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Actualizado el 25 de Noviembre de 2020

Poder para el pueblo 2.0

¿No deberíamos también pedirle al Fisco un esfuerzo serio de modernización que, entre otras cosas, erradique la cultura del trámite y reemplace la vieja lógica del temor al error por una de servicio? ¿No podría la eficiencia que caracteriza al Servicio de Impuestos Internos exportarse a muchas otras reparticiones del Estado?

Por Juan Pablo Bórquez Yunge
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Juan Pablo Bórquez Yunge es Economista (PUC) y Abogado (UCH). Asesor y consultor especialista en energía, negociación, competencia, finanzas y gobiernos corporativos. También ha sido académico de la Escuela de Derecho de la U. de Chile. Socio Principal de B Y Law & Economics@jpborquezyunge

Las dos grandes transformaciones que se debaten actualmente en el país (la reforma tributaria y educacional) hacen evidente , una vez más, la importancia de que las personas puedan contar con información suficiente y de calidad para formarse sus propios juicios, máxime cuando de trata de cambios que tendrán impactos muy significativos en lo inmediato y en plazos más largos.

Mi impresión es que la información sigue siendo objeto de excesivo filtro y es administrada en formas algunas veces sutiles  y otras no tanto. Frustra tener que admitir que no hay todavía suficiente confianza en la transparencia y la luz del día como los mejores aliados de las buenas políticas públicas. Sin embargo, la lucha contra la desigualdad requiere de mejores prácticas y aumentar el poder de escrutinio de las personas. Con ese norte me arriesgo a desafiar la coyuntura y a proponer dos iniciativas tendientes a hacer más democráticos y participativos un par de aspectos que son parte de los ámbitos tanto privado como públicos.

La primera de ellas tiene que ver con el mercado de capitales y los derechos de los accionistas minoritarios. Dado el estado actual de la tecnología nada impide que quienes posean acciones de una sociedad anónima puedan participar de sus decisiones y de su fiscalización en forma remota. De hecho así ocurre en muchos países. Además, en Chile se permite hace varios años sostener reuniones de Directorio a distancia sin la presencia física de algunos de sus miembros. Ello facilitaría la participación de un número muy importante de accionistas individuales  fortaleciendo su capacidad real para actuar como dueños ejerciendo su derecho a nombrar y fiscalizar a la administración. Ese mayor grado de escrutinio mejoraría la legitimidad  de una institución tan importante como el mercado de valores y posiblemente haría más difícil que escandalosos episodios como los que hemos visto recientemente se repitan con igual frecuencia e intensidad.

La segunda iniciativa  toca a lo público,  o más bien dicho,  al uso de los recursos públicos. A estas alturas del partido y en medio de la discusión de un aumento muy importante de impuestos, me atrevo a formular un par de preguntas: ¿No deberíamos también pedirle al Fisco un esfuerzo serio de modernización que, entre otras cosas, erradique la cultura del trámite y reemplace la vieja lógica del temor al error por una de servicio? ¿No podría la eficiencia que caracteriza al Servicio de Impuestos Internos exportarse a muchas otras reparticiones del Estado? Para un país como el nuestro que necesita de manera imperiosa elevar sus niveles de productividad hay aquí un desafío mayor. Para lograrlo el Estado debería explicitar criterios y estándares que emplea para la asignación de recursos y cómo evalúa la efectividad, impacto y resultados de tales asignaciones. Todos ellos deberían disponibles en forma abierta para su debido escrutinio por los ciudadanos.

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