Experto advierte sobre nueva Ley de Inteligencia: “Puede ser peor que la AFI de Argentina”

“Aquí ha existido una producción de inteligencia ilegal”, dijo durante estos días la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, Cristina Caamaño, quien acusó a Mauricio Macri por el espionaje de 400 periodistas al otro lado de la cordillera.

Una noticia que el abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Daniel Álvarez, ha seguido de cerca porque teme que en nuestro país se repliquen incidentes similares de llegar a aprobarse la nueva Ley de Inteligencia del Estado que propuso La Moneda en 2018, y que, por estos días, ha buscado acelerar su tramitación en el Congreso.

Según explicó a EL DÍNAMO el experto y participante de las últimas sesiones de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados -desde donde no ha logrado avanzar la iniciativa-, de aprobarse la propuesta del Presidente Sebastián Piñera, nuestra nueva Ley de Inteligencia, podría “ser peor que la AFI de Argentina”.

De acuerdo al académico, en nuestra actual Ley de Inteligencia y en la reforma del Gobierno, “se puede ver un marco regulatorio más débil, donde por cierto, los resultados pueden ser más gravosos”.

“Si uno revisa la Ley de Inteligencia de Argentina -fue modificada el 5 de marzo, ahora goza de mayor vigilancia- y mira el numeral número dos del artículo cuarto, se establecen prohibiciones expresas para actuar contra ciertos grupos de la sociedad. Nosotros no tenemos esa norma que limita las facultades de las agencias”, complementó.

El proyecto del Gobierno para cambiar la Ley de Inteligencia

Durante los últimos días un grupo de parlamentarios de oposición y miembros de la Comisión de Defensa envió una carta al Presidente Sebastián Piñera para detener la tramitación del proyecto.

La principal razón, según contó el presidente de la instancia y militante de RD, Jorge Brito, fue porque “no hay razones en este momento para tramitar este proyecto. Estamos en medio de una pandemia y hay muchas preguntas sobre el sistema que no han tenido respuesta y el Gobierno nos está obligando mediante seis sumas urgencias ingresadas al Congreso votar este proyecto”.

Precisamente, estos puntos sin resolver son los que mantienen en alerta a Daniel Álvarez, quien desmenuzó la iniciativa de La Moneda en tres ejes principales.

1.Complica la rendición de cuentas

Lo primero, según el experto de la U. de Chile, es que el proyecto “no se hace cargo de los problemas actuales asociados a la rendición de cuentas”. De hecho, en algunas situaciones como el control que debe ejercer el Congreso sobre la Agencia Nacional de Inteligencia, “se elevan los requisitos para que los diputados puedan pedir la comparecencia del director de la Agencia”.

“Hoy basta con que la mayoría lo requiera -la última vez que se utilizó fue para pedir explicaciones por el acuerdo entre la ANI y el Sename- y con el proyecto se requerirá un quorum de 2/3”, detalló.

En detalle, el proyecto dice que “los diputados integrantes de la Comisión Especial podrán, por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio, citar al Director de la Agencia Nacional de Inteligencia para que informe respecto de la gestión del Servicio y el funcionamiento del Sistema”.

2.Amplía concepto de contrainteligencia

Otro punto que no sería beneficioso para la sociedad civil, de acuerdo a Daniel Álvarez, es que en el proyecto de ley se amplía el concepto de contrainteligencia.

Este ya no sería sólo aplicable para agentes internacionales o locales con operadores internacionales como ocurre actualmente, sino que también, “se agregan a la definición a grupos nacionales”.

Una posibilidad para Álvarez es que ello pueda impactar en eventuales manifestaciones sociales como las del 18 de octubre del 2019.

Según el documento ingresado al Congreso, “se reemplaza la locución ‘extranjeros, o por sus agentes locales’ por ‘tanto nacionales como extranjeros'”.

3.Datos personales estarían en riesgo con nueva Ley de Inteligencia

Por último, el académico reveló que con la nueva Ley de Inteligencia se pondrían en serio riesgo los datos personales de los ciudadanos.

“Hoy la Ley de Inteligencia puede pedir acceso a información sin siquiera preguntarle a un juez y con el proyecto de ley se repite lo mismo. Podrían acceder a información personal sin si quiera contar con una autorización judicial (…) la ley no distingue, hay casos donde las organizaciones de inteligencia van a necesitar accesos a datos, es cierto. Por ello, debemos definir en la ley en qué casos, en qué forma y con qué autorización judicial”.

De acuerdo a Álvarez, “si depende de la misma Agencia Nacional de Inteligencia no habrá ningún control, tiene que haber un equilibrio en el proyecto de ley”.