En Chile es más barato coludirse que no hacerlo
"Necesitamos un Estado regulador que proteja la libertad y los derechos de las personas, que entienda sus necesidades y, por último, que cree los mecanismos apropiados para que el cuerpo social reaccione frente a aquellos que se portan mal".
Es conocido públicamente lo dictado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso de colusión en el mercado de venta de carne de pollo. Multas a tres sociedades por sesenta millones de dólares en total, junto a la disolución de la Asociación de Productores Avícolas de Chile. La libre competencia de nuevo está en nuestras columnas, conversaciones y noticiarios.
Esta historia tiene dos lados. En primer lugar, nuestra institucionalidad antimonopolios funciona y lo hace bien. La Fiscalía Nacional Económica lleva un buen tiempo persiguiendo eficazmente a aquellos que se saltan las reglas y se apropian de lo que no les corresponde. Sin embargo, hay puntos importantes que deben preocuparnos. Un estudio realizado por profesionales externos de la Fiscalía indica que el daño económico producido es de unos 1.500 millones de dólares, monto bastante superior a las multas cursadas. ¿Es esto problema de la Fiscalía o del Tribunal? La verdad es que no.
A la espera de lo que resuelva la Corte Suprema (en caso de que se interpongan recursos), tenemos que las multas cursadas fueron, en dos de los tres casos, las máximas permitidas por la ley desde el año 2009. Esto significa que en nuestro país a las grandes empresas les conviene coludirse, saltarse las más básicas premisas del mercado, abusar de los consumidores y luego, si es que alguien se da cuenta y son sentenciados, pagar la multa. Es sorprendente, pero en Chile es más barato coludirse que no hacerlo.
Es momento entonces de que revisemos la ley. Las multas no deben tener un límite máximo, sino que representar un porcentaje de las ventas de las empresas involucradas. Esto, claro, como punto de partida. Las personas naturales que llevan a cabo estas acciones, que nos afectan como sociedad entera, también tienen que sufrir fuertes consecuencias. Por otro lado, el Servicio Nacional del Consumidor también debe poder decir más en estos temas y casos. No es posible que los verdaderos afectados siempre tengan que dudar si acaso alguien hará algo para resarcirlos del daño que les causaron.
La tarea de la política en esto es crear leyes que sean eficaces, eficientes y realmente desincentiven las malas conductas, las que afectan las normas básicas en las que nos hemos puesto de acuerdo. Los consumidores deben ser efectivamente protegidos frente a los abusos de los más poderosos.
Debemos cuidar nuestras percepciones y relaciones, lo que no se limita a la materia comentada. Necesitamos un Estado regulador que proteja la libertad y los derechos de las personas, que entienda sus necesidades y, por último, que cree los mecanismos apropiados para que el cuerpo social reaccione frente a aquellos que se portan mal.
Es momento de que las reglas del juego sean efectivamente acordadas y respetadas. Nuestra sociedad sólo podrá tener un mejor funcionamiento si sabemos que todos buscamos cooperar en la creación de un futuro más feliz y mejor, en vez de tener que cuidarnos de lo que ocurre a nuestras espaldas o frente a nuestros propios ojos.
Yo quiero un país donde podamos mirar con tranquilidad a los demás. Al final del día, es una cosa de confianzas.
