Opositores a HidroAysén inician nueva ofensiva de cara a la judicialización del proyecto

El Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) junto a los habitantes de la región de Aysén y los pobladores amenazados con ser relocalizados iniciaron una nueva ofensiva de cara al Comité de Ministros. Y es que en diciembre próximo se definiría la posición del Gobierno de cara al polémico proyecto y las reclamaciones presentadas por las partes involucradas.

Quienes se opone al proyecto hidroeléctrico han exigido transparencia e igualdad ante la ley en la tramitación de la iniciativa y en la decisión que se adopte en Santiago, al tiempo que han subrayado que este acto administrativo abre una de los escenarios más resistidos por el gobierno y los empresarios: un retorno a la judicialización del proyecto de represas en Patagonia, consigna Bíobío.

En esta línea, el pasado 31 de octubre, Patricio Rodrigo secretario ejecutivo del CDP, hizo llegar una carta a la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, requiriendo “indicarnos cuáles órganos del Estado, en virtud de cuáles facultades legales y siguiendo qué procedimientos específicos se está realizando tal fiscalización, y evaluando… la información hasta ahora aportada por el titular.”

A través de esta exigencia los opositores apuntan a la serie de incumplimientos en lo que ha incurrido HidroAysén a más de un año y medio de la aprobación del proyecto y que le han valido incluso una sanción por parte de Comisión de Evaluación Ambiental.

En la misiva también se exige que “todos los documentos, vinculados al proyecto HidroAysén, sean dispuestos cuanto antes en la página electrónica del Servicio de Evaluación Ambiental”; además se solicita que “se notifique personalmente a los afectados directos, en particular las personas que están sujetas al plan de relocalización”, y “que se establezcan las instancias pertinentes para una adecuada participación de la ciudadanía en la evaluación de las condiciones puestas al proyecto y la ponderación de los documentos presentaos por la empresa.”

A su turno los dirigentes de diversas organizaciones regionales enviaron una carta en el mismo tono a la ministra Benitez, entre los firmantes se cuenta a Ninoska Vera, Francisco Croxatto, Alejandro del Pino, Miriam Chible, Peter Hartmann, Christian Medina, Tamara Ulrich y Patricio Segura.

En la carta, luego de explicar los elementos que convierten en “anómalo, inconstitucional e ilegal” la aprobación de HidroAysén, los dirigentes advierten que “… nos reservamos el derecho a recurrir a todas las instancias judiciales y/o administrativas en orden a que [la autorización] sea dejada sin efecto”.

Información pública y participación ciudadana

Los firmantes de esta última misiva además despacharon otra al Comité de ministros con miras a conseguir que se abra un periodo de información pública y de participación ciudadana respecto de la reclamación de HidroAysén, que exige eliminar o modificar condiciones impuestas al proyecto, tales como el financiamiento de plan de marketing turístico, así como rebajar la tarifa eléctrica, asegurar la navegabilidad del río Baker, y modificar el plan de relocalización, entre otras.