La AFP prometida

A mediados de junio de este año, la Presidenta firmó un proyecto de Ley que crea una AFP estatal. Este hecho es no menor para un país como el nuestro en el que, ya sea para bien o para mal, hemos sido pioneros en la migración de un sistema de reparto, hacia uno de capitalización individual.

Según el Gobierno, aún con la Reforma Previsional del 2008 (quizá el hito más importante de la primera administración de la Presidenta Bachelet), queda un malestar generalizado respecto a que las pensiones generadas por las AFP son muy bajas. Ante esto, se han propuesto como medidas paralelas, la creación de una AFP estatal y de una Comisión Asesora Presidencial de Pensiones (ya en funcionamiento). ¿Cuáles son los objetivos (declarados) de esta AFP estatal? Tres: primero, cubrir a grupos que quedan fuera de las AFP privadas (por ejemplo por tener menores ingresos o estar alejados de los centros urbanos); segundo, reducir la brecha de género (disminuir la fracción de mujeres no suscritas al sistema) y, tercero, mejorar la competencia, argumentando que esto redundará en mejor calidad de servicio y mayores beneficios para los usuarios.

Dados los hechos, la pregunta clave es, obvio, qué tan buenas son estas medidas.

Lo primero que llama la atención de estos acontecimientos es el “orden” en que éstos ocurrieron. Sin duda formar una Comisión Asesora es una buena idea, sobre todo porque está formada por expertos reconocidos. Lo curioso es que no se le encomendara a esta Comisión un informe sobre los costos y beneficios de la generación de una AFP estatal. Observando el tiempo que demoró la gestación de la Reforma previsional, firmar un proyecto de ley con tanta anticipación luce más bien como un compromiso político que ha de realizarse a toda costa, incluso si sus consecuencias negativas superan a las positivas.

¿Qué se puede decir respecto de los objetivos de la AFP estatal? Cumplir con los dos primeros, que efectivamente son encomiables, pareciera más una declaración de buenas intenciones que algo que sea probable de ocurrir, puesto que las razones de por qué estos grupos no participan del sistema parecieran estar más ligadas al mal funcionamiento de nuestro mercado laboral que a otra cosa. Mientras persistan la discriminación y las malas prácticas por parte de los empleadores (no pagar las cotizaciones de sus empleados), es dudoso que la aparición de un actor estatal revierta, al menos a bajo costo, esta situación. El tercer objetivo, mejorar la competencia, también plantea legítimas dudas. Con una estricta igualdad ante la ley, una AFP estatal podría obtener mejores resultados sólo a costa de subsidios fiscales, hecho contradictorio al concepto de competencia.

Por último, no hay que olvidar que una baja pensión es el resultado de un insuficiente ahorro, independientemente de quién gestione este ahorro. Resulta entonces más preocupante aún, dejando de lado las fallas del mercado laboral, que a muchas personas no les interese o no sepan las consecuencias futuras de sus acciones hoy. Esta cuestión, lamentablemente transversal a muchos temas, parece más relacionada a la (falta de) educación que a cómo se obtiene una pensión.