Terminar con prohibiciones a la participación: un avance democratizador

Ayer finalmente, hemos recibido el anuncio por parte del Ministerio de Educación, de derogar los artículos del DFL-2 que prohíben la participación en organismos colegiados por parte de estudiantes y funcionarios, demanda histórica de movimiento estudiantil. Ayer también, terminó el periodo del Senado Universitario de la Universidad de Chile en el que he tenido la suerte de participar, espacio que al igual que todos los avances en la construcción de una institucionalidad educativa más democrática, es fruto de un largo proceso de lucha.

La reforma universitaria del 68 en la Universidad de Chile conquista un gobierno universitario triestamental –de estudiantes, funcionarios y académicos- entendiendo que es la comunidad universitaria en su conjunto la que debe definir el quehacer de la institución. Sin embargo, el proceso de cambio al interior de la Universidad, al igual que en el país, fue frustrado y revertido por la Dictadura Militar. En ese momento se introducen los artículos mencionados del DFL-2 que cuentan con rango de ley orgánica constitucional.

Desde entonces distintas universidades han avanzado en su democratización interna, aunque sin lograr aun la recuperación plena de los derechos adquiridos hace más de 40 años.

La Universidad de Chile ha sido vanguardia en ese sentido: las luchas de toda la comunidad universitaria a fines de los 90 y el posterior referéndum universitario, definieron entre otros la creación de un espacio colegiado con participación de estudiantes, funcionarios y académicos que ejerce la función normativa, que es el Senado Universitario.

Actualmente en el Senado trabajamos un cambio de estatutos para nuestra casa de estudios, en que justamente la profundización de la democracia es un tema fundamental, buscando recuperar el voto por el Rector y decanos de forma triestamental y la participación de toda la comunidad en los Consejos Universitarios, además de mejorar la representatividad del senado.

Habiendo cumplido ya dos años de trabajo, y ocho años de funcionamiento regular, es posible afirmar sin lugar a dudas que el Senado es un orgullo para la universidad y un ejemplo para los procesos que vivan otras universidades e instituciones. Dista aun de ser el espacio democrático, representativo y relevante que nos gustaría, y sigue con el desafío de poner cada vez más a la Universidad al servicio de nuestro pueblo, pero sus avances van firmes en esa dirección.

Sin embargo, la realidad en otros espacios es menos feliz. Las gran mayoría de las universidades del Cruch (excepto UTEM, Universidad de Chile y Universidad de Los Lagos) siguen con los estatutos de la dictadura. Dos de ellas -Universidades de Santiago y de Valparaíso- han llevado procesos internos de cambio de estatutos, rechazados en el gobierno de Piñera, pues según su interpretación eran reformas anticonstitucionales. (Eso no es así porque la prohibición es para las “instituciones que no sean creadas por ley”, como sí fueron las mencionadas, pero de todas formas le sirvió de excusa por posibilidad de interpretaciones). Más grave aun es la situación de las universidades privadas nuevas, los centros de formación técnica e institutos profesionales: en la mayoría de ellas incluso la organización de los estamentos es perseguida. Caso emblemático es la Universidad Bernardo O’Higgins la cual en su reglamento general “no autoriza a persona alguna entre sus miembros… para amparar, fomentar, ni permitir actividades de proselitismo político”, lo que ha sido utilizado para la persecución política y hostigamiento de sus dirigentes.

En las demandas democratizadoras del movimiento social por la educación, una petición histórica ha sido la derogación del DFL-2 que prohíbe la participación de estudiantes y funcionarios en los cuerpos colegiados, lo que hoy fue anunciado por el ministro Eyzaguirre.

No puedo dejar de manifestar mi alegría por esta noticia en el día que dejo mi labor como senadora. Con la materialización de esto, que espero sea pronta, se van a abrir posibilidades para que otras comunidades educativas tengan la oportunidad que hoy día tenemos en la Chile, y que debe seguir perfeccionándose en ésta y en todos los espacios del país. Espero que muchas Universidades, comenzando por la Usach y la Universidad de Valparaíso, puedan con esto instaurar nuevos estatutos que signifiquen una nueva organización de la toma de decisiones. No hay una receta única ni un modelo perfecto: nuestra experiencia en el senado me parece uno de los insumos interesantes para que las mismas comunidades definan cómo quieren organizarse.

Sin duda no es suficiente, pues necesitamos legislar en positivo, fomentando y asegurando la participación de las comunidades en la toma de decisiones. Más aun, debemos ponernos a la tarea de cambiar la cultura democrática y de participación del país, con la formación de una ciudadanía activa, organizada y con claridad de cuál es la universidad, o cuál es el país que quiere construir. De que falta, falta. Pero paso a paso vamos avanzando en romper el legado autoritario en nuestras Universidades y aportando en la construcción de un Chile más democrático.