Senador Tuma pide a Fiscalía investigar sistema comercial clandestino de morosos
El parlamentario, miembro de la comisión de Economía, sostuvo que "de comprobarse estos graves hechos, podríamos estar frente a un delito de asociación ilícita donde se organizan las entidades para poder mantener un sistema de datos personales de los clientes de entidades financieras que ha afectado la vida comercial, laboral y personal de millones de consumidores".
El senador Eugenio Tuma (PPD) ingresó este viernes en la Fiscalía local de Temuco una denuncia contra todos quienes resulten responsables en la participación, difusión, mantenimiento, publicación y almacenamiento de sistema de información comercial paralelo de morosos, el cual fue declarado recientemente por la Corte de Apelaciones de Santiago como “ilegal, clandestino y arbitrario”.
El parlamentario, miembro de la comisión de Economía, sostuvo que “de comprobarse estos graves hechos, podríamos estar frente a un delito de asociación ilícita donde se organizan las entidades para poder mantener un sistema de datos personales de los clientes de entidades financieras que ha afectado la vida comercial, laboral y personal de millones de consumidores”.
Ejemplificó con el caso de Myriam Aguirre, a quien -según la denuncia- se le negó un crédito hipotecario, donde el banco utilizó información comercial caducada, la cual era mantenida vigente en una base de datos y que, según el fallo de la Corte de Apelaciones -tras un recurso de protección- ésta es de carácter ilegal y clandestina, de acuerdo a lo informado.
Para Tuma, aquí existe “un eventual atentado al orden social y frente a quienes mantengan, participen o avalen este sistema, el código penal dispone la pena de cancelación o disolución de la personalidad jurídica, en este caso, del banco que mantiene la información clandestina”.
El senador comentó que “hay miles de clientes a quienes la banca le rechaza sus solicitudes de créditos y operaciones financieras, de manera arbitraria e ilegal”, a pesar de no tener registro de deudas en los boletines comerciales.
Agregó que “esta es una práctica contraria a la ley de protección de datos personales, por lo que esperamos que la Fiscalía actúe de oficio en esta investigación para determinar las responsabilidades de personas e instituciones que amparan, legitiman y avalan este sistema engañoso y secreto que tanto daño le ha hecho a consumidores y emprendedores del país”.
