Tras polémico proceso firma chilena SQM se adjudicó el primer contrato de operación del litio
Con una oferta de $19.301 millones la firma, ligada al ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, accederá a explotar el equivalente a 100.000 toneladas por los próximos 20 años. El ministro de ramo se restó del proceso debido a que su hermano es parte del directorio de SQM.
Gracias a una oferta de $19.301 millones, la firma nacional, Sociedad Química y Minera de Chile (SQM o Soquimich) se adjudicó este lunes la primera licitación para la operación de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL); así SQM podrá explotar el equivalente a 100.000 toneladas por los próximos 20 años en cualquier área del país con la sola excepción de las concesiones constituidas conforme al Código de Minería de 1932.
La información fue entregada en el Ministerio de Minería por el subsecretario de la cartera, Pablo Wagner, en el marco de la anunciada apertura de las ofertas, según consigna el DF.
Cabe apuntar que la SQM está vinculada con el ex yerno de Augusto Pinochet, el empresario, Julio Ponce Lerou.
La firma nacional se impuso a las otras dos ofertas entregadas por el consorcio coreano-japones, Posco Consortium, integrado por Posco Ltd, Mitsui & Co Ltd, Daewoo International Corp y Minera Li Energu Spa que ofreció $ 8.256 millones y a los $2.750 millones ofrecidos por la Sociedad legal minera NX Uno de Peine, vinculada al empresario Francisco Javier Errázuriz.
Cabe apuntar que la firma deberá entregar al Estado chileno un pago especial, que corresponde al 7% del valor de las ventas anuales de la explotación.
De cara a las recaudaciones que se espera obtener, se estima que el gravamen de 7% y los demás impuestos relacionados con la explotación permitirían una recaudación en torno a los US$350 millones en el período del contrato por cada uno de los proyectos que se ejecuten.
Wagner llamó a la firma ganadora a “implementar con rapidez el proyecto y de buena forma para hacer de Chile un país líder en la producción de Litio”.
Un proceso salpicado por controversias
El citado proceso de licitación para el otorgamiento de los derechos de explotación del mineral, no estuvo exento de controversias. Luego de que el pasado 12 de junio, el mismo Wagner diera el puntapié inicial, la reacciones de rechazo de la oposición y los trabajadores del sector no se hicieron esperar.
Desde la Concertación, se emplazó al ministro de Minería, Hernán de Solminihac, debido a un posible conflicto de interés, ya que su hermano, Patricio de Solminihac, participaba precisamente del directorio de SQM como subgerente general. Con réplica el Gobierno a través de su vocero, Andrés Chadwick defendió lo que definió como “un emprendimiento para explotar una riqueza que permitirá que el país avance”, al tiempo que precisó que “el propio ministro de Minería ha renunciado a toda participación o acción en relación a este futuro proyecto, una riqueza que teníamos ahí y que no la estábamos aprovechando”.
A continuación, a fines de julio, los senadores Isabel Allende (PS), Ximena Rincón (DC), José Antonio Gómez (PRSD), Pedro Muñoz (PS), y Jaime Quintana (PPD); junto con el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza y su par de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo de Chile (Fenatrapech), Pedro Fierro, presentaron ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago una acción de nulidad de derecho público que busca detener e invalidar el proceso.
El abogado contitucionalista a cargo de la acción judicial, Patricio Zapata, explicó que “la concesión no se puede hacer porque la Constitución lo prohibe, lo que se está haciendo es una licitación para unos contratos especiales que violan la ley, entonces el fondo es que las cosas se hagan de acuerdo a la ley y nosotros esperamos que los tribunales de justicia, como lo han hecho en otras materias, velen porque se cumpla la ley”.
Justamente el pasado viernes 21 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago designó al ministro y ex presidente del tribunal de alzada, Jorge Dahm, para que tramite la demanda presentada por los legisladores y trabajadores.
Cabe recordar que el 6 de agosto pasado, la magistrada del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Jenny Book, se declaró incompetente para instruir la causa.