Descifrando lo que dijo la Corte Suprema sobre río Cuervo

En su reciente fallo rechazando los recursos de protección interpuestos en contra de la aprobación que el gobierno de Sebastián Piñera diera el pasado 10 de septiembre al proyecto hidroeléctrico río Cuervo, la Corte Suprema dijo tres cosas.

Primero, que tal vía no es el medio apropiado para dirimir controversias sobre el fondo de una resolución de calificación ambiental. Que lo que corresponde es recurrir a los recientemente creados tribunales ambientales.

Segundo, y abundando en lo anterior, que existiendo reclamaciones administrativas pendientes por la decisión adoptada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, será el Comité de Ministros (de la administración de Michelle Bachelet) el que deberá resolver sobre tales impugnaciones.

Y, tercero, que sobre los cuestionamientos que se han realizado a la intención de emplazar un embalse de 13 mil hectáreas sobre una falla geológica activa, el Servicio Nacional de Geología y Minería (durante el gobierno de Sebastián Piñera) ya dio su visto bueno por lo cual se habría cumplido cabalmente con el procedimiento administrativo.

En concreto, la Tercera Sala de la Corte Suprema –y al contrario de lo que han dicho otros ministros en similares circunstancias- no quiso hacerse mayores problemas y optó por aludir a las formas: que otros diriman si está o no en riesgo la integridad física y síquica de los habitantes de Puerto Aysén y si existe o no una vulneración al derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es lo que en concreto dijeron los abogados integrantes Arnaldo Gorziglia y Arturo Prado, y los jueces Rubén Ballesteros, Rosa Egnem y Pedro Pierry, este último conocido de Aysén al haber sido uno de los dos (de tres) magistrados que rechazaron un recurso de protección contra HidroAysén, en circunstancias que poseía casi $ 100.000 millones en acciones de Endesa.

Sería tapar el sol con un dedo desconocer que esperábamos una actuación distinta de quienes tienen por responsabilidad velar porque se haga justicia en Chile, en todos sus rincones. Confiábamos muchos en que la Corte Suprema, como lo ha hecho en otros casos, no se quedaría en las formas e iría al fondo del asunto. No fue así y hay que lidiar con ello.

Sin embargo, así ocurrió también con HidroAysén y de nada le sirvió para terminar en la difícil situación actual donde, aunque no desechado definitivamente (para terminar por siempre con sus intenciones debiéramos, permítanme la ironía, secar el Baker y el Pascua), está bastante complicado. Tanto así que cada día salen nuevas informaciones de que el desmantelamiento de la sociedad avanza a medida que pasan los días.

Pero ese es el escenario con el cual sabíamos desde un principio que nos enfrentaríamos y tal no ha amainado la convicción de muchos, en Aysén y el resto del país (e incluso en el extranjero), que construir represas, particularmente en un territorio excepcional como la Patagonia, es una muy mala idea. Y con esa convicción no terminará un fallo más, un fallo menos.

Un actor ausente de este debate es el gobierno. Un gobierno en el cual, a través del Comité de Ministros, recaerá la responsabilidad de responder a las cientos de reclamaciones que siguen en tramitación para evitar la construcción de represas en el río Cuervo, a las que se sumarían otras en río Blanco y lago Cóndor.

Una administración que, en tribunales ambientales, está defendiendo las decisiones adoptadas por Sebastián Piñera a través de la ex intendenta Pilar Cuevas y sus seremis para viabilizar tal peligros complejo hidroeléctrico. Así lo ha demostrado Sernageomín en las respuestas que ha dado al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago producto de la impugnación que hicimos al visto bueno que dio en septiembre pasado. Estamos expectantes de ver si este miércoles 27, cuando sean los alegatos, se mantiene en tal posición.

Situación a la cual se agrega la discusión que se está iniciando en Aysén sobre la posibilidad de contar con una política energética regional. Una que no dependa de proyectos que hipotequen el futuro, sino que sea fruto del acuerdo regional sobre las mejores tecnologías para este territorio y su gente: centrales hidroeléctricas de baja escala y apropiada ubicación, energía eólica, fotovoltaica, geotérmica y de biomasa. Combinada con eficiencia y ahorro energético. Pensando, siempre, en el desarrollo que queremos para Aysén y quienes aquí vivimos. Y no que esté condicionado por intereses extrarregionales, como los de Energía Austral, HidroAysén o cualquier otro proyecto cuyo fin último es generar utilidades para sus accionistas.

Y mientras el proyecto río Cuervo persiste como una amenaza, el ministerio de Energía está ad portas de adjudicar el estudio “Base para planificación territorial energética en el desarrollo hidroeléctrico futuro” que, en concreto, busca priorizar cuencas para fines hidroeléctricos según sus variables hidrológicas, ambientales, socioculturales y económicas. Se evaluarán los ríos Biobío, Maule, Valdivia, Bueno, Maipo, Rapel, Mataquito, Itata, Imperial, Toltén, Puelo y todos los de la región de Aysén (así lo plantea la licitación). Siguen en competencia por los $ 160 millones disponibles la Universidad de Concepción, TECO Natural Resources Group Chile SPA, Poch Ambiental S.A. (a cargo del EIA de HidroAysén) y Gestión Ambiental S.A.

La pregunta que hoy muchos nos hacemos es si el gobierno esperará el resultado de este estudio antes de tomar una decisión definitiva sobre Cuervo o le dará el vamos sin mayor cuestionamiento.

Es en esa encrucijada donde está centrada nuestra atención.