Contraloría detecta irregularidades en adquisición de cajas con alimentos en Arica
Según el organismo fiscalizador, se tuvo que cancelar la compra de 21 mil canastas porque una empresa contratada tendría un giro distinto al solicitado para efectos de la compra.
A través de la resolución Nº 42, la Contraloría General de la República informó sobre eventuales irregularidades en la compra de más de 21 mil cajas del programa “Alimentos para Chile”. Según el organismo, la Intendencia Regional de Arica y Parinacota habría contratado por trato directo a una empresa con un giro comercial diferente al estipulado en el objeto del contrato.
Según el documento emitido por Contraloría, luego de recibir cuatro cotizaciones de diferentes empresas, la Intendencia se inclinó por Tobar y Tobar Ltda., cuyo objeto social, de acuerdo a su escritura de constitución,” está dirigido al desarrollo de actividades de asesoría empresarial y jurídica, intermediación financiera, fabricación y reparación de componentes electrónicos y de iluminación, reciclaje de desperdicios y venta al por menor de artículos usados”.
Mientras que, de acuerdo al portal del Servicio de Impuestos Internos (SII), la compañía declara como giros otras actividades de impresión.
“En consecuencia, ni el objeto social ni el giro declarado ante el SII de la empresa Tobar y Tobar Ltda. tienen relación con el objeto del contrato, sin que en el acto administrativo en examen se señalen los motivos que condujeron, primero, a requerirle cotización y, luego, a suscribir con ella el contrato en cuestión, mediante la modalidad de trato directo”, complementó el documento de la Contraloría.
El hecho sería relevante en función del decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda y del reglamento de la Ley Nº19.886 de Compras Públicas.
En estos documentos se establece que “los proveedores invitados a participar deberán tener negocios de naturaleza similar a los que son objeto de la contratación y respecto de los cuales se tenga una cierta expectativa de su interés en participar”.
Contraloría precisó que “dado que la Administración -Intendencia de Arica- igualmente efectuó una selección de proveedores a quienes solicitó cotización, la señalada exigencia resultaba aplicable, sin que se adviertan fundamentos para haberla requerido y luego haber contratado a la empresa Tobar y Tobar Ltda., considerando la naturaleza de las prestaciones que se comprometían, esto es, el suministro de canastas familiares, su significativo volumen y la relevancia de la necesidad pública a satisfacer atendida la emergencia sanitaria”.
Dirección coincide con la de otra compañía
Otro antecedente que consideró la Contraloría General de la República para emitir la resolución fue que, de acuerdo a lo publicado en el portal Mercado Público, la dirección donde se efectuaría la entrega de las cajas con mercadería es la misma que informó Sociedad Comercial e Inversiones Mc-Conell, quienes también presentaron cotizaciones.
De acuerdo a Contraloría, “la cláusula tercera, letra d), del contrato aparece que el contratista declara que el señalado inmueble es de su propiedad, de lo que se desprende que ambas empresas que presentaron cotizaciones mantienen algún grado de relación“.
La información luego fue contrastada por personal de Contraloría, quienes a través de una visita inspectiva lograron determinar que el dueño de Sociedad Comercial, Juan Carlos Salgado Mc-Conell, es socio de la empresa Tobar y Tobar.
Tras informar de estos antecedentes a la Intendencia de Arica y Parinacota, la Contraloría decidió dar término al contrato pactado por “no haberse perfeccionado al no tomar razón y consecuentemente se debe cancelar la Orden de Compra emitida” respecto a las cajas de alimentos.