¿Es necesario transparentar la relación entre dinero y política?

A raíz de las indicaciones presentadas por los diputados Jackson y Mirosevic en el marco del proyecto de ley del binominal, sobre financiamiento a las campañas, este tema ha vuelto a estar en el tapete.

La propuesta de estos diputados es, a grandes rasgos, transparentar la relación entre dinero y política en las campañas electorales. De este modo, se dispone que los aportes serán públicos y se consignará la identidad del donante, con excepción de las donaciones anónimas, que no podrán superar las 10 UF ni, en conjunto, representar más de un 20% del límite del gasto electoral. Así, se eliminan las donaciones reservadas y también se establece la prohibición de las personas jurídicas de realizar aportes a campañas.

Consideramos que esta discusión que comienza es necesaria y urgente en nuestro país. El año 2003, en un acuerdo entre el Gobierno de la época y la oposición, a raíz del Caso Coimas, se adoptó la actual ley que rige en la materia. Sin duda que constituyó un avance, ya que pasamos de un régimen de absoluta opacidad a uno con mayor transparencia, límites y controles.

Pero han pasado 11 años, en los cuales nuestro país ha avanzado decididamente y con buenos resultados en transparencia y publicidad de la información pública. Contamos con una buena Ley de Transparencia, cuyo órgano garante es autónomo, y prontamente entrará en vigencia la Ley del Lobby. Esto ha significado que Chile se encuentre dentro de los primeros lugares en rankings internacionales como el que anualmente realiza Transparencia Internacional –Chile obtuvo el número 22 del mundo, de 175 y número 2 de América Latina- así como en el Índice Global de Derecho a la Información –en el cual Chile está en el número 36 de 89-.

Sin embargo, estos avances no se han visto reflejados en la relación entre dinero y política en las campañas. Hoy se permite que tanto las empresas como los ciudadanos, puedan donar de manera reservada montos de hasta 240 millones de pesos, a distintos candidatos, en una misma elección. Asimismo, pueden donar hasta 36 millones de pesos a un candidato a Presidente.

En teoría, los candidatos no saben quiénes son los que hacen estas donaciones, pero cada día aumentan las sospechas de que no en todos los casos se cumple esto. Lamentablemente, en Chile, son pocos los que donan a campañas y en cifras altas, lo que hace que el sistema creado para mantener en reserva esta información, no esté realmente funcionando.

El riesgo de que los candidatos sepan quién financia –en montos muy altos- sus campañas, no es menor, ya que puede llevar a la captura de la política. Es difícil creer que si un empresario –quien además recibe un beneficio tributario por su donación, a diferencia de las personas naturales-, realiza una donación cuantiosa a una campaña, la autoridad luego no le vaya, al menos, contestar el teléfono para escuchar sus opiniones, recomendaciones o sugerencias acerca de una política pública.

De este modo, al no conocer esta información, no podemos realizar un adecuado control social acerca de si nuestras autoridades electas actúan en pos del interés general o del interés de unos pocos.

Por eso, urge transparentar esta información. No es positivo para nuestra democracia que esta materia esté cubierta de un manto de sospecha. La evaluación que hace la ciudadanía de nuestros partidos políticos y del Congreso es cada vez más baja, lo que es realmente preocupante. Transparentar esta información sin duda contribuiría a aumentar la legitimidad de la política.

Si bien las indicaciones aprobadas por la Cámara de Diputados constituyen un primer paso en esta dirección, creemos que la discusión debe abarcar una reforma integral, que considere también el financiamiento basal a los partidos políticos, un buen sistema de sanciones y darle mayor atribuciones y recursos al Servel, para que pueda cumplir adecuadamente sus funciones. No podemos esperar otro Caso Coimas para regular esta materia.