Cronología de una administración irregular: La caída de Julio Pereira

La relación de Julio Pereira con la auditora Price Waterhouse Coopers le penó desde un principio. El haber prestado servicio en la empresa encargada de prestar asesorías a grandes empresas fue motivo de cuestionamiento, ya que no se veía bien que un ex funcionario de esas firmas llegará al organismo encargado de velar porque ellas cumplan con sus compromisos tributarios.

El 2010 un reportaje de The Clinic aseguró que: “Tanto Julio Pereira como Mario Vila se encuentran en la situación que describe el artículo número 12 de la ley 19.880 de Procedimientos Administrativos, que dice que es causal de abstención de actos administrativos el ‘tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”.

En febrero del 2011, los funcionarios del SII dispararon el primero de los muchos balazos dirigidos a Pereira en su estadía en el cargo: interpusieron un recurso de protección en contra del Director ante la Corte de Apelaciones de Santiago por los descuentos en remuneraciones que les había hecho luego de, según ellos, haber participado en movilizaciones. A ese recurso se sumó otro presentado por la Asociación Nacional de Fiscalizadores, ambos recursos fueron acogidos en septiembre del mismo año.

Aunque finalmente la Corte le encontró la razón a Pereira, los cuestionamientos siguieron presentes luego que se supiera que la secretaria de una de las juezas de la Corte que votó a favor del Director, había sido contratada en el SII en noviembre del 2011 para trabajar en la división del organismo encargada de presentar los recursos de protección, según informó El Mostrador. Además, se supo que la misma jueza, María Eugenia Sandoval, había sido la jefa de Pereira en Price Waterhouse.

El 24 de junio del 2011, Julio Pereira se preparaba para analizar el escándalo de La Polar, cuando los funcionarios volvieron a la carga: ahora acusaban que Pereira presentaba un conflicto de interés por su anterior trabajo en Price Waterhouse Coopers, la auditora que había omitido en sus estudios las irregularidades de la multitienda en las comisiones que le cobraba a sus clientes por el uso de la tarjeta de crédito.

Un año después, el 02 de junio del 2012, el vespertino La Segunda lanzó un golpe que apuntó indirectamente al entonces Director Pereira. La investigación del periódico daba cuenta que los perdonazos tributarios a grandes empresas se habían quintuplicado entre 2010 y 2011, y que Johnson´s había sido la “gran favorecida” con una condonación de 59 mil millones de pesos.

Los antecedentes respecto al caso del perdonazo a Johnson´s empezaron a explotar por distintos frentes y en el Congreso se levantó una Comisión Investigadora, presidida por el DC Fuad Chahín, para indagar lo sucedido en el caso. En esa instancia parlamentaria surgieron antecedentes claves, incluso recogidos por el informe de la Contraloría que terminaría sepultando a Pereira, como el reconocimiento que hizo el mismo Director de que había aprobado en teoría la condonación a la multitienda.

En la misma Comisión Investigadora entregó su testimonio la ex directora de la Unidad de Grandes Contribuyentes, y funcionaria de carrera del servicio con 33 años de experiencia, Mirtha Barra, quien aseguró que Pereira, junto al subdirector jurídico del organismo Mario Vila, habían participado en el proceso de condonación, a pesar de presentar conflicto de interés por su anterior trabajo en Price Waterhouse.

En octubre del 2012 asistió a la Comisión el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que tener “el convencimiento que el SII actuó dentro de la ley”. 

En enero del 2013 un primer informe de la Contraloría determinó que sí había existido conflicto de interés por parte de Pereira y Vila en el llamado perdonazo, por lo que ordenó un sumario administrativo para determinar lo que había sucedido. Lo que generó un vendaval político donde tanto los funcionarios del SII, como los parlamentarios de oposición salieron a exigir la renuncia de Pereira.

En medio del escándalo político, un reportaje de la revista Qué Pasa reveló que Pereira mantenía un contrato de arriendo con el multimillonario empresario Horst Paulmann, que le generaban un ingreso de 22 millones de pesos mensuales. El arriendo era por un terreno de 51 mil metros cuadrados en la esquina de Bilbao con Padre Hurtado, en la comuna de Las Condes. En su momento Pereira se mostró ofendido: “Vincular este contrato de arriendo con el caso Johnson’s es una muestra de mala fe”, declaró. El subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, señaló en esa ocasión: “Julio Pereira cumplió fielmente con la ley al informar del arriendo de una propiedad familiar”.

A fines del mismo enero del 2013, el portal Poderopedia reveló que Pereira mantiene acciones en la multitienda Ripley por 39 millones de pesos. Nuevamente se generó una avalancha de críticas, ya que los controladores de esa multitienda eran los mismos ex dueños de Johnson´s, la familia Calderón, los que se vieron favorecidos por el perdonazo de 59 mil millones aplicado desde el SII, ya que les permitió vender Johnson´s a Cencosud, la que a su vez controla Paulmann. Los conflictos de Julio Pereira aparecían por todos lados.

Después de conocidos esos antecedentes en La Moneda evaluaron su salida, aunque finalmente la desecharon acusando presiones por parte de Renovación Nacional. Sin embargo, el presidente Sebastián Piñera puso la cuota de incertidumbre al señalar que “no me gustó no ser consultado” por el proceso de condonación. En esa ocasión se señaló que La Moneda esperaría el informe de Contraloría para definir el futuro de Pereira. Ese informe se dio a conocer ayer, revelando una serie de irregularidades en su gestión. 

Un día después que se conociera el informe, Julio Pereira presentó se renuncia al cargo, finalizando su intervención con un: “Viva Chile”.