Las cuatro pruebas contra Pablo Longueira por el caso SQM

“He sido el político más honesto de Chile”, dijo el ex ministro de Economía y ex senador, Pablo Longueira, ante las interpelaciones que ha sufrido por su participación en el caso SQM, luego de su reaparición en los medios de comunicación. Pero la Fiscalía y la carpeta investigativa dicen otra cosa y esperan que el 5 de octubre, cuando se desarrolle la audiencia de preparación para el juicio oral, se transformen en antecedentes irrefutables.

Longueira, según indicó la fiscal regional, Claudia Perivancich, es parte de los 10 acusados de delitos tributarios a base de la contabilidad de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), junto al gerente general de la compañía, Patricio Contesse. El ex ministro arriesga hasta 818 días de reclusión menor en su grado medio y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años y un día por el delito de cohecho.

Pese a los hechos, durante esta semana el propio Longueira ha tratado de instaurar su inocencia en la opinión pública. En primera instancia, aseguró estar siendo perseguido por la abogada y consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, quien para el ex candidato a La Moneda, “es la comunista” que busca declararlo culpable.

Lo cierto es que en 2016, cuando el CDE decide querellarse contra Longueira, el consejo era presidido por Juan Ignacio Piña, ex subsecretario del Interior de Sebastián Piñera. Además, en la actualidad ésta entidad es dirigida por otro conocido de la derecha, Juan Antonio Peribonio, quien fue intendente de la Región Metropolitana del actual Presidente de la República, y director nacional del Sernac.

Más allá de sus críticas al CDE, el ex senador Longueira puso en duda algunas de las pruebas más conocidas en su contra. Por ejemplo, los correos electrónicos que en 2010 intercambió con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, en el marco de la tramitación del royalty minero.

“¿El correo electrónico sabes por qué existió? Porque el Gobierno me pidió que lograra un consenso en una Ley del Royalty y lo logré. Me junté con toda la Concertación. Fui a hablar con Antofagasta Minerals, con SQM. Cuando fui a hablar con Patricio Contesse me dijo que había una discriminación con la empresa nacional”, alegó Longueira.

Las pruebas que pesan contra Longueira

Sin importar la vehemencia con la que se ha defendido el ex presidente de la UDI, desde 2015 a la fecha el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado han acumulado pruebas en su contra.

Según documentos a los que accedió EL DÍNAMO, los correos entre Longueira y Contesse, informes de contabilidad encargados por SQM, testigos al interior del Gobierno y la defensa que realizó el ex parlamentario en el Congreso de la legislación, demostrarían su responsabilidad.

El impacto del supuesto acuerdo entre Longueira y la minera que las pruebas ratificarían, permitió que las empresas SQM Salar y SQM Nitratos se acogieran al beneficio aprobado en 2010, volviendo a un régimen plano de 5% entre 2013 y 2018, tal como las empresas extranjeras con contratos de inversión vigentes. En vez de aplicárseles el alza de impuesto a la minería que varía según margen operacional, entre 5% y 14%.

1–Correos con Patricio Contesse

A la fecha la prueba más importante para la Fiscalía son los correos electrónicos que intercambiaron Patricio Contesse y Pablo Longueira. La comunicación data del año 2010 y en ella es posible advertir una estrecha relación entre ambos.

También se puede ver cómo el ex senador recibió a principios de agosto del 2010 una propuesta para el artículo transitorio número 5 –mismo que SQM buscaría aprovechar a su favor– por parte del fiscal del Ministerio de Minería, Franco Devillaine. Una hora después Longueira envió el mismo documento a Contesse.

Antes de contestar, Patricio Contesse se hizo asesorar por otro miembro de SQM, Matías Astaburuaga, quien desarrolló el mismo escrito, pero beneficiando a la empresa en temas tributarios. “Estimado Pablo, te envío propuesta correspondiente, pues, lo que te enviaron es una burla“, escribió el ex gerente general de la minera.

Con fecha del 11 de agosto del 2010 Longueira tomó el mismo documento y rellenó algunos espacios en blanco como donde debería ir su nombre. El escrito final llegó esa misma tarde al correo de Cristián Larroulet, ex ministro de la Segpres, sin aclarar en ningún momento que, en realidad, era la propuesta de SQM.

2–Traspasos de dineros

Otras pruebas contra Longueira en la investigación se relacionan a un informe elaborado por la firma norteamericana Shearman & Sterling, a petición de la propia SQM. Allí se reveló que la minera habría realizado pagos a distintos proveedores calificados como “sospechosos”. Estos traspasos de dineros fueron firmados y ratificados por Patricio Contesse.

Lo llamativo es que más de 20 de estos proveedores “sospechosos” eran familiares o cercanos a Longueira. Por ejemplo: José Tomás Longueira (hijo), Alfonso Mora (sobrino), Loreto Undurraga (cuñada), Carolina Chamorro (ahijada) y María Alejandra Bórquez (socia comercial).

En esta línea, según dice la propia querella del CDE, en 2010 Contesse pagó a Longueira una suma superior a los $30 millones, mientras era senador, mediante “el uso de de boletas ideológicamente falsas por servicios inexistentes emitidas por terceros que jamás trabajaron para SQM, principalmente familiares del ex parlamentario”. Además, se realizaron otros pagos entregados mensualmente desde la minera a los fundaciones creadas por él: Fundación Chile Justo y Fundación Web.

3–Testigos del Gobierno desmintieron a Longueira

En su defensa, Longueira argumentó esta semana que su relación con Contesse habría nacido por encargo del mismo Gobierno, quien le habría pedido hacer las tratativas para la ley de royalty.

Sin embargo, en las diferentes declaraciones presentadas ante el Ministerio Público en 2016, fueron los propios personeros de Gobierno quienes negaron haber tenido conocimiento que la propuesta entregada por Longueira fue modificada al interior de SQM.

Por ejemplo, Rodrigo Álvarez, el subsecretario de Hacienda de la época que trabajó en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso, aseguró que “recuerdo haber hablado con muchos diputados y senadores del Gobierno y de la oposición sobre el tema del royalty, y entre ellos, el senador Longueira”.

“De lo que tengo absoluta certeza es que jamás el senador Longueira me habló de algún tema que viniera de SQM“, continuó.

Incluso, el propio Presidente Sebastián Piñera, al ser consultado respecto a si sabía que era una propuesta de SQM, dijo a través de sus abogados que “ningún ministro tenía conocimiento de aquello. Entiendo que el correo que Longueira envía a Larroulet no hace mención alguna su origen o a la intervención de algún ejecutivo de SQM en su redacción”.

4–Las intervenciones en el Congreso

Paralelo al traspaso de dineros y a los correos entre Contesse y Longueira, el entonces senador buscaba que el proyecto presentado por el Ejecutivo fuera aprobado en el Congreso. Así, intervino en varias ocasiones para convencer a sus colegas.

Un ejemplo es lo que ocurrió en la sesión ordinaria Nº 59 celebrada el 12 de octubre del 2010 en la Cámara Alta. Ese día, Longueira miró a los otros legisladores y dijo que “hoy podemos afirmar, con auténtico orgullo, que estamos alcanzando un gran acuerdo para Chile, pensando en el bien común y en cómo aprovechar este recurso que Dios nos dio”.

“Seré partidario de cobrarle muchos más royalty a las mineras cuando podríamos decirles ‘ahí está el cobre, ahí está la mina, y les regalo esto’. Resulta que para descubrir yacimientos se deben realizar enormes inversiones, estoy hablando de cifras muy significativas, y para que ello sea posible, hay que entregar estabilidad”, agregó.

Intervenciones que, según la querella del CDE, “en sí mismas, no merecen reproche alguno”, pero que, “la conexión de antijuridicidad surge con la evidencia de que ellas fueron vertidas para favorecer a SQM a petición expresa de dicha empresa y razón de los beneficios económicos recibidos de ella, móvil que le impidió tener consideración de modo imparcial y general los intereses en juego en la tramitación de la ley”.