Concesiones hospitalarias: espejismos y realidades
Más allá de cualquier sentido técnico, sería una gran señal política de compromiso con la salud pública desde el Gobierno el dar pie atrás con la concesión del Complejo Hospitalario Salvador Geriátrico (CHSG). Ya lo han hecho con las otras concesiones hospitalarias planificadas, basados en fuertes argumentos, resultando impresentable mantener la del CHSG para cumplir con compromisos legales que arriesgan beneficiar sólo intereses económicos privados por sobre el bienestar público.
Carlos Benítez es Médico gastroenterólogo y experto en enfermedades hepáticas. Realizó estudios de pregrado y postgrado en la P. Universidad Católica de Chile. Master en investigación en enfermedades hepáticas de la Universidad de Barcelona. Académico e investigador de la UC. Participa en Revolución Democrática desde sus comienzos. Casado y con 2 hijos. Cree en una salud y educación pública, gratuita, de calidad y para pobres y ricos. @carlos_bntz
Los 90 fueron en Chile la era del iceberg y los jaguares. De la modernización acelerada y segmentada. De la persistencia de los enclaves autoritarios en democracia y la fantasía televisada del emprendimiento de los “Faúndez”. Los 90 fueron también, la era de la ilusión neoliberal: la mejor manera de proveer y distribuir bienes públicos es privatizándolos. En ese contexto, el modelo de concesiones calza como un instrumento infalible de política pública en los más diversos ámbitos: pura ganancia, cero costo. Y así se nos hizo creer que es más eficiente proveer soluciones privadas frente a problemas públicos, y que el Estado debe transformarse en un cliente, en lugar de erigirse como proveedor de servicios.
Quienes hoy argumentan a favor de las concesiones hospitalarias plantean que estas serían un mecanismo para tener hospitales de primer nivel, a cargo de privados, a los cuales se les pagaría por asegurar su existencia y funcionamiento, lo que liberaría recursos para otros fines y traspasaría los riesgos propios de la construcción y administración a un actor secundario, debiendo el Estado sólo regular el correcto funcionamiento. Se nos dice también que las concesiones permitirían crear un nuevo régimen de gestión que mejoraría la administración del sector salud incorporando actores privados, incrementando a su vez los niveles de inversión en infraestructura pública. Hasta aquí todo parece muy bien.
Sin embargo, la experiencia internacional no ha respaldado estas afirmaciones, por lo que es importante revisarla para tener una idea menos ideologizada del significado del concesionamiento de la construcción y administración de hospitales. Un hecho es claro: la literatura internacional no es concluyente respecto de los beneficios del modelo de concesiones y plantea serias dudas por sus potenciales efectos negativos a nivel financiero, administrativo y en la calidad de atención.
Por ejemplo, en Inglaterra el costo de concesionar ha demostrado ser sustancialmente mayor al del sistema de financiamiento público convencional, sin existir un real traspaso de riesgos al privado, ya que el Estado debe aumentar la inversión para compensarlos. Además de ser más caro, se evidenció un aumento de altas precoces y reingresos hospitalarios, lo que indica un claro deterioro de la calidad de atención para los pacientes.
En España los resultados no han sido muy distintos. Los costos asociados para el funcionamiento de los centros fueron más altos luego de implementadas las concesiones. Además, como modelo de gestión hospitalaria mostró un rotundo fracaso. En Madrid, en 2010, la mayor parte de los hospitales concesionados cayeron en un descalabro económico, obligando al Estado español a realizar un rescate financiero de ellos, aumentando aún más la inversión asociada al modelo.
En cuanto a calidad de atención, el caso español muestra diferencias con lo ocurrido en Inglaterra. Existe sólo un estudio que plantea que el modelo genera una utilización más eficiente de camas y mayor cantidad de prestaciones. Datos cuestionables, al ser un estudio encargado a una consultora por las mismas concesionarias, sin revisores externos, y contar con fallas metodológicas graves: los datos analizados corresponden a los que entregan de forma voluntaria los hospitales para participar del Ranking “top 20” que elabora la consultora, lo que lleva a seleccionar a “los mejores” dejando fuera a gran cantidad de centros asistenciales. Además, para la comparación de hospitales según tipo de administración sólo dividieron a los centros en dos grupos, los de “Gestión Directa” (públicos) y “otras formas de gestión”, encasillando en esta última a hospitales concesionados, fundaciones sin fines de lucro, empresas privadas e incluso empresas públicas sin fines de lucro, mostrando erróneamente los resultados de este heterogéneo grupo como propia de las concesiones.
Por último, no muy distinta ha sido la experiencia en Australia, donde transcurridos algunos años desde la adopción del modelo de concesiones hospitalarias, debido al aumento de los costos se introdujeron límites claros en los contratos obligando a efectuar una comparación sistemática de costos con los de la construcción sectorial, además de establecer restricciones a la externalización de la gestión clínica.
La corta experiencia chilena ha confirmado gran parte de estos riesgos y ha alertado sobre la necesidad de abandonar el modelo de concesiones hospitalarias. Los recientemente inaugurados hospitales de Maipú y La Florida han evidenciado las grandes problemáticas asociadas al modelo de concesión que se intenta implementar, y la escasa capacidad del Estado para regularlo. Ambos hospitales mostraron grandes retrasos en la entrega, lo que da cuenta que el modelo no garantiza el cumplimiento de plazos como se argumentaba. En cuanto a gestión, son conocidas públicamente las grandes dificultades experimentadas en el hospital, las cuales afectaron la dignidad laboral de sus trabajadores como la atención de los pacientes.
No muy distinto es lo que ocurrió con los costos asociados, una reciente controversia entre los ministerios de Salud y OOPP fue solucionada por el Ministro de este último, ante la Comisión Investigadora de Infraestructura Hospitalaria de la Cámara de Diputados, declarando que la construcción de hospitales concesionados es más cara que aquella hecha por el Estado. De hecho, la concesión de hospitales tal como se ha concebido en Chile resulta según algunas estimaciones que consideran gastos de construcción y operación hasta 2,7 veces más cara que el costo original del proyecto. Dicho de otro modo: ni más barato, ni más rápido, ni mejor gestión, ni mejor atención. En el contexto de desfinanciamiento de la salud pública, que el presupuesto de salud sea mal utilizado, lleva a la larga a negar prestaciones a personas que las necesitan por falta de recursos en el sistema.
La autoridad ha reconocido estas problemáticas y consecuentemente ha suspendido el programa de concesiones, excepto por los casos de los hospitales del Salvador y Félix Bulnes, basados en que el estado avanzado de licitación no dejaba otra alternativa legal. En este contexto, el paro que llevan los trabajadores del Hospital del Salvador en contra de la concesión tiene un sentido público tremendo. Son ellos los que están defendiendo los intereses de los usuarios y trabajadores de la salud del sector oriente de Santiago, en contra de un modelo que puede traer graves consecuencias para todos, y han planteado salidas para el problema.
Es necesario que la autoridad haga eco de estas demandas, entendiendo su trascendencia sanitaria y política. Es esperable y deseable que la institucionalidad de salud del país ejecute medidas que beneficien a todos los chilenos a través de inversiones socialmente eficientes, sin importar los intereses financieros particulares que puedan verse afectados en el proceso. Más allá de cualquier sentido técnico, sería una gran señal política de compromiso con la salud pública desde el Gobierno el dar pie atrás con la concesión del Complejo Hospitalario Salvador Geriátrico (CHSG). Ya lo han hecho con las otras concesiones hospitalarias planificadas, basados en fuertes argumentos, resultando impresentable mantener la del CHSG para cumplir con compromisos legales que arriesgan beneficiar sólo intereses económicos privados por sobre el bienestar público.
