5 claves para entender el escándalo por la colusión de los productores de pollo

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ayer un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) donde acusó la existencia de una colusión entre las tres principales firmas avícolas de nuestro país. Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, juntas, concentran más del 92% de la producción nacional de pollo.

Te dejamos cinco aspectos claves para entender este caso en el mar de información que se avecina.

1.- Cómo se ejecutó la colusión: De acuerdo a los antecedentes recopilados por la FNE, las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo mantenían un acuerdo que limitaba la producción de cada una, para controlar la cantidad de pollo producido y ofrecido al mercado interno, y de esta forma, regular artificialmente los precios.

2.- En qué consistía el acuerdo: El requerimiento ante el TDLC señala que las firmas se asignaban “cuotas en el mercado de producción y comercialización” del pollo, la carne más consumida por los chilenos. El año 2010 se procesaron 482.631 toneladas del producto.

3.- Quién organizaba el sistema: las pruebas apuntan a la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA), encabezada por Juan Miguel Ovalle. La APA era la encargada de enviar informes semanales a las tres asociadas, que les permitían supervisar que el nivel de producción se mantuviera dentro de lo acordado. Este modo de operar se mantendría desde hace una década, al menos.

4.- Pruebas contra los coludidos: La FNE apunta a las proyecciones de demanda que la Asociación entregaba a fines de año a cada una de las firmas, que eran utilizadas para determinar la producción de las mismas. Se requisaron varios correos electrónicos entre Ovalle y las avícolas, donde el primero pide a las firmas que disminuyan su oferta en tiempos de menor demanda. Otro mensaje, firmado por el gerente general de Don Pollo, Ramón Covarrubias Matte, reconoce explicitamente la situación al afirmar que “con Ariztía y Agrosuper tenemos una asociación gremial muy fuerte, a través de la cual hemos logrado acuerdos con respecto a lo que le corresponde a cada uno en el mercado. No nos vamos a quemar por un 1% más”.

5.- Multas a las que se exponen: la FNE solicitó el máximo establecido por la ley, que asciende a 30 mil Unidades Tributarias Anuales, es decir, unos 27 millones de dólares. Para la APA, se pidió una sanción de 20 mil UTA, equivalentes a US$18,2 millones. El ente fiscalizador afirma que, pese a la elevada cuantía de las multas, las ganacias de las firmas involucradas sobrepasan largamente las cantidades indicadas.