Ave, Huenchumilla, morituri salutant te

El Intendente de la Araucanía ha sido objeto de polémica en las últimas semanas, debido a sus dichos sobre una disputa de propiedad entre latifundistas y mapuches. Los primeros deben ceder las tierras que históricamente pertenecían a los indígenas, para terminar con los abusos que se han registrado en la adquisición de algunos predios. Cuando Huenchumilla apunta con un dedo a un determinado grupo social y le adjudica culpabilidad general, está exacerbando el morbo que el conflicto suscita. Lo que el pueblo chileno quiere ver no es ya la justicia, sino la caída irremediable de quienes “han ocupado las tierras de nuestros ancestros.” En otras palabras, Huenchumilla está preparando un escenario en el que el público tiene la última palabra y se empodera para decidir la vida o la muerte política, económica y judicial de quienes no sepan hacer frente a la masa.  

La postura del Intendente es poco adecuada porque hace efectivas las demandas y oye los reclamos de un solo grupo, mientras desecha el dolor y la impotencia de otro. No hay solución unívoca para este tipo de conflictos, pero parece irresponsable actuar con lo que pudiera llamarse un “equilibrio de injusticias.” Eso no resolvería el problema, y lo cierto es que el desconocimiento de éste no puede ser adjudicado a un gobierno concreto y mucho menos a un grupo social. Entonces, ¿qué se debe esperar del Intendente?

La última encuesta de la Fundación Aitué en conjunto con la Universidad Católica de Temuco muestra que la mayor parte (86%) de la población mapuche está orgullosa de ser chilena, y más de la mitad (63%) no se siente discriminada. Más preocupante es la cantidad de esta población indígena que vive con un monto familiar igual o inferior al sueldo mínimo (86%). Las tres grandes demandas de los mapuche son la entrega de tierras, la mejora de la educación y la protección de la cultura, pero un 53% piensa que la entrega de tierras puede ser reemplazada por otros beneficios que atiendan a necesidades de mayor urgencia. Finalmente, un 85% de esta población indígena considera que el uso de violencia no es legítimo para conseguir sus demandas.

Ciertamente, hay un pueblo que existía antes que el Estado chileno, y que fue anexado a la fuerza. Pero, ¿justifica aquello la entrega de las tierras? Si así fuese, sería necesario entregar predios también a los aymaras, diaguitas y demás colectividades indígenas. ¿Y con qué criterio? ¿La cantidad de población? ¿La resonancia en el debate público? Entonces habría que preguntarse: ¿es más importante un mapuche que un diaguita? ¿Y que un chileno con mayor mestizaje? Según el censo de 2002, la población mapuche alcanza un 4% del total nacional. El Intendente debe abordar la cuestión considerando estos factores, pues de lo contrario comete el error de ceder ante un grupo de presión que no representa los intereses reales de los mapuche. Es de esperar que la polémica en la que se encuentra inmerso Huenchumilla sea fruto de una selección desafortunada de palabras. De lo contrario, nos aproximamos a una situación que sólo puede engendrar más violencia.