No más archivos secretos

En Chile hoy existen restricciones político-legales que impiden el acceso a archivos que contienen información importante relativa a violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet. Dichas restricciones son graves porque suponen la aplicación de lógicas secretistas y antidemocráticas a colecciones documentales generadas o conservadas mediante recursos públicos; también porque actualizan de manera ignominiosa el afán de la dictadura de obstaculizar el esclarecimiento de los hechos y la acción de la justicia, lesionando así los fundamentos de nuestra convivencia democrática. A más de veinte años de iniciada la transición, seguimos atados a prácticas que fomentan la desinformación y validan la impunidad. 

Con el fin de derogar esas trabas y rehabilitar el libre acceso a dichos registros, Londres 38, espacio de memorias lleva adelante la campaña “No más archivos secretos”, inaugurada en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado y que en enero de 2014 presentó ante las autoridades las firmas de los primeros 1.500 adherentes, a los que se suman varias agrupaciones e instituciones. Tres son los cuerpos documentales a los que apunta la iniciativa:

1) los archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig), regulados por cláusulas de confidencialidad parcial, y los de las Comisiones sobre Prisión Política y Tortura (Valech I y II), sujetos a reserva total por un plazo de 50 años;

2) los más de 45.000 archivos incautados en 2005 en la ex Colonia Dignidad, que permanecieron por nueve años como “secreto de Estado” y que el juez Jorge Zepeda entregó en abril de 2014 al Instituto Nacional de Derechos Humanos para su clasificación; y

3) los archivos de la policía secreta, de las Fuerzas Armadas y de Orden y de los organismos de inteligencia, que en la coordinación burocrática de sus actividades de represión y tortura generaron información cuyo paradero es desconocido y sobre la que no hay registros que acrediten su destrucción.

Exigir la apertura de estos archivos es un imperativo que responde a necesidades históricas y ciudadanas. El alcance de las primeras es, a estas alturas, evidente. Si bien en la última década las investigaciones referidas al pasado reciente se han multiplicado, el conocimiento que hoy tenemos de la dictadura, de sus rutinas y atrocidades, está lejos de ser completo. Entre otros factores, ello remite al problema de los archivos, que en su contenido siempre definen lo abordable y permiten imaginar lo que resta por conocer. Esta reflexión parece atingente cuando pensamos sobre todo en el tercer cuerpo documental de la campaña, los archivos de las Fuerzas Armadas y los organismos de represión y tortura. Aunque las autoridades correspondientes insisten en que tales colecciones no existen o fueron destruidas, hay indicios suficientes para creer lo contrario y perseverar en las demandas por ubicación, desclasificación y apertura.

Argentina ha ofrecido recientemente un ejemplo alentador. A fines de octubre de 2013, mientras se realizaban trabajos de mantención en el subsuelo del edificio Cóndor, sede central de la Fuerza Aérea, fueron encontrados cerca de 1500 archivadores con documentos generados por las juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983. Entre las piezas figuraban 280 actas de las reuniones de los jefes militares, las “listas negras” de artistas, comunicadores e intelectuales, documentos de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, solicitudes de familiares de desaparecidos y algunos registros relativos a la política económica de la dictadura. Se trata de un hallazgo de un valor histórico y judicial inmenso que puede significar un avance no menor en la búsqueda de verdad y justicia entre los argentinos. Para nosotros el hecho tiene un sentido algo distinto. Es una muestra de que los vestigios del pasado pueden estar ahí, en habitaciones olvidadas como aquella del edificio Cóndor, y esa mera posibilidad nos obliga a redoblar los esfuerzos y reinstalar las demandas por la socialización de lo que permanece oculto o en secreto. Tal como lo planteó Agustín Rossi, ministro de Defensa argentino, “la expectativa que todos mantenemos acerca de que pudiese seguir existiendo documentación (sobre el accionar de la última dictadura cívico-militar) no es en vano”. Huelga decir que todo lo encontrado se puso a disposición de la ciudadanía para consulta presencial y en línea, en el sitio web Archivos Abiertos, en un plazo inferior a seis meses.

La campaña “No más archivos secretos” también responde a necesidades ciudadanas. La construcción de una sociedad democrática supone que cada integrante tenga acceso a toda información que lo habilite para participar de manera activa en su comunidad política, más todavía si el horizonte compartido apunta a la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos. Reproducir prácticas restrictivas respecto a los insumos que nos permiten conocer el pasado no solo supone un retroceso para la democracia, sino también un riesgo para el futuro de ese proyecto. Aceptar la existencia de archivos secretos significa renunciar a una serie de derechos que desdibujan nuestra condición de ciudadanos y nos priva de herramientas para participar en términos equitativos en la definición de lo que está por venir. De cada uno de nosotros depende defender esos derechos y preservar esas herramientas.

Si desea adherir a la campaña “No más archivos secretos”, firme aquí.