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17 de Julio de 2012

La solicitud que enfrenta al hermano de Piñera con la Contraloría

El presidente del BancoEstado afirma que la entidad presidida por Ramiro Mendoza carece de atribuciones legales pedirle sus estados de situación financiera.

Por Redacción
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La negativa del gerente general del Banco del Estado, Pablo Piñera, a cumplir con la solicitud de la Contraloría General de la República que pide la entrega de los estados de situación financiera de la institución bancaria, mantiene en entredicho al hermano del Presidente de la República con la entidad encargada de velar por la legalidad de los actos de la Administración del Estado.

En un reciente oficio, la Contraloría  le habría solicitado este documento, que incluye los avances trimestrales del Banco, los estados de flujo, cambios de patrimonio neto, entre otros indicadores, consigna The Clinic Online.

La respuesta de Piñera argumenta que la entidad presidida por Ramiro Mendoza no tiene facultades legales para fiscalizar al BancoEstado. Únicamente la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), estaría autorizada por la ley para tener acceso a los documentos; esto en relación con las modificaciones legales que dejan al Banco fuera de las llamadas “empresas públicas”, tales como Ferrocarriles, Correos de Chile, etc.

Mendoza, sin embargo, sostuvo lo contrario en dictamen reciente, recordándole que la determinación le es obligatoria;  lo contrario implicaría violar el articulado de la Constitución Política que establece a la Contraloría como un organismo superior, encargado de velar por la recta aplicación de la legislación que recae sobre la Administración del Estado. Agrega que el BancoEstado no es una institución financiera privada como el Banco de Chile, el BCI; y que además, la Contraloría es la encargada de fiscalizar, legalmente, “la contabilidad general de La Nación”.

La disputa está lejos de acabarse. En la entidad bancaria, barajan diversas posibilidades, no descartando acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago, a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional, a fin de hacer prevalecer sus argumentos.

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