Democratización y representatividad estudiantil en los tiempos del lucro

Comprender la educación como un derecho social, pareciera ser que no corresponde a un debate que podamos dar los estudiantes de la Educación Superior Privada (ESUP). Sin embargo, puedo decir con fuerza que justamente somos los que más elementos podemos entregar a esa discusión, ya que es en este sector donde más se vulneran los derechos de los estudiantes, no sólo poniendo precio al derecho a educarnos, sino también sufriendo persecuciones políticas, hostigamientos de parte de académicos y autoridades, agresiones verbales e incluso expulsión por el sólo hecho de organizarnos.

La creación de la mayoría de las instituciones de Educación Superior Privada trae consigo un peso antidemocrático, propio de la dictadura, y aquello aún se ve reflejado a pesar de que existan garantías constitucionales que avalan la libre asociación y expresión. La prohibición de agrupaciones políticas, culturales y representativas incluso están reglamentadas en las instituciones privadas, lo que se contrapone a todo principio democrático del país. Cotidiano es ver cómo se mandata a funcionarios a espiar a estudiantes organizados en este tipo de instituciones, donde incluso luego de  cada manifestación estudiantil, se averigua la lista de los estudiantes que optaron por salir a las calles para que éstos sean luego “castigados” académicamente, lo que evidencia las claras prácticas antidemocráticas, totalmente fuera de tiempo, que utilizan las autoridades para criminalizar la organización y la libre expresión de los estudiantes.

Por lo anterior es que nosotros, los estudiantes de instituciones privadas, miembros de la Confech y que formamos parte de la Organización de Federaciones de la Educación Superior Privada – OFESUP, venimos desde hace años demandando la eliminación de los artículos del DFL 2 del año 2009 que prohíben que los órganos representativos sean parte del Gobierno Universitario. Su derogación va en favor de la organización, no tan solo estudiantil, sino que también de los trabajadores y académicos, los que sufren constantemente prácticas antisindicales de parte de las autoridades.

Si bien, para nosotros no es suficiente la derogación de aquellos artículos del DFL2, puesto que no garantiza que no se siga criminalizando la organización en nuestros espacios, es un paso primordial para comenzar a legislar en positivo una verdadera ley, que sea parte de la Reforma Educacional. Para fortalecer la educación pública ésta debe desarrollar real democracia, que reconozca a las Federaciones y Centros de estudiantes democráticos y autónomos, que permita que se lleven a cabo en forma tranquila y sin obstáculos los procesos de elecciones, donde no existan cuestionamientos por diversidad ideológica, religiosa, sexual y cultural, donde el pluralismo y la libertad de cátedra sean obligación en las Instituciones Educativas. Y, en definitiva, que sea un deber de éstas últimas entregar herramientas y facilidades para fortalecer y fomentar la democratización interna.

Desde hace ya algunos años que los estudiantes de Educación Superior Privada dejamos de ser el actor pasivo que se desinteresa del debate público, esto debido a la concientización de nuestro rol como estudiantes que palpamos diariamente la mercantilización y la pauperización de la educación en nuestras instituciones. Somos los que evidenciamos el “negociado” de la educación en su sentido más crudo y cómo la lógica de la dictadura  sigue latente en los proyectos educativos de las instituciones privadas.