Dueño de Eurolatina arriesga penas de cárcel por nuevos delitos de estafa
Manuel Ibarra, abogado querellante en el caso Eurolatina, se refirió a la detención de Marcos Elgueta, indicando que el funcionamiento de sus flamantes financieras informales le hacen arriesgan nuevas penas de cárcel.
Marcos Elgueta Cárcamo, uno de los dueños de la conocida financiera Eurolatina, arriesga una pena de cinco años de cárcel por nuevos delitos de estada y usura tras ser detenido por operar dos nuevas empresas de créditos informales como son Los Queñes e Hippocapital.
“Por operar delitos reiterados arriesga (Elgueta) una pena de crimen, que va de cinco años y un día hacia arriba, y eso se sumaría a la condena que ya tiene por la Corte Suprema“, explicó este miércoles el abogado Manuel Ibarra, querellante en el caso Eurolatina, a Cooperativa.
Elgueta, quien ocupaba el nombre de Exequiel Andrade para seguir operando sus financieras, fue detenido este martes por la PDI y quedó con prisión preventiva, en tanto que su esposa, Isabel Urra y su cuñada Pamela Olivares recibieron arresto domiciliario por su calidad de cómplices por la estafa que afecta a cerca de mil víctimas.
El abogado dejó en claro que “me alegra la actitud del Ministerio Público contra estas personas para poder poner, en definitiva, término al abuso de estas empresas informales”.
“Los abogados y juristas no entendemos que quienes tienen que prohibir este tipo de actividades ilícitas –el Poder Legislativo- no lo hacen. Resulta que acá se puede condenar a representantes de una empresa que esté cometiendo delitos y lisa y llanamente constituyen otra empresa y con palos blancos, con su señora, siguen cometiendo el mismo ilícito“, denunció.
“La Ley de Operaciones de Crédito y Dinero fue creada para los bancos e instituciones financieras, pero los legisladores parece que no advirtieron que de esa ley se podían colgar inescrupulosos para prestar dinero a gente de escasos recursos. No hay ninguna prohibición u obligación para estas empresas informales para que se sometan a la fiscalización de la Superintendencia”, resaltó el letrado.