Matthei le declara la guerra a aplicaciones de delivery y acude a Fiscalía Nacional Económica
La jefa comunal acusa a las aplicaciones de competencia desleal en contra del comercio tradicional de Providencia.
Tal como prometió en octubre, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, acudió hasta la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y presentó una denuncia contra las aplicaciones de delivery por competencia desleal.
La acción de la jefa comunal se debió a que estas empresas instaladas en Chile transgredirían la libre competencia y ponen en serio riesgo al comercio tradicional en su comuna.
De acuerdo al documento publicado por El Mercurio, durante los últimos meses de pandemia las empresas Pedidos Ya, Uber Eats y Rappi habría realizado una “integración vertical”, es decir, comenzaron a controlar otras empresas afines del mercado.
Según destacó Matthei, el caso más claro se da con Pedidos Ya, donde emplazaron en la comuna una serie de “supermercados oscuros” o bodegas que sólo funcionan para despachar productos.
“Existen indicios de que estas aplicaciones han iniciado la habilitación de cocinas para preparar alimentos y así ofrecerlos a sus clientes, con evidentes ventajas al controlar la cadena de distribución de los servicios”, explicó Matthei.
Uso de datos personales de clientes
Otro elemento que consideró Evelyn Matthei a la hora de denunciar a las aplicaciones en la Fiscalía Nacional Económica fue que estas empresas manejan una gran base de datos de sus clientes, información que el comercio tradicional en Providencia no tiene.
Para la alcaldesa, “las apps de delivery conocen los patrones de consumo de la gente a la que le llevan productos”, por lo que “terminan dejando fuera del mercado a los negocios tradicionales”.
“Por ejemplo, saben qué personas utilizan la plataforma para comprar medicamentos, comida, etc. También saben sus gustos de comidas preparadas, días en que piden productos del supermercado. A lo que le suman datos básicos como nombre, dirección, teléfono, entre otros”, agregó.
Finalmente, Matthei precisó que el comercio tradicional debe pagar por el arriendo de locales, autorización sanitaria, patentes comerciales y por la iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, mientras que las aplicaciones se mantienen al margen de aquello.