Las complejas investigaciones judiciales que se aclararon tras el estallido social
Varios hechos ocurridos desde el 18 de octubre tuvieron versiones iniciales que fueron cambiando drásticamente a medida que se conseguían los antecedentes concretos.
El estallido social del 18 de octubre de 2019 abrió una serie de investigaciones policiales cuyas versiones iniciales fueron cambiando drásticamente a medida que se iban conociendo detalles sobre sus reales circunstancias.
Un mensaje en Twitter a modo de fake news o un testimonio inicial que resultó falso fueron los caminos por los que se abrieron especulaciones, las que en algunas ocasiones sirvieron de base para que la fiscalía lograra dilucidar la verdad judicial sobre los casos.
La intervención de agentes del Estado en los hechos fueron los puntos que generaron mayor controversia en muchos de estos hechos. Las aclaraciones familiares y las labores investigativas fueron resolviendo todo con el pasar de los días, semanas y meses.
La primera víctima del estallido
Mateusz Maj, un profesor de inglés de origen polaco que trabajaba en el Wall Street Institute, se transformó en la primera víctima oficial del estallido social al recibir un disparo durante la jornada del sábado 19 de octubre.
A través de las redes sociales surgió la versión de que había sido asesinado a manos de un saqueador, y luego se dijo que fue un uniformado. Lo cierto es que el profesor europeo intentaba ayudar al padre de su pareja, un ex funcionario del Ejército, a frenar los robos en un supermercado de Maipú, pero terminó baleándolo accidentalmente.
El asesinato de Valeska Carmona
Valeska Carmona, una mujer de 33 años, murió el 20 de octubre en la comuna de El Bosque, en una de las primeras jornadas de Estado de Emergencia.
En los días posteriores a su asesinato circuló un certificado de defunción, el que abrió las especulaciones sobre la posible intervención de agentes del Estado.
Al final todo era una noticia falsa, ya que las investigaciones de la Fiscalía Sur tras el estallido social calificaron el hecho como un delito ocurrido fuera del contexto de las manifestaciones.
La familia de la víctima pidió “respeto” a los medios y llamó a los usuarios de las redes sociales a no ocupar la imagen de la mujer.
El caso de Daniela Carrasco, “la mimo”
Daniela Carrasco.
El 20 de octubre, dos días después de la declaración de Estado de Emergencia en la Región Metropolitana, los vecinos de la población La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, descubrieron el cuerpo sin vida de Daniela Carrasco, una conocida artista callejera del sector.
El cadáver fue encontrado colgado en la reja del Parque André Jarlan. A partir de esto aparecieron diversas teorías, las que se centraron en una posible intervención de Carabineros, quienes habrían actuado con una crudeza brutal en contra de la fallecida.
El rostro pintado de Carrasco se transformó en un símbolo de la violencia sexual aplicada por agentes del Estado. Una actriz usó el maquillaje de mimo y la encarnó en una marcha, en una imagen que fue usada profusamente y que dio para confusiones.
Las investigaciones iniciales, realizadas aún al calor del estallido social, determinaron que en la muerte de la artista no hubo intervención de terceros. La Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) entregó una declaración aclaratoria, donde pidió respetar la memoria de la mujer fallecida y el dolor de su familia.
“La investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Daniela sigue en curso y los antecedentes que hasta ahora se manejan indican que habría dejado una carta explicando las razones de un eventual suicidio y que no se hallaron signos evidentes o patentes de tortura o agresión sexual. Indicamos lo anterior, sin perjuicio de que los informes médicos forenses puedan indicar algo distinto más adelante”, señalaron en un texto difundido en noviembre del año pasado.
La muerte de José Miguel Uribe en Curicó
José Miguel Uribe Antipani, un hombre de la ciudad de Curicó, en la Región del Maule, falleció de un disparo en medio de una manifestación en la Ruta 5 Sur.
Las primeras versiones sobre el crimen apuntaron a la aparición de un carro militar, el que circulaba a pesar de que la comuna no estaba bajo el régimen de Estado de Emergencia. El Ministerio Público detuvo a un cabo 2° del Ejército, quien permaneció en prisión preventiva.
El caso dio un giro total el día 10 de diciembre, cuando la fiscalía informó que los peritajes demostraron que el militar no fue el autor de los hechos. Las sospechas finalmente se centraron en un empresario, llamado Francisco José Fuenzalida Calvo, quien habría sido la persona que realizó los disparos para dispersar la protesta.
Ante este antecedente, los persecutores retiraron los cargos en contra del cabo 2°, quien recuperó su libertad. El empresario, por su parte, se mantiene en prisión preventiva.
El centro de torturas en Estación Baquedano
Fue una de las investigaciones más complejas y delicadas del estallido social. La supuesta existencia de un centro de torturas en la comisaría de la estación de Metro Baquedano tuvo versiones encontradas, revisiones y una decisión concreta de la justicia.
Un testimonio recogido a finales de octubre apuntó a la existencia de un centro de detención ilegal en los túneles del recinto, en donde se habría sometido a diversos tormentos a los manifestantes que eran detenidos en Plaza Italia. La acusación fue respaldada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quien pidió indagar a fondo la situación.
El 23 de octubre, los jueces Daniel Urrutia y Darwin Bratti se constituyeron en el lugar, donde no encontraron ninguna evidencia que señalara una eventual retención de personas.
Aunque los denunciantes mantuvieron su versión de los hechos, el proceso judicial se encaminó hacia otra vía. El 15 de junio de 2020, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó la investigación, con lo que oficialmente se descartó la existencia de un centro de torturas.
Con esta conclusión, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones (PDI) decidieron iniciar acciones legales contra los acusadores.
