Ministra de Medio Ambiente y caso Castilla: “No comparto el razonamiento del fallo”
María Ignacia Benítez comentó el fallo de la Corte Suprema que paralizó el proyecto termoeléctrico. "Creo que la Corte no tiene la competencia técnica en esos temas para decir que esto es contaminante o no", sostuvo.
La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, se refirió a la decisión de la Corte Suprema que en el caso del proyecto termoeléctrico Central Castilla, señalando que a su juicio éste “incurre en errores”.
Benítez indicó que “el fallo se acata, pero no comparto el razonamiento del fallo. No estoy aquí para defender un proyecto determinado, sino que estoy por defender la institucionalidad ambiental”, agregó, en entrevista con El Mercurio.
“El racionamiento que hace el fallo habla de fraccionamiento de proyectos. La reforma a la Ley dice que el fraccionamiento de proyectos sólo está prohibido cuando se utiliza como una manera de no ingresar un tema al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), o sea que un proyecto que se fracciona para no ingresar algunas de las partes. Ahí se prohíbe el fraccionamiento“, explica la secretaria de Estado.
“La Ley también impide que tú eludas la forma de ingresar, es decir, que tú ingreses un proyecto a través de una declaración y no un estudio. En este caso se trata de una central y un puerto, y ambos ingresaron mediante estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, no hay vulneración ni infracción”, agrega titular de Medio Ambiente.
En la sentencia del máximo tribunal, argumentó la ministra, “hay una parte del proyecto que no fue evaluada, que es la conexión entre el puerto y la central, y el transporte de carbón y petróleo. Yo puedo garantizar que eso sí se evaluó y en su totalidad con línea base y los impactos que genera, por lo tanto ahí hay un error y ese es el problema que se genera”.
A juicio de Benítez, “la corte no debiera calificar, porque el único encargado de calificar y con la competencia para hacerlo es la autoridad sanitaria (…) Creo que la Corte no tiene la competencia técnica en esos temas para decir que esto es contaminante o no”.
La secretaria de Estado consideró, finalmente, que lo apropiado sería que los tribunales intervinieran “al final de la calificación. Yo me preguntó qué garantía constitucional se está violando al ingresar un proyecto que todavía no se ha terminado de evaluar. No puede haber a mi juicio una vulneración de una garantía constitucional. Imagínate un proyecto que tiene que pasar por una evaluación lleno de actos intermedios, la incertidumbre es tremenda si en cada uno de ellos se puede presentar un recurso, sobre todo si aún no se ha terminado de evaluar”.
