Cómo se prepara el Poder Judicial ante posible segunda retención a deudores de pensiones por retiro del 10%

Las expectativas por un posible nuevo retiro del 10% de las AFP crecen como la espuma, así como también crece la opción de que se origine una segunda retención de estos dineros a los deudores de pensiones alimenticias, lo que pone nuevamente bajo la lupa la preparación del Poder Judicial.

Cuento añejo son los diversos problemas que se generaron en la retención anterior, en la que algunas demandantes quedaron como deudoras y se les retuvo el dinero, o los deudores pudieron hacer el retiro antes de la tramitación de las retenciones. Mientras que en otros casos se denunciaban largos procesos y tiempos de espera para recibir los pagos.

Todos estos problemas estaban originados por el improvisado sistema que implementó el Poder Judicial para hacer las solicitudes, lo que sumado a un abanico de otros factores, se convirtió en una jaqueca para los Juzgados de Familia.

Ahora, la posibilidad del segundo retiro viene de la mano con la indicación que permitiría que los acreedores soliciten la retención de los dineros, con el fin de que se cancelen los montos y lleguen a manos de quienes están al cuidado de los menores de edad.

“Los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal, y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio de la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias”, sostiene el proyecto impulsado por la parlamentaria, Pamela Jiles.

Soluciones de emergencia

El magistrado del Juzgado de Familia de Buin, Rodolfo Medalla, explicó a EL DÍNAMO que en caso de que siga avanzando el proyecto las soluciones que pueden dar desde el Poder Judicial “son exclusivamente de emergencia y con los recursos que tenemos”.

El magistrado indicó que pese a que se aplicaron ciertos refuerzos al sistema informático y personal debido a la avalancha de documentos y solicitudes que ingresaron por la retención de pensiones, aún siguen siendo insuficientes para cubrir la demanda actual, y más difícil aún es que se logre cumplir sin complejidades una segunda vez.

“Nosotros no estamos en condiciones de mantener tiempos prolongados un esfuerzo así, puesto que tenemos otras materias que atender, tanto o más urgentes que lo de los alimentos. Entonces, para nosotros el absorber la demanda tremenda que fue lo relativo al 10%, ha implicado que debamos desviar recursos humanos y materiales para abordar en circunstancia y seguir atendiendo los requerimientos de protección, violencia intrafamiliar y otros”, agregó.

Sin embargo, Medalla destaca que en caso de que se llegue a concretar este segundo retiro, ya cuentan con la experiencia que les dejó el proceso anterior en el área informática, así como también en la tramitación misma. No obstante, advierte que esto no significa que los procesos vayan a ser mucho más rápidos.

Además, recalcó que las demoras -en parte- son causadas por los mismos involucrados, ya que se generan problemas para dar con el paradero de deudores y notificarlos, como primer paso. Asimismo, y en la mayoría de los casos, se debe comenzar a indagar sobre la veracidad de los alegatos y documentos para finalmente acreditar la deuda y cuánto es el dinero que se debe repartir y quienes van a recibirlo.

“Lo hemos tratado de subsanar con diversos protocolos y a partir de las recomendaciones de buenas prácticas que ha hecho la Corte Suprema, y lo que los jueces hemos podido coordinar, hemos podido llegar a algunos sistemas (…) es en los criterios en los que ya tenemos cierta claridad”, añadió.

El magistrado explica que en este contexto también se podría agilizar el proceso de retención debido a que la gente ya conoce el sistema del Poder Judicial, por lo que se podrían evitar ciertas complicaciones que son responsabilidad de quienes hacen el requerimiento.

Falta de coordinación con las AFP

El juez del Juzgado de Familia de Buin cuenta que también se establecieron protocolos para coordinar acciones con las AFP y evitar situaciones como las denunciadas en el primer proceso, donde algunas de las administradoras adelantaron los pagos, esquivando que se les retuviera el dinero a algunos deudores.

“Se establecieron protocolos de funcionamiento con PreviRed para que las órdenes nuestras se cumplieran en forma expedita, pero aún así hubo fallas”, relató Medalla, quien ejemplificó señalando que en ocasiones se notificaba a una AFP el día 8 de un mes; pero que a ellos les llegaba recién el 14; y que como guinda de la torta, estos ya habían pagado el dinero al deudor el día 10, porque habían decido adelantar la entrega.

El juez de Familia concluye que, a su juicio, las AFP también arrastran con cierta culpa en las demoras de los trámites, ya que les piden a los solicitantes una serie de documentos que no son necesarios luego de que existe una resolución del tribunal, lo que genera que las personas se acerquen a los juzgados a pedir dichos papeles, lo que va en contra de lo que se recomienda en el contexto de evitar aglomeraciones y desplazamientos.