La reforma educacional y el nuevo ciclo

Reforma tributaria, reforma educacional y nueva Constitución, a diferencia de lo que ha planteado la oposición, no son meras consignas o cascarones vacíos; son los pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa, democrática e inclusiva.

En efecto, esta definición programática no sólo pretendió ajustar sus objetivos a las demandas sociales que se han expresado en los últimos años, sino principalmente, propuso iniciar un ciclo virtuoso a través del cual las demandas sociales den paso a cambios normativos que, a su vez, signifiquen redefinir la relación Estado-Sociedad, contraviniendo la concepción neoliberal impuesta en Chile a través de un modelo construido para mantener las desigualdades y reproducirse en ellas.

Ahí radica la importancia de lo señalado en el programa sobre educación, ahí radica la importancia de comenzar a concebir la educación como un derecho social habilitante y no como un bien de consumo sujeto a las reglas del mercado.

Esta es la discusión que se ha intentado instalar con la reforma educacional, pero nos hemos encontrado con la oposición política y económica de la derecha, así como también del sector más conservador de la Nueva Mayoría, perteneciente al núcleo de la antigua Concertación, quienes en vez de desarrollar un argumento crítico han preferido emplear la desinformación, la mentira y la desconfianza, con el sólo fin de infundir miedo al cambio.

Entorno a estas discusión lo primero que hay que señalar es que, a diferencia de lo que se ha instalado por parte de la derecha, la reforma educacional no es sólo el proyecto que pone fin al lucro, la selección y el financiamiento compartido; muy por el contrario, posee múltiples aristas, que se expresan en proyectos de ley y programas de gobierno que componen un entramado complejo y sistémico.

Hoy, además del proyecto que pone fin al lucro, estamos debatiendo el proyecto de nueva institucionalidad para la educación parvularia y el aseguramiento de su calidad, que busca fortalecer el sistema público desde la formación inicial de los niños y niñas de nuestro país. En lo siguiente, tendremos discusiones que también se harán cargo del fortalecimiento de la educación pública mediante una nueva institucionalidad escolar dependiente del Estado y con un nuevo esquema de financiamiento, la creación de universidades estatales y de los centros de formación técnica estatales en regiones, de la gratuidad, el fin al lucro, la superintendencia y acreditación de la educación superior, un nuevo plan docente que incorpora carrera profesional docente y otros proyectos y programas que se están implementando o se implementarán durante el período de gobierno.

Ahora bien, más allá del conjunto de proyectos de ley que quedan por definir, (por cierto, en conjunto con múltiples organizaciones sociales) dentro de esta reforma, ya el sólo hecho de haber partido por un proyecto que ataca parte importante del mercado educacional ha generado múltiples revuelos y críticas desde las más diversas posiciones. Partiendo desde erradas aseveraciones como “vamos a comprar fierros”, “esto no tiene nada que ver con la calidad”, ó “estamos destruyendo la educación particular subvencionada y coartando la libertad de elección de los padres”, hasta decir que este proyecto son “las ventanas y las puertas, pero no el edificio”, aludiendo a la falta de claridad respecto a la arquitectura y sentido del conjunto de la reforma.

Independientemente de las legítimas dudas y diferencias, lo cierto es que haber partido por este proyecto no es más que dar cuenta del nuevo paradigma que deberá sustentar las bases del futuro modelo educacional, a saber, que la educación es un derecho y no una mercancía. No estamos hablando de las ventanas ni las puertas, estamos hablando de los cimientos.

Puesto así, reconocemos que la educación escolar actualmente está construida sobre el paradigma de mercado, pues al haber selección, no es universal; al haber copago, se requiere como requisito tener la capacidad de pago y, al tener como fin el lucro, el propósito es generar utilidades y no educar. Acabar con todos estos aspectos es condición necesaria (mas no suficiente) para avanzar a una lógica de garantizar la educación como un derecho social, donde no haya privilegios, discriminaciones ni segregaciones.

En síntesis, este cambio propuesto implica que la educación: a) busque un beneficio general y no uno privado (a partir del fin del lucro); b) sea gratuita y por tanto, independiente de los recursos económicos que tengan las familias (a partir del fin del copago) y; c) sea universal, permitiendo a todos y todas la igualdad ante el derecho y que sea el Estado quien asegure su ejercicio (a partir del fin de la selección).

Sumado a esto, el proyecto reconoce el origen sistémico y no meramente endógeno del debilitamiento y abandono de la educación pública. Cuando a éstas se les ha obligado, a través de la imposición del financiamiento a la demanda (financiamiento por estudiante), a actuar como si fueran agentes de mercado que compiten con los privados por “clientes” para financiar sus proyectos, sin recibir un trato estatal preferente y de paso, a educar a todos los niños y niñas que los particulares en general no quieren seleccionar, entonces se le está condenando a la derrota. La realidad actual de la educación pública no se explica sólo por regímenes específicos del sistema público (como la municipalización), sino que principalmente por mecanismos de mercado.

Esto permite repensar el problema de la secuencia u orden de los proyectos. En corto, presentar este proyecto al inicio viene a decir que el problema, sin perjuicio de otros, es que la educación se considera una mercancía y no un derecho social y ello, tal como lo hemos sostenido anteriormente, obliga a un agente público a comportarse como un agente de mercado, escenario para el cual no está preparado y donde no es conveniente situar el problema de la educación como derecho. De ahí la necesidad de comenzar por este proceso, sin perjuicio de que posteriormente se incorporen otros temas, como la desmunicipalización, la carrera docente, el sistema de medición de la calidad, todos los cuales deben implementarse de conjunto (o, incluso, previamente) con el término del modelo de mercado.

Finalmente, cabe mencionar que el terminar con el lucro, la selección y el copago no es suficiente desde la perspectiva de deconstruir el modelo de mercado para cimentar las bases de un nuevo modelo, pues todavía no se aborda en la reforma otros aspectos como el voucher y la estandarización, mecanismos que operan en lógicas relacionales de mercado.

En este sentido, el SIMCE opera como un indicador de una supuesta calidad que busca señalar qué instituciones son buenas o malas, lo cual funciona, más que para mejorar los procesos educativos, como mecanismos de información para que los padres ubiquen a sus hijos y se autoseleccionen, para lo cual cuentan con un voucher que portan independiente de dónde vayan los estudiantes, el cual se llama subvención. Así, el sistema obliga a las escuelas, más que a mejorar los procesos educativos, a competir en un mercado por cooptar a los mejores estudiantes mediante un proceso de descreme, el cual se debe tanto por la selección, como por el copago.

Cómo lograr la reforma: entre el acuerdo social y la política de los consensos.

Hemos visto recientemente el acuerdo alcanzado en el senado entre algunos sectores de la Nueva Mayoría y la derecha, lo cual evoca inevitablemente el “acuerdo manos en alto” que se hizo el 2007, en torno a la Ley General de Educación, maquillaje institucional que se presentó como solución a los problemas manifestados en el gran movimiento encabezado por los estudiantes secundarios el 2006.

Claramente, la esperanza de la ciudadanía, en este segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, es la de avanzar decididamente en los cambios que nuestro país requiere para ingresar con propiedad al mundo desarrollado. Además, es el momento de demostrar que la llamada transición a la democracia realmente ha concluido tras 24 años de una democracia tutelada al inicio, y de los consensos en lo sucesivo.

Para cumplir este fin, este gobierno de la Nueva Mayoría primeramente debe mostrar un actuar político diferente con las dinámicas que caracterizaron las dos décadas de gobiernos concertacionistas. El programa de gobierno al que arribamos y que es el acuerdo marco que define cualquier otro acuerdo posible es una manifestación de esta voluntad. El programa es un acuerdo relevante, pues refleja la diversidad de la Nueva Mayoría (desde la DC al PC) y, asimismo, representa la voluntad ciudadana que se expresó en las últimas elecciones.

No obstante ello, la reforma educacional busca cumplir también con el anhelo y las demandas levantadas por el Movimiento Social por la Educación que se ha manifestado en las calles y en el debate público a lo largo de los últimos años. Es este movimiento multisectorial de estudiantes universitarios, secundarios, padres y apoderados, profesores y ciudadanía en general, el sujeto político principal con el cual se deben articular los acuerdos por parte del gobierno de la Nueva Mayoría. Esto es lo que Chile espera y lo que el proceso de participación ciudadana que inicia el 28 de julio debe promover.