Reglamentos participativos: lo que nos dejó el lobby
Álvaro Castañón es Abogado. Director Ejecutivo de Línea Libre, fundación de ayuda a niños, niñas y adolescentes. Se ha especializado en derecho público desde la esfera de la sociedad civil. Adicionalmente es miembro del directorio de la Fundación Multitudes y trabaja en temas relacionados con incidencia legislativa, lobby, transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto, entre otros. En 2015 fue designado por la Presidenta Bachelet como integrante del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.
Suponga que a usted le interesa que un tema sea regulado, para lo cual requiere que un proyecto de ley determinado sea aprobado, pero hace más de 10 años que no lo consigue. Ahora suponga que el tema es impopular, poco comprendido y vinculado cada cierto tiempo con noticias negativas. Nada parece apuntar a que su cometido será exitoso. Agregue ahora a la receta grandes diferencias políticas y dos enfoques opuestos para regular su tema de interés. Bajo ese difícil contexto, no parece exagerado afirmar que es un gran logro que en Chile hayamos sido capaces –no sin grandes diferencias- de romper con los prejuicios del lobby, y a comienzos de este año ver publicada la primera ley que lo regula y transparenta.
Hasta ahí, pareciera que el trabajo arduo ya dio sus frutos y que no es mucho más lo que se puede pedir. Pero como toda ley de alta complejidad, la regulación del lobby y su puesta en vigencia queda supeditada a que los distintos órganos del Estado dicten sus reglamentos para hacerla operativa. Es decir, en ese punto afrontamos un nuevo desafío; lograr que los reglamentos tengan los estándares adecuados para que el lobby se transparente a ojos de los ciudadanos.
Lo anterior resume el largo camino que distintas organizaciones de la sociedad civil hemos recorrido para instaurar en Chile una nueva cultura del lobby, una donde se tenga a dicha actividad como necesaria y colaborativa de la gestión pública, pero al mismo tiempo como una actividad transparente y legítima a ojos de toda la ciudadanía.
En el camino se generó por primera vez una sinergia de más de 40 organizaciones de la sociedad civil y otras tantas personas adherentes, que en primera instancia abogaron por la aprobación de la ley exigiendo ciertos estándares mínimos. En segunda instancia nació la creación de un reglamento modelo, que estableciera los estándares mínimos y adecuados para una exitosa implementación de la ley de lobby. El trabajo de dichas organizaciones se pudo coordinar y realizar con gran compromiso, marcando un referente para futuras gestiones legislativas.
Pero también el gobierno marcó un hito, al someter su reglamento a rondas de conversaciones y consulta pública. Creemos que ese camino es el correcto para la adecuada implementación de una política pública en materia de transparencia, pues se logra un trabajo en conjunto con miras a enriquecer el contenido propuesto por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Por su parte el Congreso Nacional también dio un importante avance. Las Comisiones de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados y del Senado se encuentran en la actualidad en un proceso de consulta pública de sus respectivos reglamentos. Vale destacar en este punto, no sólo la celeridad con la que han tratado el tema para poner en vigor la ley de lobby, sino que también su apertura en estas materias con miras a buscar la retroalimentación de los ciudadanos. A mayor detalle, incluso la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados recibió en sesión a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Consorcio por la Transparencia y leydelobby.cl.
Si bien aún no se puede cantar victoria en torno al contenido de los reglamentos, es importante hacer notar y destacar el trabajo de la sociedad civil organizada y la apertura del Gobierno, Cámara de Diputados y Senado para conversar con distintos actores las mejores formas para hacer operativo el lobby en Chile. Lo anterior, dado que los temas que están en juego no son menores para el grueso de los ciudadanos; la igualdad de trato, periodicidad en la actualización de los registros, definiciones claves para distinguir una gestión que debe ser registrada de una que no, información sobre personas jurídicas, y el detalle de lo que cada uno de nosotros encontrará en los registros públicos.
La regulación del lobby en Chile no terminó con la aprobación de la ley, sino que ha sido un proceso continuo donde ha primado la disposición para hacer bien las cosas. Es ese espíritu el que nos llevará a tener ese lobby que queremos para Chile, uno que traiga un cambio cultural donde las confianzas se restablezcan y la transparencia sea vista como un incentivo virtuoso para mejorar acciones y decisiones que componen la gestión pública.
