Contraloría refuta a Carabineros y dice que puede investigar a Altos Mandos
El organismo afirmó que posee las facultades administrativas para revisar la actuación de los policías uniformados por los procedimientos tras el 18 de octubre de 2019.
La Contraloría General de la República respondió a los cuestionamientos entregados por el oficialismo luego que presentara cargos contra miembros del Alto Mando de Carabineros por su responsabilidad administrativa por los hechos ocurridos luego del 18 de octubre de 2019.
En una declaración pública, el organismo encabezado por Jorge Bermúdez señaló que “no se ha referido ni se referirá” al contenido del proceso disciplinario, debido a que se trata de un procedimiento reservado que es conocido por el fiscal del sumario y los funcionarios a los que se les formularon los cargos.
La Contraloría afirmó que entre el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019 recibió 457 denuncias individualizadas debido al actuar de Carabineros, por lo que la entidad se encontraba “en el deber legal de actuar frente a tales denuncias”.
“La facultad de la Contraloría General para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros de Chile se funda en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que le encarga el control de legalidad de los actos de la Administración, y en el artículo 133 de la ley N° 10.336, que sostiene que ‘el Contralor o cualquier otro funcionario de la Contraloría, especialmente facultado por aquél, podrá ordenar, cuando lo estime necesario, la instrucción de sumarios administrativos’. Dicha facultad se regula, en específico, en la resolución N° 510, de 2013”, detalló la declaración.
La entidad añadió que “el procedimiento sumarial pretende establecer la eventual responsabilidad administrativa de funcionarios públicos ante la infracción de deberes legales y estatutarios y, de corresponder, termina con la aplicación de sanciones fundadas en un racional y justo proceso”.
La defensa de los integrantes del Alto Mando había planteado que la acción del contralor era “ilegal”, debido a que aquellos sumarios no estaban bajo sus facultades.
Durante este martes tanto el general director de la policía uniformada, Mario Rozas, como el ministro del Interior, Víctor Pérez, salieron a respaldar a la institución ante la presentación de los cargos.
