Gobierno acude al Tribunal Constitucional por proyecto del segundo retiro del 10%

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno confirmó que ingresó un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de la oposición que permite un segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP.

En el documento, el Ejecutivo señaló con el fin de “proteger y ayudar” a las familias afectadas por la pandemia del coronavirus y la crisis económica han construido una Red de Protección Social. Éste “presta ayuda y protección a más de 14 millones de chilenas y chilenos”.

“Es decir, 3 de cada 4 compatriotas. Como país hemos hecho un esfuerzo enorme, reconocido por diversos organismos internacionales, incluyendo al Banco Mundial”, agregaron.

En ese sentido, y dentro del orden constitucional que tienen, confirmaron que el miércoles pasado el Gobierno presentó al Congreso un Proyecto de Ley que permite “un retiro único y extraordinario del 10% de los fondos de ahorro previsional, priorizando a quienes más lo necesitan”.

Sobre esta iniciativa, indicaron que es “responsable” y otorga “un importante alivio a las personas que más lo necesitan, resguarda mejor las actuales y futuras pensiones, no otorga beneficios tributarios injustificados a los sectores de más altos ingresos, permite la recuperación de los ahorros previsionales y, sobre todo, respeta nuestra Constitución y el Estado de Derecho”.

“Adicionalmente, el Gobierno está trabajando en una iniciativa legal que permita extender el Ingreso Familiar de Emergencia a las familias más necesitadas, cuyas comunas se encuentren o puedan encontrarse bajo cuarentenas o limitaciones severas a la movilidad por razones sanitarias”, continuaron.

Ante esto, reiteró su compromsio con desplegar el Ingreso Familiar de Emergencia si las condiciones lo hacen necesario, ante una eventual segunda ola de contagios. “Todos debemos contribuir a evitar esta segunda ola, tomando todos los resguardos sanitarios a nivel personal y cumpliendo estrictamente con lo establecido por la autoridad sanitaria, para cuidarnos y cuidar a los demás”, consignaron.

A eso, sumaron que están “impulsando un Acuerdo para acelerar la segunda etapa de esta Reforma Previsional, la que fue aprobada hace ya un año en la Cámara de Diputados y está hoy día en trámite en el Senado”.

“Esta Reforma permite incrementar significativamente las pensiones de más de 800 mil jubilados, principalmente mujeres y de clase media, y también las pensiones de todos los futuros jubilados. Algunos parlamentarios están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución”, enfatizó el Gobierno.

En esa misma línea, sostuvieron que “esta práctica es inconstitucional, atenta contra nuestro ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, y no respeta instituciones fundamentales de nuestro orden Constitucional, como la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto público, seguridad social e impuestos”.

Por lo mismo, el Gobierno confirmó que “para evitar esta mala práctica”, ingresaron hoy al Tribunal Constitucional un requerimiento para que se declare inconstitucional el proyecto presentado por la oposición y que permitiría un segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales.

“Todas las autoridades, y en especial el Presidente de la República, tienen que ser sensibles con las necesidades de los ciudadanos, y también, responsables con las decisiones que adoptan y sus consecuencias para el futuro. Adicionalmente, siempre deben respetar el orden constitucional y el Estado de Derecho”, argumentaron.

Agregaron que “el proyecto antes mencionado no sólo es inconstitucional. También genera un grave daño a las pensiones presentes y futuras de todos los chilenos y beneficia con injustificadas exenciones tributarias a las personas de más altos ingresos, lo que atenta contra la equidad y la justicia social”.

Por último, el Gobierno sostuvo que el requerimiento presentado ante el TC por el segundo retiro es porque “las autoridades de nuestro país, al asumir sus cargos, juraron o prometieron respetar nuestra Constitución y nuestras leyes. El Gobierno cumple con este compromiso a través de este requerimiento al Tribunal Constitucional, que busca proteger nuestro orden constitucional y Estado de Derecho”.