Una deuda pendiente: la reforma laboral del gobierno de la Presidenta Bachelet

El paisaje sociopolítico en nuestro país hoy está signado por la ausencia de relaciones laborales modernas, de cooperación y convergencia entre actores sociales, empresariado, movimiento sindical y Estado – más allá de las naturales diferencias y roles que esta tríada debe confrontar-. Por el contrario, lo que salta a la vista es la enorme asimetría de poder en las relaciones entre empresarios y trabajadores, incompresible para un país que se enorgullece de ser miembro pleno de la OCDE.

Incidir en el sistema de relaciones laborales en sociedades modernas en aras de mayor justicia social, implica disputar poder así como disputar parte de la plusvalía que se genera en la relación capital – trabajo. Esto explica, en parte, por qué Chile mantiene los principios del marco regulatorio de las relaciones laborales y de las relaciones colectivas del trabajo inspirada en la matriz neoliberal del Plan Laboral (1979) instaurado por la dictadura militar, que sigue conformando el corazón del Código del Trabajo hasta hoy.

Los expertos de la Fundación Sol, Gonzalo Durán y Karina Narbona, señalan que este Plan Laboral consistió, básicamente, en la promulgación de dos leyes: una sobre sindicatos (DL 2.756) y otra sobre negociación colectiva (DL 2.758), lo que se tradujo en cuatro pilares: 1) negociación colectiva centrada en la empresa; 2) huelga que no paraliza (permitiendo reemplazantes en huelga y limitando ocasiones en la huelga puede llevarse a cabo); 3) paralelismo de agrupaciones de trabajadores (sindicatos pequeños compitiendo entre sí y con grupos negociadores) y, 4) despolitización sindical en cuanto a la ruptura del vínculo entre sindicatos y asuntos generales de la sociedad¹.

Según lo ha indicado la CUT, las reformas parciales realizadas durante los gobiernos de la Concertación al Plan Laboral originado en dictadura, no alteraron su contenido central ni su filosofía de abordaje individual de las relaciones laborales². Las reformas llevadas a cabo bajo los gobiernos de la Concertación no modificaron la arquitectura del sistema de relaciones laborales heredado, convirtiéndose las autoridades de la época en rehenes de aquella legislación. En este contexto, las reformas laborales realizadas por los gobiernos de Patricio Aylwin y Ricardo Lagos han sido conceptualizadas como de “baja intensidad”. Incluso en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), el entonces Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, se opuso tenazmente a una reforma laboral de mayor profundidad, llegando a insinuar su renuncia si se insistía en ese sentido. Cabe recordar que el mismo Ministro estuvo en contra de la creación de la AFP estatal.

“El valor social del trabajo y el rol que la organización sindical ha cumplido en la sociedad chilena, (…) ha sido ignorado en tanto se mantiene la deuda en materia de derechos con los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Chile, al iniciar un nuevo ciclo en la historia política del país, debe reconocer y saldar esa deuda social”, subraya la CUT en un documento difundido poco antes de la última elección presidencial³.

El Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018 refleja algunas de las sugerencias y propuestas del sindicalismo nacional, aunque no de la forma que hubiese querido la CUT y otras organizaciones sindicales como la ANEF, es decir, como un cuarto pilar entre las grandes reformas propuestas por la candidata. Lo cierto es que entre las y los dirigentes sindicales, expertos y especialistas en temas laborales subyace una razonable duda en cuanto a si este gobierno de la Nueva Mayoría tendrá el empuje para llevar adelante una profunda reforma laboral y de ese modo saldar esa deuda política y social que se tiene con uno de los actores más emblemáticos en la lucha por la recuperación democracia.

El Programa del actual Gobierno destaca: “El respeto a los derechos en el trabajo y la dignidad del trabajador son parte integral de la identidad social y política de la Nueva Mayoría”⁴. En consecuencia con este enunciado, el gobierno a través de su ministra de Trabajo, Javiera Blanco, ha expresado días atrás (junio-julio) la voluntad de llevar adelante un debate nacional y descentralizado acerca de la necesidad de una reforma laboral con todos los actores del espectro laboral, es decir, organizaciones sindicales, empresariales, de la mediana, pequeña y micro empresa y otras instituciones. Los puntos centrales de esta reforma laboral serían: 1) fortalecimiento de la negociación colectiva, emparejando la cancha entre empresarios y trabajadores, con titularidad sindical para negociar colectivamente. Reconocimiento de los pisos mínimos alcanzados en la última negociación y ampliación de la negociación colectiva a temporeros y trabajadores de obras y faenas; 2) fin a la figura del reemplazo en huelga, modalidad “chilena” casi única en el mundo; 3) fortalecimiento de la organización sindical para sus propias tareas; creación de un fondo para que los sindicatos puedan encargar estudios y análisis sobre temas de relevancia laboral; 4) establecimiento de la negociación colectiva en el sector público y modernización del aparato del Estado.

Pese a que el Gobierno ha anunciado que en octubre de este año enviaría al Congreso un proyecto de reforma laboral, sigue habiendo una mirada crítica acerca de los alcances y profundidad de esta reforma aún desconocida por importantes dirigentes sindicales nacionales de la CUT y expertos laborales. Lo ambiguo de la información circulante despierta en estos ámbitos viejos fantasmas de la “época dorada” de las reformas laborales del Ministro René Cortázar, regidos por aquello de hacer que algo cambia para que todo siga igual. En una reciente entrevista al diario La Segunda, el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz (DC), se mostró crítico con respecto al acuerdo alcanzado en el Congreso sobre el multiRUT subrayando que “cualquier gatopardismo en la propuesta laboral del Gobierno, terminará con los trabajadores en la calle”. Díaz fue taxativo al señalar que “La reforma laboral no tiene posibilidades de perderse en tecnicismos. Si el Gobierno pretende que se dilate o se convierta en una negociación conciliadora, cometerá un grave error. La CUT empeñó su capital político y credibilidad en que haya una reforma laboral este año”⁵.

La derecha política que se expresa en el Parlamento y sectores importantes del empresariado ya han comenzado a señalar lo inoportuno de llevar a cabo un cambio en las relaciones laborales. En lo que parece ya la reiteración de una antigua trama, el guion resulta demasiado conocido en Chile: todo reconocimiento sustantivo a los derechos de las y los trabajadores atentaría contra las inversiones y el crecimiento económico nacional. A esta línea argumental, la derecha sumaría la posibilidad de alegar la inconstitucionalidad de las reformas. Ignoran, tal vez, que gran parte de la ciudadanía ya no está dispuesta a pagar para ver, nuevamente, la misma vieja película.

Jaime Ensignia, sociólogo, ex director del proyecto socio político de la Fundación Friedrich Ebert y director del programa internacional de la Fundación Chile 21.