Caso Penta: las sospechas son sólo una parte de lo que hay detrás

Estos días conocimos un posible caso de fraude electoral en el marco de una investigación por un eventual fraude al fisco del Grupo Penta. Al parecer, algunas personas ligadas a parlamentarios, candidatos y partidos políticos habrían emitido boletas por servicios prestados durante las campañas electorales, que nunca habrían realizado, recibiendo, de todos modos, el correspondiente reembolso de dineros fiscales por dichos servicios falsos. Por otra parte se investigan posibles donaciones ilegales.

Asimismo, en relación al caso Cascadas, se han levantado dudas acerca de si las empresas involucradas habrían donado dinero a campaña, restándole así, imparcialidad a las investigaciones que se están llevando a cabo en el Congreso.

Lamentablemente sólo nos enteramos esporádicamente y a raíz de otros ilícitos de estas posible irregularidades. Si bien nuestro marco legal le atribuye facultades de fiscalización al Servel, éste no cuenta con los recursos financieros ni con las capacidades humanas para poder realizar un exhaustivo control del gastos durante las campañas electorales, razón por la cual en muchas ocasiones se gasta más de lo que se permite y declara, se paga con recursos de todos los chilenos por servicios no prestados o se pagan precios excesivos por dichos servicios.

Sumemos a lo anterior que nuestra legislación permite que las empresas donen de manera reservada sumas cuantiosas a las campañas –este año se informó que Corpbanca habría donado alrededor de $1.000 millones de pesos por este concepto-, las que, además, reciben un beneficio tributario.

Todo este régimen de opacidad y la falta de una real fiscalización, no aporta en nada a fortalecer nuestro sistema democrático. Por el contrario, las sospechas que se levantan de que lo que sabemos es sólo una parte de lo que hay detrás y de que la mayoría de los parlamentarios no solo saben quiénes los financian, sino que muchas veces son ellos los que buscan a los financistas, sólo debilitan nuestras instituciones que ya tienen índices de confianza ciudadana muy bajos.

Si bien puede que en la mayoría de los casos no estemos frente a casos de fraude o corrupción, el riesgo de la captura de la política con nuestro actual sistema regulatorio es muy alto. Por eso, urge una reforma a nuestra legislación en financiamiento de campañas, de partidos, transparencia y control.

Las personas jurídicas no debiesen aportar dinero a las campañas ni a los partidos –y en caso de permitirse, éste debiese ser transparente-; el monto de las donaciones reservadas –para permitir cierta privacidad, por ejemplo, a los funcionarios públicos-, debiese reducirse bastante; las donaciones de personas naturales debiesen fomentarse para diluir el riesgo de captura política; los partidos políticos debiesen recibir financiamiento permanente público, asociado a mayores deberes de transparencia, rendición de cuentas y democracia interna; y, el Servel debiese ser robustecido, tanto en sus facultades legales para fiscalizar a candidatos y partidos, como en los recursos financieros que recibe para poder llevar a cabo sus funciones.

Tal como señalaba en una columna a principios de esta semana en este mismo medio, no podemos esperar otro Caso Coimas para avanzar en transparentar la relación entre el dinero y la política. Esperemos que las alertas que se levantaron esta semana, sean suficientes para poner fin a la opacidad actual que impera en el financiamiento a la política.