AFP Estatal: un elefante blanco

La Presidenta Bachelet, con el fin de dar cumplimiento a sus compromisos para los primeros cien días de gobierno, acaba de ingresar al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea una AFP estatal.

Durante estos meses se ha podido apreciar cómo se ha ido ajustando el discurso que justifica la existencia de esta iniciativa. Primeramente, se dijo que una AFP estatal respondía a la idea de que sólo un ente público podía garantizar una rebaja sustantiva en las comisiones que se cobran a los afiliados, así como la ampliación de la cobertura del sistema de pensiones, argumentos que han perdido su fuerza atendido los últimos acontecimientos.

Así las cosas, el Gobierno ha vuelto a dar un nuevo perfil a su discurso, esgrimiendo que esta iniciativa daría “legitimidad al sistema de AFP” y “restablecería la fe pública en materia de pensiones”, argumentos que en resumidas cuentas obedecen a la ideología imperante que implica que el Estado debe intervenir con fuerza en el mercado. No es extraño pensar que en el futuro se debiera crear un supermercado estatal o una compañía de seguros de propiedad del Estado o de Corfo. Así, la pregunta del millón es si ¿Es esta la dirección que queremos que nuestro país adopte?

Hace algunas semanas, el Ejecutivo señaló que la AFP estatal daría cobertura a sectores que no serían de interés de la industria, dentro de los que destacan los trabajadores independientes, aquellos con rentas bajas, mujeres y personas que trabajen lejos de los grandes centros urbanos. Llama la atención lo imprecisa de esta afirmación, pues los trabajadores independientes que perciben rentas por boletas de honorarios cotizarán obligatoriamente desde el 2015, y además que, por disposición del DL 3500 todo trabajador que preste servicios bajo dependencia y subordinación debe cotizar en una AFP, afiliación que es automática y obligatoria y que no depende del valor de la remuneración, el sexo ni el lugar de trabajo del afiliado.

El problema sí existiría respecto de algunos tipos de trabajadores independientes que no están obligados a cotizar, los cuales debieran incorporarse al sistema mediante eficientes programas de educación previsional a fin de que coticen por la cantidad que les asegure una tasa de reemplazo acorde con sus ingresos mensuales.

Finalmente, el argumento de moda es señalar que contribuirá a generar mayor competencia, la cual gracias al sistema de licitación de carteras de nuevos afiliados, ha queda en duda, toda vez que se ha alcanzado en pocos años una rebaja sustantiva en las comisiones, lo que ha quedado de manifiesto recientemente con la adjudicación de Plan Vital ,quien ofertó una rebaja de comisión desde 2,36% a 0,47%, después de este hecho, ¿será posible mayor competencia?

Además, una AFP estatal más que beneficios genera muchas dudas y temores en materia de gobierno corporativo, competencia desleal, posible conflicto de interés en materia de inversión de los fondos de los afiliados en instrumentos de deuda pública y en el rol fiscalizador de la Superintendencia de Pensiones.

En resumen, y pensando en la mayor inquietud de los cotizantes cual es alcanzar una tasa de reemplazo más acorde con el promedio de remuneración, las medidas debieran ir por revisar la edad mínima de jubilación, el aumento de la cotización mínima obligatoria, la promoción de los ahorro provisionales voluntarios, la mejora del pilar solidario, la generación de incentivos para cotizar, todo acompañado de una adecuada educación previsional de los cotizantes.