Caso La Polar: Tribunal impone prohibición de traspaso de bienes de imputados
La medida solicitada por el abogado Davor Harasic busca "garantizar el resultado de futuras demandas de indemnización de perjuicios en contra de los ex ejecutivos".
El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago concedió las medidas cautelares solicitadas por La Polar, en virtud de la cual se prohíbe la celebración de contratos respecto de diversos inmuebles de propiedad de tres de los imputados en el caso: el ex presidente de la multitienda, Pablo Alcalde, la ex gerente de Administración; María Isabel Farah y el ex gerente de Finanzas, Santiago Grage.
La medida, sin embargo, no afecta al ex gerente general, Nicolás Ramírez, ni al ex gerente de servicios financieros, Julián Moreno, por no haberse acreditado “el dominio de los bienes respectivos”.
El fallo señala que “atendido lo solicitado por la querellante en representación de La Polar y habiéndose acreditado presunción grave del derecho reclamado, visto lo dispuesto en los artículos 157 del Código Procesal Penal y artículos 287, 290 número 4 y 296 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la medida cautelar real de prohibición de celebrar actos o contratos sólo respecto de los bienes inmuebles cuya propiedad se ha acreditado y que a continuación se detallan, por un monto de $ 3 mil millones”.
Como consigna La Segunda, respecto de Pablo Alcalde, la medida afecta a tres inmuebles. Dos de ellos se encuentran en Lo Barnechea, en calles Santa Blanca 2390 y El Roquerío 2415, mientras que el otro está en Morro Norte, Zapallar.
En el caso de María Isabel Farah, la prohibición recae sobre 5 inmuebles: un departamento en Av. Américo Vespucio, otro ubicado en calle Soto Il Monte 1839, Vitacura, otro en calle Hipólito Olivares 72, Estación Central, otro en Mardoñal 8249 Las Condes, y otro en Mardoñal 8295, Las Condes.
Santiago Grage, por su parte, sólo vería afectado el inmueble localizado en Condominio Mirador San Damián, Las Condes.
El abogado Davor Harasic, al fundamentar la medida cautelar, indicó que con ella se “busca garantizar el resultado de futuras demandas de indemnización de perjuicios en contra de los ex ejecutivos que serán formalizados, y el pago de las cuantiosas multas a las que podrían ser condenados”.
Los cinco ex ejecutivos fueron formalizados el pasado 14 de diciembre por delitos de la Ley de Mercado de Valores, en la Ley General de Bancos y por Lavado de Activos.
