Cómo el Congreso mantiene en secreto a los parlamentarios cuestionados por mal uso de recursos públicos

Una publicación de El Mercurio reveló pagos en exceso a funcionarios del Senado que sobrepasaron los $208 millones, dineros auditados por un externo. El periódico consultó a la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz, respecto a esta auditoría. Ella respondió que el estudio fue encargado por su antecesor, Jaime Quintana, y que recién se están discutiendo sus hallazgos.

Esta auditoría también fue un secreto para los parlamentarios, ya que -según el medio impreso- varios senadores no conocían de ella y menos de sus resultados por ser discutida en una comisión cuyos resultados no se han publicado en meses.

Según pudo constatar EL DÍNAMO, la última actualización de datos realizada por la Comisión de Régimen Interior, instancia que habría revisado esta auditoría externa, fue el pasado 16 de octubre de 2019.

Además, en la página de TV del Senado tampoco existen registros de las últimas sesiones de esta comisión -la que ni siquiera aparece como opción en el canal.

Aunque la mayoría de los medios de comunicación replicó la información sobre la auditoría externa y sus hallazgos, hasta las 17:00 horas del martes, ningún parlamentario -tanto de la Cámara como del Senado- había compartido la información en sus redes sociales.

Pese a la Ley de Transparencia, los dineros del Congreso -y su mal uso- son un secreto en el poder legislativo: si bien las auditorías parlamentarias son públicas, estas no cuentan las fallas detectadas ni indican qué diputado o senador fue cuestionado por el mal uso de los recursos públicos, información que sólo recae en las Comisiones de Ética y Mesas directivas de ambas cámaras.

El secretismo sobre el mal uso de los recursos públicos en el Congreso también ocurre cuando existen auditorías externas encargadas por las directivas del Senado o la Cámara.

Juez y parte

Para mejorar la transparencia de los gastos y el uso de los recursos, el 3 de julio de 2010 se creó el Comité de Auditoría Parlamentaria, una entidad encargada de controlar al Congreso. Sin embargo, este comité depende del mismo Congreso.

El grupo -integrado por un abogado, un contador auditor, y un especialista en materias de auditoría- pasan por un concurso de la Alta Dirección Pública, organismo que a selecciona a los postulantes para que el Congreso los ratifique. Esto quiere decir que, para ser miembro del Comité de Auditorías Parlamentarias, la persona tiene que contar con los votos de 3/5 de los senadores y diputados en ejercicio.

Otro de los aspectos se refiere a las funciones del comité, obligaciones que fueron establecidas desde el Congreso a través de una Comisión Bicameral compuesta por los entonces senadores José Antonio Gómez, Antonio Horvath, Juan Pablo Letelier y Jovino Novoa, y los diputados Pedro Araya, Ramón Farías, Patricio Melero y Patricio Vallespín.

Facultad sancionatoria

Entre las facultades que tiene el Comité de Asesorías Parlamentarias está el citar a los diputados o senadores cuando se detecten deficiencias en la forma en que están utilizando los recursos.

Luego de que el Comité los cite, los parlamentarios pueden justificar sus gastos y, si las objeciones que no son corregidas, los miembros que auditan el uso de los recursos deben informar la situación a la Comisión de Ética y Transparencia.

Esto quiere decir que, si bien el Comité puede detectar el mal uso de los recursos públicos, debe pasar esta información a la Comisión de Ética, instancia que -constituida por parlamentarios- deberá decidir si sanciona o no al parlamentario cuestionado.

En caso de detectar situaciones que pudieran ser un delito, el Comité debe poner los antecedentes en conocimiento de la mesa del Senado o Cámara, según corresponda. Esto implica que el grupo no puede denunciar los hechos por sí mismo, sino que depende de quienes se encuentren al mando del Congreso.

Detalle de la información

Todas las auditorías deben ser publicadas en los sitios de transparencia del Senado y la Cámara. Estos documentos están disponibles como “Informe anual”, entregando un detalle consolidado de las faltas y no específico por parlamentario.

De esta forma, si bien se cumple con la legalidad de informar sobre las objeciones hechas en el rendimiento de los dineros, no se identifica al parlamentario cuestionado ni la situación que llevó a las sanciones, ya que eso queda en manos de la Comisión de Ética.

Por ejemplo, la última auditoría parlamentaria disponible en el Senado, correspondiente a julio de 2018 y marzo de 2019, se establecieron observaciones en los siguientes ítems de gasto:

• Telefonía Móvil: 9 senadores, todos justificando los gastos en nueva revisión
• Traslación: 19 senadores, 3 de ellos pasando a la Comisión de Ética
• Actividades Territoriales: 2 senadores, todos justificando los gastos en nueva revisión
• Asesorías Externas: 4 senadores, 3 de ellos pasando a la Comisión de Ética

EL DÍNAMO revisó las actas de la Comisión de Ética del Senado disponibles en el sitio web de la Cámara Alta, sin encontrar información sobre los parlamentarios cuyos gastos fueron objetados en la auditoría.

Respecto a las sesiones celebradas por la comisión en el período que abarco la auditoría, el único detalle que aparece en el portal del Senado es que se discutieron “asuntos propios de su competencia”, sin registro de actas, videos o similares. Sin embargo, a través de Transparencia Activa, es posible llegar a las resoluciones emitidas por la comisión hasta abril de 2019.

La última resolución referente a una auditoría parlamentaria tiene fecha de 3 de octubre de 2018, en que se cuestiona gastos efectuados por Andrés Allamand en el segundo semestre de 2017. La Comisión de Ética rechazó los cargos.

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, en tanto, tiene disponibles las resoluciones en el portal web de la comisión en el apartado “Documentos“, debiendo ser buscados los documentos por fecha de la resolución.

Para el actual período legislativo, se publicaron 6 dictámenes respecto a observaciones realizadas por el Comité de Asignaciones Parlamentarias para municionamientos a los gastos de Giorgio Jackson y RD, Claudia Mix, Gastón von Mühlenbrock y la UDI, Gabriel Boric, Daniel Núñez y al Comité de la Democracia Cristiana.

Todas fueron rechazadas en su totalidad a excepción de los reparos hechos al diputado Boric, cuyos cuestionamientos fueron rechazados solo de forma parcial.

Según la auditoría realizada por el Comité, en la Cámara de Diputados se objetaron los siguientes gastos:

• Telefonía Móvil: 15 diputados, todos justificando los gastos en nueva revisión
• Traslación: 4 diputados, todos justificando los gastos en nueva revisión
• Actividades Territoriales: 10 diputados, 1 de ellos pasando a la Comisión de ética
• Asesorías Externas: 1 diputado, justificando los gastos en una nueva revisión.