¿En qué está fallando la democracia?
Ha llegado el momento para que el diseño de las políticas públicas comience a focalizar su atención en esta situación de necesidades y demandas de los que componen la mayor y más heterogénea clase social del país.
Aldo Cassinelli es Subdirector Instituto Libertad
Cada día más la población está manifestando su preocupación sobre la democracia como mecanismo que permite enfrentar de manera eficiente sus demandas. Este cuestionamiento ciudadano muestra una creciente disconformidad respecto de la calidad de la política y cómo a través del Estado se responde a sus necesidades y preocupaciones.
En el estudio de Latinobarómetro realizado el año 2013, al consultarse sobre la satisfacción con la democracia, ésta no alcanza en nuestro país más allá del 38%, nivel que está por debajo del promedio regional. Si a lo anterior sumamos la consulta sobre el interés por la política, esta cae al 17%, la más baja de América Latina. Sin embargo, cuando se pregunta a los ciudadanos si el país está progresando, casi la mitad responde afirmativamente (48%), situándose en el rango superior del estudio. Muchas de esas afirmaciones corresponden a personas que han logrado disponer de bienes y servicios básicos, alcanzando una cobertura prácticamente total.
¿En qué radica entonces el problema? ¿Dónde está fallando el mecanismo de la democracia? Todo conduce a creer que la raíz de la dificultad está en “la calidad” de los bienes y servicios a los que acceden las personas, lo cual, en muchas ocasiones está marcado por los recursos disponibles para su provisión.
Por tanto, esta es la brecha que debemos cerrar de manera prioritaria porque al analizar las cifras no todo pasa por aumentar los recursos, sino por una institucionalidad que debe hacer más eficiente aquella gestión del Estado que repercute directamente en la provisión.
Debemos reconocer el cambio fundamental que se ha dado en nuestro país producto de transformaciones en el denominado modelo de desarrollo, que ha permitido disminuir significativamente las cifras de pobreza absoluta. Esto ha implicado modificar el enfoque con el cual se realizan las políticas públicas y la definición de destinatarios de sus programas.
A tal efecto, para las personas de ingresos altos está hoy la posibilidad de pedir créditos en el sistema financiero y las familias de estratos más bajos obtienen subsidios por parte del Estado. Pero en este cuadro siempre hay un sector amplio de la sociedad que se queda en desventaja, que es la enorme clase media. Por tanto, ha llegado el momento para que el diseño de las políticas públicas comience a focalizar su atención en esta situación de necesidades y demandas de los que componen la mayor y más heterogénea clase social del país.
Esta presión a las instituciones está marcada por una exigencia de mayor inclusión social, por un acceso más justo a los beneficios generados en función del esfuerzo y un grado de seguridad respecto de evitar perder lo ya alcanzado para proyectarse al futuro.