Ley de Responsabilidad Extendida del Productor: A la espera de avances
La norma crea tres nuevos instrumentos de gestión ambiental, la certificación, la rotulación y etiquetado de productos, los sistemas de depósito y reembolso y; la responsabilidad extendida del productor. El gran desafío radica en el control y gestión por parte de privados y el ente estatal debido a que hay fiscalizar el destino de los productos.
Margarita Ducci es Arquitecto, post título en la Universidad de Roma. Entre otras labores, fue Directora del Servicio Nacional de Turismo. Desde el 2005 se desempeñó como Vicerrectora de Comunicaciones en la Universidad Andrés Bello y Decana de la Facultad de Comunicaciones. Luego asumió la Dirección de Vinculación con el Medio de dicha universidad y actualmente es Directora Ejecutiva de Red Pacto Global Chile, cuya sede se encuentra alojada en la UNAB.
Si hablamos de temas ligados a medioambiente, considero que una de los principales desafíos es el proyecto de ley que establece la Gestión de Residuos y Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Este proyecto fue ingresado a la Cámara de Diputados por el gobierno anterior e incluye a nueve productos que han sido catalogados como prioritarios. La ley señala que “obligaría a empresas productoras de productos prioritarios a hacerse cargo de éstos una vez terminada su vida útil”
En lo medular, la norma crea tres nuevos instrumentos de gestión ambiental, la certificación, la rotulación y etiquetado de productos, los sistemas de depósito y reembolso y; la responsabilidad extendida del productor. El gran desafío radica en el control y gestión por parte de privados y el ente estatal debido a que hay fiscalizar el destino de los productos.
Asimismo, la iniciativa beneficiaría en gran medida a quienes han emprendido en el mercado de la recuperación, valorización y reciclaje de desechos domiciliarios y no domiciliarios. En ese sentido, cabe recordar que en Chile se generan 10,4 millones de toneladas de desechos no domiciliarios y 6,5 millones de toneladas de desechos domiciliarios al año, de los cuales un 33% es reutilizable, según un estudio del Ministerio del Medio Ambiente realizado entre los años 2009 y 2010. Sin embargo, del total de esos residuos que se pueden reutilizar, sólo se recicla un 10%.
A pesar que el porcentaje no es alto, hoy existen cada vez más emprendimientos que comienzan a considerar el reciclaje como un modelo de negocios que genera empleo y contribuye al medio ambiente. Entre los ejemplos de este tipo de industrias destaca el recauchaje de neumáticos, proceso que extiende la vida de este y baja los costos para los transportistas, sumado a la trituración de estos –cuando no se pueden recauchar más- para transformarlos en pisos, pasto sintético y juguetes.
Este tipo de industria similar a la del reciclaje de metales, que lidera Gerdau en Chile, o la reutilización de cartones, papeles y plásticos tienen la gracia de ser autofinanciables además de fomentar –en muchos casos- el concepto de negocios inclusivos el cual permite involucrar a comunidades de bajos recursos en el círculo virtuoso de la gran empresa.
En resumen, esta iniciativa impulsaría el proceso de valorización de desechos que hasta ahora se acumulan en vertederos o rellenos sanitarios. Según señalan, desde el Ministerio del Medio Ambiente, este proyecto se encuentra actualmente en proceso de ser reformulado y replanteado.
Una ley de este tipo significará un incentivo a la industria del reciclaje, para cuya explotación estarán en mejor pie las empresas que ya se encuentran en este rubro y lo conocen. Como la empresa chilena Midas que a través de “minería urbana” adquiere metales a partir de desechos de empresas como Codelco y Metro. Durante 2013 la recuperadora procesó 20 mil toneladas de residuos.
Asimismo, la empresa TriCiclos que también participa de la gestión de Puntos Limpios tiene emplazados de norte a sur del país, con el apoyo de empresas como Sodimac y Minera Doña Inés de Collahuasi, ha logrado recuperar 8.128 kilos de desechos al día. En resumen, la discusión sobre el proyecto es interesante y permitirá fortalecer la cadena de valor en el país dado que esta legislación obliga a los productores a considerar los costos para el manejo de su producto al momento de convertirse en residuo, lo que también produce un incentivo de prevención.