Modificaciones a la Ley de Violencia en los Estadios: hay que partir por otro lado

Es claro que se necesitan modificaciones a la Ley de Violencia en los Estadios, eso nadie lo podría discutir. Eso sí, de acuerdo a lo planteado por las autoridades, creo que deberían partir por otro lado: las penas legales a los involucrados en actos delictivos dentro de los recintos deportivos. Esta nueva ley debiera incluir castigos ejemplares, robustos y “en serio” para los que provoquen conflictos y violencia. Penas que además de prohibiciones de acceso a los estadios por largos períodos, incluya multas y cárcel según lo amerite. Hoy algunos clubes se reservan el derecho de admisión, pero es necesario que quede estipulado legalmente, en un papel, para ser aplicado a todos por igual.

Una vez determinadas las multas y penas, es necesario estipular las responsabilidades de los clubes. Ahí se les puede exigir un mayor y mejor uso de tecnologías de prevención y detección del delito, como detectores de metales, identificadores dactilares, lectores de carnet de identidad, tickets de alta seguridad, cámaras de alta definición, guardias privados, etc. En resumen, la obligación de organizar un espectáculo deportivo de forma profesional, no amateur.

La idea de las multas a los clubes o administradores de recintos por los conflictos provocados por los hinchas no cayó bien, debido a que estas sanciones no solo serían para el organizador (local) sino también para el club visitante. Está fuera de cualquier realidad que el club visitante se haga responsable por los actos que sus simpatizantes puedan realizar dentro o fuera del estadio. Primero, porque ellos no organizan el espectáculo y no están a cargo de las medidas de seguridad de este. Y segundo, porque en teoría no debería existir relación de los clubes con hinchadas y barristas. Si el club tiene relación con la barra, ok, que sea multado por los desmanes, pero además debe ser sancionado por ese vínculo que hoy está prohibido. Si cumplen la ordenanza de no tener nexos con las barras, entonces no tienen por qué ser multados por los actos de estos. Los castigos deberían ser sólo para los clubes organizadores en la medida que una negligencia en sus obligaciones de seguridad decanten en violencia o delitos por parte de los asistentes.

Finalmente, la injerencia de los intendentes en la programación y suspensión de partidos fue otra arista que preocupó a los clubes y la ANFP. Pero la realidad indica que hoy la programación no pasa solamente por la ANFP, sino que también por el Canal del Fútbol y por la Intendencia, la que autoriza o no la realización del espectáculo en las condiciones propuestas por los organizadores. En lo que si se tendría que hilar fino es en las atribuciones que tendría el intendente para la suspensión de encuentros, pero si las modificaciones a la Ley de Violencia en los Estadios incluyera los puntos arriba descritos para evolucionar de verdad y de una buena vez en este tema, la participación de las Intendencias, con el tiempo, pasaría casi a un segundo plano.