Votación de carretera eléctrica se aplaza a marzo: Hidroaysén seguirá esperando
"No podemos legislar sobre iniciativas surgidas de la comisión asesora presidencial para el desarrollo eléctrico, donde participaban muchos de los mismos actores que controlan el mercado eléctrico y que esperan ser beneficiados", apuntó el senador Alejandro Navarro.
Luego de que el Gobierno optara por quitarle la suma urgencia a la discusión y votación del controvertido proyecto de carretera eléctrica, el senador del MAS e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Alejandro Navarro, definió la decisión como “prudente”, al tiempo que agregó que “de lo contrario, nos obligaba a explicitar nuestra decisión de votar en contra, porque todavía hay muchas dudas que despejar, pues solo sigue pareciendo un traje a la medida del proyecto Hidroaysén que deberá seguir esperando, esperamos, por mucho tiempo”.
A juicio del parlamentario “claramente no era el mejor momento para ponerle urgencia, considerando que estamos ad portas del receso legislativo y menos, cuando el proyecto de concesiones eléctricas acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados, cuestión que al gobierno le interesa hacer coincidir pese a que los impactos sobre comunidades indígenas, sitios turísticos, empresarios agrícolas y terrenos públicos”.
Navarro sostuvo que “no podemos llegar y legislar sobre iniciativas surgidas de la comisión asesora presidencial para el desarrollo eléctrico, donde participaban muchos de los mismos actores que controlan el mercado eléctrico y que esperan ser beneficiados con estas medidas. No por nada estas dos propuestas legislativas son conocidas como las leyes Hidroaysén. Y nosotros, está claro, no queremos que el Estado sacrifique las reservas naturales de la Patagonia en favor del negocio eléctrico. Queremos una ¡¡Patagonia sin Represas!!”
“Habemos muchos que no queremos que se siga legislando sobre distintas materias que benefician a distintos sectores productivos y empresariales, mientras siga pendiente, por ejemplo, la obligación de consultar a los pueblos originarios, tal cual lo establece el Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile hace casi ya cinco años. No queremos que se repita lo que ocurrió en la discusión de la Ley de Pesca, que por esa razón está todavía en el Tribunal Constitucional”, subrayó.
Alejandro Navarro indicó que “por lo mismo nos preocupa que en el contexto de la discusión de estos proyectos, el ministro de Energía anuncie que han abierto una licitación por casi 40 millones de pesos, que se adjudicará el próximo 14 de febrero, para estudiar las “implicancias” para la generación y transmisión eléctrica del Convenio 169 de la OIT, como si eso no estuviera suficientemente claro ya”.