tiempos se van a desarrollar de manera más rápida, lo que me va a permitir tomar una decisión definitiva en relación a la necesidad o no de mi permanencia en la institución”.

Sobre cuánto podría demorarse en tomar la decisión de retirarse del cargo, Arias explicó que “no tengo un plazo definido. Quiero ver cómo está el asunto, cómo está la gente, hablar de mi necesidad de permanencia y de ahí tomar una decisión, evidentemente no va a ser algo que demore mucho, pero justo es este momento, en el primer día, no les puedo dar un plazo”.

“Depende de que según mi convicción estime donde soy más útil (…), más beneficioso para la institución, en definitiva es eso. Si mi renuncia ayuda a la unidad del Ministerio Público, si mi renuncia ayuda a que esta institución se fortalezca, si mi renuncia ayuda a que está institución asuma los errores que ha cometido, que como todos hemos cometido errores (…) yo entenderé que contribuyo mejor renunciando, renunciaré sin ningún problema”, agregó el persecutor.

En ese contexto, Arias sostuvo que “si por el contrario estimo que en base a la información que recoja, que se hace necesaria en definitiva mi permanencia en pos del beneficio de la institución, permaneceré. Es un tema de convicciones, no es un tema de cuestiones personales de si me quedo o no me quedo sin pega. La verdad eso nunca ha estado en mi horizonte”.

“Una vez con las situaciones dilucidadas y con el conocimiento de la región y lo que vaya escuchando de aquí a ese tiempo voy a tomar una decisión”, concluyó.

Antes de convertirse en el primer fiscal regional formalizado en la historia de nuestro país, Emiliano Arias se encontraba a cargo de las indagatorias que pretendían esclarecer si existía un  encubrimiento de altas autoridades de la Iglesia Católica en el tema de los abusos sexuales.

También lideró los allanamientos en la casa del empresario Raúl Schüler, quien fue acusado de tener esculturas y obras de arte de diversos tipos que habrían sido robadas desde lugares públicos.

También estuvo a cargo del polémico caso Caval, donde se investigó a la firma vinculada al hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y a la esposa de éste, Natalia Compagnon.