Por un Chile inclusivo

No es sorprendente, pero sí lamentable que en Chile sigamos presenciando conflictos en torno a la discapacidad, cualquiera que ésta sea. Hace pocos días en un Happyland en Talcahuano los funcionarios del parque de diversiones no dejaron que una joven con Síndrome de Down, que estaba acompañada por sus abuelos, se subiera al famoso tagadá.

Cabe preguntarse qué motiva a estas personas a excluir a esta joven sin razón más evidente que su condición cognitiva. Podríamos asegurar que lo anterior no se explica como un acto deliberado para causar perjuicio a ella y a sus abuelos, sino más bien como un reflejo de la desinformación y ausencia de cultura que existe en nuestro país en torno a la discapacidad.

Lo anterior, consecuencia de la falta de políticas efectivas que aborden las necesidades de nuestra muy diversa población que alcanzan los más de 2.068.000 chilenos que hoy viven con discapacidad y que están en el olvido.

Según la ley 20.422 para la igualdad de derechos de las personas con discapacidad es responsabilidad de las instituciones, tanto públicas como privadas, ofrecer espacios, productos y servicios que puedan ser utilizadas por todas las personas sin importar su condición física, cognitiva y sensorial. Esto se traduce en protocolos establecidos y especialmente personas capacitadas e informadas en el tema. Por eso el llamado es urgente a las autoridades para que esta ley no sea sólo una ley de papel y se aplique de forma real y permanente.

También es imperante que el Gobierno tome cartas en el asunto impulsando políticas públicas claras que vayan en beneficio de las personas con discapacidad. Hoy, el Estado entrega una pensión básica solamente a las personas con discapacidad que cumplen ciertos requisitos como tener un determinado puntaje en la ficha de protección social, puntaje dado en base al ingreso total percibido por el grupo familiar. En palabras simples, si alguien de tu familia puede mantenerte, que lo haga, si no puede te daremos, dependiendo el caso y como máximo 80.000 mensuales. Un claro reflejo de la ausencia de políticas públicas que faciliten la independencia de personas con discapacidad, que es lo contrario a lo que ocurre en países desarrollados, como Australia por ejemplo, en donde todo el esfuerzo gubernamental se concentra en estimular la autonomía y la vida independiente de sus ciudadanos con discapacidad, que dejan de ser una carga para el estado y para su familia, se convierten en individuos capaces de producir y logran una completa inserción en la sociedad.

Paralelamente las isapres no representan una solución para suplir las necesidades que significa vivir con discapacidad ya que no dan respuesta a dichas necesidades a la hora de afiliarse porque son consideradas preexistencias y en el caso de adquirir la condición ya cotizando, el tope de las coberturas no alcanzan para cubrir los gastos mínimos mensuales. Sin ir más lejos, de no ser por la excelente labor que cumple la Teletón prácticamente no habría rehabilitación publica en nuestro país.

Entonces ¿quién se hace cargo de suministrar la infraestructura necesaria para entregar una vida digna según nuestras propias leyes y convenciones internacionales con respecto a la igualdad de derechos de las personas con discapacidad? Hoy el estado de Chile no tiene una política de inclusión para dar respuesta a esta pregunta.

Es por todo lo anterior, que es sumamente necesario que surjan nuevos movimientos sociales, que busquen cambiar las condiciones actuales del sistema. Que entiendan que la base de una sociedad es la inclusión, el respeto y la tolerancia de cada persona, por diferente que sea, y que hay que rechazar todo tipo de discriminación arbitraria, para que casos como el de esta joven con Síndrome de Down, no vuelvan a ocurrir.