Comisión que investiga escándalo de La Polar vota esta tarde conclusiones

El diputado Fuad Chahín (DC), integrante de la comisión que investiga el escándalo de La Polar, confirmó que esta tarde se votarán en esta instancia las conclusiones a las que llegaron los parlamentarios tras escuchar diversos testimonios y recoger los antecedentes relativos a esta debacle que afectó a millones de chilenos.

Al respecto, Chahín adelantó que se establecen “severos y duros reproches y cuestionamientos no sólo a los principales responsables, los directores y ejecutivos de la multitienda, sino a las entidades encargadas de regular y supervisar”.

El legislador explicó que “independientemente de las principales responsabilidades, que como hemos dicho, recaen en los representantes de La Polar, hay negligencia en la empresa auditora y en las clasificadoras de riesgo. Es necesario también responsabilizar a la Superintendencia de Bancos (SBIF) por la negligencia en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y por aprobar clasificaciones de riesgo de La Polar que carecían de sustento”.

En cuanto a las responsabilidades de los representantes de la multienda, se señala, entro otros aspectos, que “la Ley de Mercado Valores establece la obligación de entregar información veraz, suficiente y oportuna. Será responsabilidad del directorio el adoptar una norma interna que contemple los procedimientos, mecanismos de control y responsabilidades que aseguren dicha divulgación. Esta misma ley establece, responsabilidad penal por la entrega maliciosa de información falsa”.

En cuanto a las propuestas en materia legislativa, se señalan, entre otras: Modificaciones a los Gobiernos Corporativos de las Sociedades Anónimas; modificaciones a la regulación de las empresas de Auditoría Externa; modificaciones a la regulación de las Empresas Clasificadoras de Riesgo; y categóricas modificaciones a la institucionalidad de las Superintendencias SBIF, Superintendencia de Valores y Seguros y a la Superintendencia de pensiones.

Igualmente se pedirá urgencia al Proyecto de Ley de Tarjetas de Crédito No bancarias, actualmente en la Comisión de Economía; modificar la ley confiriendo al Sernac facultades fiscalizadoras, incluyendo la capacidad para imponer sanciones administrativas, incluso multas; y, establecer la figura de la “Delación del Fraude Financiero entre otras propuestas.

Chahín agregó, además, que se concluye que las AFP tienen responsabilidades por haber elegido cuatro de los siete directores de La Polar y por invertir en valores de la compañía sin el análisis financiero necesario.

En tanto diputados de RN y la UDI, integrantes de la Comisión de La Polar, expresaron su sorpresa por las declaraciones del presidente de esta instancia, Gonzalo Arenas (UDI) quien adelantó un acuerdo en torno a las conclusiones de este caso.

“Estamos sorprendidos frente a este acuerdo que no reflejan el sentir de la comisión, ni el trabajo minucioso y responsable que estamos realizando Es segunda vez que entrega conclusiones que no cuentan con la concurrencia de todos los integrantes”, señaló la diputada Mónica Zalaquett, en representación de los diputados José Manuel Edwards, Frank Sauerbaum, Nicolás Monckeberg y Gustavo Hasbún.

Lo que más les llamó la atención es tenían un acuerdo interno que jerarquizaba las responsabilidades empezando por el directorio. “Creo que la responsabilidad de Price Waterhouse es mayor al de las clasificadoras de riesgo. Además no se representa bien a los consumidores cuando se critica por igual a ambos directores del Sernac”, indicó Edwards.

Los parlamentarios explicaron que mientras Juan Antonio Peribonio (actual Sernac) realizó la denuncia pertinente, José Roa (antecesor) no se pronunció nunca sobre el caso en circunstancias que contaba con más de mil reclamos. “El requería sólo 50 reclamos para hacer una demanda colectiva y no lo hizo, a diferencia de Peribonio. No se está defendiendo a los consumidores con el acuerdo anunciado por el presidente de la Comisión, lo cual nos llama mucho la atención”, sostuvieron Edwards, Zalaquett y Hasbún.

“Qué distinta hubiera sido esta historia si el señor Roa hubiera ejercido sus atribuciones haciendo público este caso hace cinco años. Cuántas menos víctimas habríamos tenido”, manifestó la diputada Zalaquett.

Además los parlamentarios tenían un acuerdo para responsabilizar a todas las instituciones fiscalizadoras: en primer lugar a la Superintendencia de Bancos y el Banco Central y, en último lugar, a la Superintendencia de Valores y Seguros.