Derechos plutocráticos: Comparando lo público y lo privado

Hay un prejuicio que se expande en la sociedad. Éste es que el sector privado es más eficiente que el sector público. Si así fuese, ciertamente que no habría razón para que el sector público  produjese absolutamente nada. Incluso -quizá exagerando las cosas- habría que privatizar la policía y las Fuerzas Armadas.  Si esto no se hace e incluso los recalcitrantes neoliberales no lo dicen, es porque debe haber otras razones en las sociedades que justifican que la autoridad pública asuma roles en  la producción de bienes sociales.

¿Cuál puede ser esta razón? El efecto perverso de la primacía del lucro. Por ejemplo, si la policía se privatizara le convendría a esas empresas custodiar a las personas o parajes más seguros y apacibles, a los que no tuviesen historias de rencillas y que ojalá hubiese pocas personas que requirieran de sus servicios. Es probable  -sino seguro- que estas empresas no aceptarían – por el mismo precio- ir a patrullar poblaciones como La Legua, el Castillo y otras similares en que las condiciones son bastante más complicadas. Por qué la policía no puede permitirse dejar que la delincuencia haga lo que se le plazca en ciertos lugares y proteger solo otros?. Fácil y simple!! porque la vida y la propiedad están en la legislación (e interiorizado en la población) como un derecho. Es decir,  la sociedad -como un todo- acepta que no se puede coexistir sin el respeto a estos derechos y aporta mediante impuestos a que el Estado los proteja. A nadie se le ocurriría examinar el costo de una Tenencia de Carabineros en Visviri comparándolo con el costo en otra parte, porque ésta ayuda a la soberanía y otros derechos aceptados.

Adicionalmente, en un sistema democrático en que se supone que, al menos en tanto ciudadanos somos iguales. Los derechos, como elementos constitutivos y esenciales de la democracia deben ser iguales para cada uno de los ciudadanos. Si hubiese derechos diferentes, por ejemplo, votos preferentes; o resguardo solo de ciertas propiedades, nadie pensaría que es una democracia.

Pero en cambio, en salud se acepta que haya derechos distintos. Los unos que tienen planes y acceso, diferentes a los otros. Podrá decirse que los unos aportan más que los otros pero, justamente, en ese momento es que la democracia se transforma en una plutocracia, es decir, los ricos poseen privilegios sobre los demás pudiendo desequilibrar derechos por su poder monetario.  Esta situación  “plutocrática” se refleja en la diferenciación del gasto en salud entre el sector público y privado, que alcanza a una relación de 0,4. Esto es parte de la inequidad que hasta ahora ha encontrado una respuesta de las Isapres solo con un argumento plutocrático: los que más tienen pueden lograr mejor salud.

Es evidente que tal consigna subsistirá por mucho tiempo en tanto persistan las notorias desigualdades en Chile (de ingresos, pero que trasciende todos los ámbitos de la cultura). Como justificación se suele argumentar que el sector público es más ineficiente que el sector privado.  Sin duda que con un 40% de los recursos no se puede hacer lo mismo que con el 100% pero aun así, hay estudios internacionales (en Chile no los hay, pero debiesen hacerse) que indican lo contrario.

En efecto, un trabajo de 2012 de Basu et. al revisó 1.178 estudios de caso, meta análisis, revistas especializadas, análisis con control de casos, así como informe de ONG’s y de agencias internacionales considerando temas de obvia importancia y recomendados por la OMS: accesibilidad; calidad; resultados; transparencia y regulación; comportamiento justo y equidad; y eficiencia.  Los resultados en países de desarrollo medio  (como Chile) y bajo  sugieren que los proveedores del sector privado más frecuentemente no respetan los estándares de la práctica médica y tuvieron peores resultados en los pacientes, pero una mayor oportunidad de acceso y buen trato con ellos.  La eficiencia tiende entonces a ser más baja en el sector privado que en el público, en parte provocado por los incentivos perversos para realizar tratamientos y exámenes innecesarios.

Cuando la definición del “sector privado” –según Basu et al-  incluye proveedores no certificados como, por ejemplo, los propietarios de farmacias, la mayoría de los pacientes aparecen teniendo acceso al sector privado; sin embargo, al excluir del análisis a estos proveedores “informales”, la mayoría de la gente se dirige al sector público. Hay una dinámica de competencia por los fondos entre ambos sectores, tal que los fondos públicos -e incluso su personal- es absorbido por  el sector privado, lo cual reduce la oferta general del sector público en servicios sanitarios.

En definitiva, a iguales recursos, cabría considerar si el sector público o privado es más efectivo, es decir, sería necesario comparar costos (de producción)  y precios al usuario ya que los prejuicios poco ayudan a resolver los problemas prioritarios de la salud de chilenas y chilenos.