Los pecados de la Reforma Educacional

Mucho se ha criticado, desde diversos flancos, la propuesta del gobierno para reformar la educación chilena. Lo medular de la crítica desde la oposición se ha centrado en que el proyecto no parece poner énfasis en la calidad de la educación sino más bien sólo en la variable de la gratuidad y la desprivatización. Por su parte, desde el propio conglomerado de gobierno también ha habido críticas, particularmente respecto del rol que el Estado debe tener en la estructura de propiedad de los establecimientos.

Sin embargo, la reforma educacional se está planteando como un proceso de largo aliento, lo que resulta consistente con la natural complejidad del fenómeno educacional. Por tal razón no podemos esperar que con la primera intervención se pueda dar respuesta a todos los problemas de una sola vez. El punto radica entonces en cómo definimos la gradualidad y la secuencia de las etapas, qué aspectos son los que deben ser atacados, en qué orden y prioridad se abordarán, en cuánto tiempo deben realizarse.

Tal vez un gran pecado del gobierno es que no ha sido explícito respecto de estos puntos, por lo que hoy no disponemos de una mirada global que nos permita poder evaluar, a modo de hoja de ruta, cuál será el real alcance de esta reforma. Poco ganamos remitiéndonos al programa de gobierno para salir de esta duda puesto que, al ser un documento general y declarador de principios, poco nos orienta respecto de cómo y en qué se traducirán en la práctica conceptos como la calidad, la gratuidad y la equidad de la educación.

Para algunos esto despierta la sospecha de que estemos en presencia de una improvisación, que el gobierno en realidad no sabe cómo proceder en este tema y que, por lo tanto, se limita a dar respuesta a las demandas más manifiestas de los movimientos estudiantiles. Para otros se trata de una estrategia conciente de buscar eliminar la educación privada, pero sin interés de mejorar de verdad la calidad de la educación, como si la intervención se limitara solamente al contenido de esta primera reforma. Creo que en ambos casos no se reconoce la verdadera dimensión de complejidad del sistema educacional, donde existen múltiples actores con los cuáles negociar y ámbitos sumamente difíciles de poder abordar; lo que pudo haber llevado al gobierno a la conclusión de que resultaría poco conveniente abrir de entrada todos estos flancos de discusión.

Pero aún sin conocer todos los alcances que tendrá la reforma, al menos ya no existe duda de cuál ha sido la primera jugada del gobierno. La ficha movida propone la eliminación del lucro, del copago y la selección. Cabe entonces preguntarse si se constituye o no en una buena elección para comenzar la partida.

Claramente no es un ataque directo al problema de la calidad, cosa que critica la oposición, pero ¿resultaría acaso posible enfrentar la calidad sin un cambio previo en las condiciones estructurales del sistema? ¿Qué calidad es posible lograr si buena parte de los recursos que pudieran contribuir a aumentarla pasan a ser utilidades del propietario? ¿Qué calidad se puede lograr si el sistema es segregante, permitiendo que pocos alcances un alto nivel de educación a costa de dejar a muchos en la precariedad? Afectar el concepto de lucro y la selección parece ser entonces un muy buen primer paso a dar. Es mover una ficha importante que abre juego en el tablero, puesto que modifica el contexto general en el que se debe dar el proceso educativo.

La gran duda que en lo personal abrigo es cuál será el efecto de esta reforma asumiendo que abarcará sólo a la educación pública. Vivimos en un sistema de mercado que ha teñido directamente la manera de entender a la educación también como un producto de consumo. Por décadas hemos ido creando una forma de relacionarnos con lo educativo como si se tratara de otro bien más. El poder está en el consumidor y en su capacidad de adquirir monetariamente los productos y servicios que estime conveniente. Por lo que una reforma educacional que sólo apunte a afectar al ámbito público, dejando sin ningún cambio al sector privado, no modificará dicha manera mercantil de entender la relación del individuo con el sistema educativo.

Y ese es quizás el mayor pecado de la Reforma Educacional, que en esencia no altera las reglas del juego para todos, al no modificar el contexto tanto para lo público como para lo privado, sino que más bien pretende cambiar el todo afectando sólo a una de sus partes, la educación pública

Hacer desaparecer el lucro en la educación subvencionada, obligando a convertir en fundaciones la propiedad de los establecimientos, impulsará a los actuales sostenedores a tener que definir su carácter como público o privado. Quienes opten por ser fundaciones se sumarán a lo público, y quienes no lo hagan se convertirán en privados. En la práctica se establecerá una división muy marcada entre la educación pública y la privada, siguiendo cada una canales completamente diferentes.

El problema es que la ciudadanía durante décadas ha ido construyendo en su ideario sobre educación la relación “público/baja calidad” – “privado/alta calidad” ¿cómo será entonces su comportamiento en este nuevo escenario? Mi impresión es que mientras no se observe un aumento real de la calidad en la educación pública, la ciudadanía continuará prefiriendo la privada. Y dado que no es esperable que dicha mejora ocurra en el corto plazo, posiblemente seamos testigos de un fortalecimiento inicial de la educación privada en desmedro de la pública, a la cuál seguirán accediendo quienes no puedan optar económicamente a una alternativa privada. ¿Cuánto durará este proceso? Esperemos que no mucho, para lo cual el tema de la calidad deberá abordarse lo antes posible y ojalá, en el mejor de los casos, se alcancen los acuerdos políticos para enfrentar de verdad el problema educativo con mirada país, como un todo global y no sólo de manera parcial. Es demasiado lo que está en juego como para seguir apegados a mezquinos intereses.