Justicia de Pakistán anula una concesión minera de Antofagasta y Barrick
La sentencia del Tribunal Supremo señala que el acuerdo firmado en 1993 para explotar una importante veta de oro y cobre situada en la zona de Reko Diq incurrió en varias irregularidades que invalidan en origen la licencia, concedida inicialmente a la empresa BHP, con sede en EE.UU.
El Tribunal Supremo de Pakistán declaró (TS) este lunes ilegal y nula la concesión minera asumida por una sociedad con capital chileno para la explotación de una de las mayores vetas de cobre y oro del mundo, situada en el oeste paquistaní.
Según la sentencia, el acuerdo firmado en 1993 para explotar una importante veta de oro y cobre situada en la zona de Reko Diq incurrió en varias irregularidades que invalidan en origen la licencia, concedida inicialmente a la empresa BHP, con sede en EEUU.
Tras dos lucrativos traspasos entre compañías que nunca iniciaron los trabajos de prospección, la licencia fue adquirida por la chilena Antofagasta Minerals y la canadienseBarrick, que crearon una sociedad de riesgo compartido, Tethyan Copper Company (TCC).
TCC, registrada en Australia, anunció tras adquirir los derechos de explotación su intención de trabajar tan solo en un área de 900 kilómetros cuadrados, lejos de los 13.000 previstos en la primera licencia concedida en 1993.
La zona minera de Reko Diq, objeto del litigio, está situada en la conflictiva región de Baluchistán y, según medios locales alberga una de las mayores vetas mundiales de cobre con contenido de oro.
Su explotación ha sido objeto de disputas legales durante años y ha llevado a la apertura de diligencias en varias instancias judiciales del país asiático, que finalmente han derivado en la sentencia dictada hoy por el Supremo.
El texto promulgado por el TS detalla que la primera concesión entre BHP y el Gobierno de Baluchistán era irregular en cuanto al terreno concedido -mayor de lo que autoriza la ley- y que varias instancias administrativas habían expresado objeciones al acuerdo.
Las disputas quejas de las autoridades se habían hecho extensivas el año pasado a la sociedad chileno-canadiense TTC, acusada por el Gobierno regional de no hacer uso de la licencia concedida y de causar pérdidas al erario público por impuestos no recaudados.
Según el Supremo, TTC ya no tenía derecho alguno sobre la zona minera concedida debido a la nulidad de la licencia.
