Violaciones a los DD.HH: el retorno de la brutalidad

Un año ha transcurrido desde que se anunciaba un alza en el precio de los pasajes del transporte público que motivaría a cientos de estudiantes secundarios a evadir el pago y bloquear el funcionamiento del Metro de Santiago, hechos que terminaron gatillando el denominado estallido social. Junto con las crecientes protestas y una ola de violencia inusitada, también comenzaron a registrarse violaciones a los derechos humanos, cometidos por agentes del Estado.

Entre la gran cantidad de denuncias que se registraron durante el estallido social, hubo casos que llamaron fuertemente la atención y se volvieron parte de las consignas de lucha del movimiento en contra del uso indiscriminado de armas disuasivas y el abuso de poder y fuerza empleado por policías y militares.

Según el Ministerio Público, desde octubre a la fecha se registraron un total de 8.757 denuncias por violaciones a los derechos humanos tras el estallido social.

Romario Veloz

Uno de aquellos casos fue el de Romario Veloz, un joven de nacionalidad ecuatoriana que se encontraba en medio de los disturbios y saqueos que se generaron el 20 de octubre en el Mall de La Serena.

Fue en ese contexto, y cuando Veloz se ubicaba en la berma por calle Alberto Solari, a la altura del terminal de buses de dicha ciudad, cuando recibió un disparo letal por parte de los militares que estaban en el lugar.

Tras casi un año de incertidumbre y desconocimiento de la familia sobre los responsables de la muerte de Romario, la fiscalía anunció esta semana que se formalizará al capitán del Ejército José Faúndez Sepúlveda por los delitos de violencia innecesaria, lesiones graves y homicidio.

El Ministerio Público logró establecer que ante los disturbios y saqueos, Faúndez dio la orden para que acudieran al lugar la Segunda Sección de la UFE 1, compuesta por cerca de 25 militares armados con fusiles. Esta instrucción terminó en actos de “violencia injustificada, desproporcionada e innecesaria”.

Este importante avance en este caso de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social se da luego de incansables llamados por parte de la familia para que se investigara y siguiera adelante con la recolección de datos que permitieran hallar a los culpables.

Desde el Ejército descartaron que no existiera la intención de colaborar con la investigación, y anunciaron que realizarán sumarios internos si es que fuese necesario, luego de que termine la acción judicial en curso.

Durante los últimos meses Mery Cortez, la madre del joven de 20 años, acusó que el homicidio de su hijo tuvo razones raciales detrás, ya que era el “único negro que estaba en la fila. Para su asesino fue un blanco fácil”.

“Tengo mucha emoción y sentimientos encontrados también. Espero que una vez que formalicen a este capitán de Ejército, pague con cárcel. Espero que en la audiencia no lo dejen libre ni lo dejen en prisión en una cárcel de privilegio, como sería un regimiento, porque este hombre es un peligro para la sociedad y tiene que pagar con cárcel. A mí se me quitó un hijo de la forma más cruel y despiadada. Si por mí fuera, que se hunda, que se seque en la cárcel porque yo me estoy secando desde hace un año”, declaró Cortez, luego de que se confirmara la formalización del capitán del Ejército.

Fabiola Campillai

26 de noviembre de 2019 y Fabiola Campillai esperaba -junto a su hermana- en un paradero de Portales Oriente, en la comuna de San Bernardo, locomoción rumbo a su trabajo en la empresa Carozzi, cuando fue alcanzada por una bomba lacrimógena lanzada por un funcionario de Carabineros.

La madre de 36 años perdió completamente la visión de ambos ojos, además del gusto y el olfato.

La mujer se mantuvo internada una semana antes de volver a recobrar la consciencia y enterarse de que había perdido la vista.

De acuerdo a los antecedentes, aquella jornada se habían registrado desmanes en el sector, pero ya pasadas las 20 horas todo parecía más tranquilo, por lo que el piquete de funcionarios policiales que resguardaba el sector podía divisarlas con claridad, ya que no los separaban más de 15 metros.

Tras el injustificado ataque, Fabiola fue llevada hasta el Hospital Barros Luco, donde -según el informe médico- ingresó con hemorragia intracerebral fronto basal, pequeña fractura de hueso maxilar expuesta y fractura de hueso nasal expuesto, lesión de globo ocular posiblemente por objeto contundente.

En agosto pasado, se detuvo al ex capitán de Carabineros Patricio Maturana como el principal imputado por las graves lesiones provocadas a Campillai. El Juzgado de Garantía de San Bernardo formalizó al uniformado y lo dejó en prisión preventiva, no obstante, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó esta decisión y decretó el arresto domiciliario total para Maturana.

Durante la investigación por este caso de violaciones a los derechos humanos, se han revelado situaciones e intentos de ocultar información sobre los involucrados y el procedimiento realizado aquel 26 de septiembre. Incluso, pasaron meses desde el estallido social antes de que se entregaran las imágenes captadas por las cámaras de los mismos funcionarios que estaban en el lugar.

Gustavo Gatica

El caso de Gustavo Gatica quizás es uno de los más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, ya que fue la primera persona en quedar totalmente ciega debido a los balines utilizados por Carabineros durante el estallido social.

El joven de 21 años se encontraba participando de las manifestaciones que se desarrollaban en Plaza Baquedano, en la comuna de Providencia, el 8 de noviembre de 2019. Aquel día los gritos de los manifestantes en contra de la institución uniformada se oían con fuerza en la intersección de las calles Vicuña Mackenna con Carabineros de Chile.

En medio de ese escenario, Gatica recibe el impacto de dos balines directo en sus ojos, los cuales le provocaron graves lesiones que motivaron a quienes estaban a su alrededor a prestarle auxilio y trasladarlo de urgencia a la Clínica Santa María. Tras pasar 17 días internado, se confirmó que el joven había perdido la visión de ambos ojos.

En concreto, el estudiante de Psicología sufrió un trauma ocular severo y amaurosis lateral, estallido ocular en el ojo izquierdo y contusión ocular grave en el derecho, hemorragia vitrea densa sin desprendimiento de retina y sin percepción de luz en el ojo derecho, además de una herida perforante de córnea.

El caso de Gustavo Gatica no solo causó impacto a nivel nacional, sino que también captó la atención de los medios internacionales.

La presión social y política llegó hasta las autoridades de Gobierno, quienes incluso dieron un plazo de una semana a Carabineros para responder ante las graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos, entre ellas, quien había disparado los balines que hirieron al joven.

Sin embargo, aquello no sucedió hasta junio recién pasado, cuando se informaba que el teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo había sido desvinculado de la institución por irregularidades en la descarga y eliminación de los videos que contenía la cámara GoPro que había utilizado el día en que resultó herido Gatica.

En ese momento, no se confirmó que él era quien había perpetrado los disparos, pero dos meses después del estallido social fue detenido por personal de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI en su vivienda de la comuna de Ñuñoa y puesto a disposición de la justicia.

En la formalización de cargos, la Fiscalía dio a conocer que los videos proporcionados por testigos se convirtieron en claves para establecer que Crespo fue el autor del disparo.

“El imputado (Crespo) se parapetó en una de las paredes de un edificio ubicado en la calle Carabineros de Chile y, abusando de su cargo y con la intención de castigar, disparó la escopeta antidisturbios directamente a la parte superior del cuerpo de los manifestantes impactando a Gustavo Gatica”, relató el fiscal, Francisco Ledezma.

En ese contexto, el persecutor sostuvo que la víctima se encontraba en el grupo entre las personas que estaban protestando, a una distancia de cerca de 24 metros del ex teniente coronel Crespo, en el momento en que éste dispara el arma.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva al teniente coronel de Carabineros durante los 90 días que durará la investigación.

Alex Núñez

Otro caso de violaciones a los derechos humanos es el de Alex Núñez, quien murió el 22 de octubre de 2019, a solo dos días del inicio del estallido social, luego de una brutal golpiza a manos de funcionarios de Carabineros.

Pasadas las 20 horas del 20 de ese mes, Núñez Sandoval se encontraba en los alrededores del Metro Del Sol, en la comuna de Maipú, cercano a la intersección de calle Isabel Riquelme con Juan José Rivera, cuando fue agredido por el personal policial quienes le propinaron en reiteradas oportunidades golpes de puntapié en la zona media del cuerpo y en su cabeza, para posteriormente dejarlo abandonado en la vía pública.

Núñez, con las fuerzas que le quedaban, logró llegar hasta su casa ubicada en dicha comuna, donde alertó a sus familiares de la situación que acababa de vivir, pero se negó a ir a un recinto asistencial y se acostó para intentar descansar. Nunca más despertó.

Alex se mantuvo dos días internado en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, hasta que se confirmó su muerte a las 3.15 horas, debido a las graves lesiones provocadas por la golpiza.

Una lenta investigación y sus responsables

El caso de Núñez está marcado por la compleja y lenta investigación, lo que ha sido cuestionado por los familiares. Asimismo, se ha visto envuelto en una serie de polémicas que apuntan a que existiría un “acuerdo” entre los uniformados para ocultar información.

Por el momento, no se ha concretado la detención de algún funcionario por el crimen que Núñez, lo que según el abogado experto en violaciones a los derechos humanos y representante de la familia del fallecido, Cristián Cruz, se debe a distintas razones que involucran a las autoridades.

“Yo creo que en general hay una gran demora en las investigaciones de delitos que atentan contra los derechos fundamentales, la que en primer punto es  responsabilidad de Carabineros y las Fuerzas Armadas producto del apoyo que le dan a  los partícipes”, destacó el defensor legal en conversación con EL DÍNAMO.

“Nosotros no vemos una colaboración importante, en especial de Carabineros, muy por el contrario y quizás en el caso de Alex eso es más patente aún. Es difícil no calificar el proceder policial  de obstruccionista, es muy difícil no llegar a esa conclusión cuando uno ve los antecedentes”, agregó.

En esa línea, el abogado ejemplificó con los hechos ocurridos en el caso de Fabiola Campillai, indicando que debieron pasar meses para que se mostraban las imágenes de Carabineros que ubicaba a los responsables en el lugar, quienes “reaccionaron como el verdadero lumpen y huyendo después de ver que Fabiola está herida”.

“Esas imágenes estaban desde el día uno y lo que debieron hacer es entregarlas de inmediato a la Fiscalía ¿Por qué no lo hizo?”, cuestionó Cruz.

El defensor también apuntó como responsables de las tardías indagatorias al Gobierno, ya que envía una doble señal a la ciudadanía a la misma institución al asegurar que condenan enérgicamente las violaciones a los derechos humanos tras el estallido social, pero al mismo tiempo felicitan a Carabineros por su labor en el control del orden público.

“Es como decir: ‘Yo no quiero que haya narcotráfico, pero muy bien lo que hacen los narcotraficantes’. Es contradictorio (…) yo creo que es una decisión política de enfrentar las demandas sociales con violencia. Carabineros y el Gobierno lo han dicho al señalar que se están ‘preparando’ para el 18 de octubre comprando tales vehículos, tales cascos, lo que nos están diciendo es que están dispuestos al uso de la fuerza”, argumentó

El abogado explicó que tampoco existe una unidad entre los persecutores del Ministerio Público, a quienes también acusa de ejecutar con descriterio sus labores.

“Una bomba lacrimógena que fue disparada a un joven en Rancagua fue calificado como homicidio frustrado; la misma bomba lanzada a Fabiola Campillai se llama apremios ilegítimos; esa misma bomba disparada a un estudiante en la Universidad de Chile se llama cuasidelito de lesiones. Entonces qué criterio de fiscales tenemos, cuál es la unidad. Han sido muy pocos los fiscales ante los que uno se puede sacar el sombrero por el cumplimiento de su deber”, concluyó.

Las investigaciones por todos los casos de violaciones a los derechos humanos descritos anteriormente aún siguen abiertas a la espera de que se reúnan los antecedentes necesarios para condenar a quienes figuren como responsables de los hechos ocurridos tras el estallido social.